El presidente de la Asociación de Sanatorios Privados, José Zarza, señaló este jueves que el sector está trabajando con el Ministerio de Salud Pública en la reglamentación de la ley de cobertura total a pacientes internados en terapia intensiva por COVID-19. Destacó que sigue habiendo una deuda importante con el gremio y los costos se mantienen con la promulgación de la normativa.
“Los costos son los mismos para los pacientes que entran a terapia e invocan la cobertura de esta ley, pasan al precio del convenio, que es de G. 13 millones por día. Discutimos ya el precio de los medicamentos con el Ministerio de Salud”, explicó el presidente del gremio en comunicación con Universo 970 AM.
Sostuvo que a pesar de la inclusión de medicamentos muy costosos en los tratamientos a pacientes internados en unidad de terapia intensiva, los sanatorios privados decidieron no incrementar los costos de internación y quedó fijado el monto establecido en el convenio firmado con la cartera sanitaria.
Zarza indicó que el gremio sigue insistiendo en el pago de la deuda del Ministerio de Salud, generada por la internación de pacientes en los sanatorios, derivados del sector público. Resaltó que todavía no están cobrando lo prometido y cada sanatorio “está peleando diariamente” la recuperación de costos.
“Es un problema muy serio porque con costos muy altos, hay algunos sanatorios que tienen recursos suficientes, financieros y puede soportar más tiempo, pero hay otros más pequeños que tienen tres o cuatro camas y están dando al ministerio y deben sostener el costo. Esperemos que se vaya regularizando”, agregó el presidente de la Asociación de Sanatorios Privados.
El director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud, Osmar Valdez, señaló que hay 67 amparos judiciales actualmente contra la cartera sanitaria, algunos reclaman cama de terapia intensiva y otros que se asuman los gastos de internación en sanatorios privados. Explicó que la ley de cobertura a pacientes no es retroactiva y las acciones promovidas anterior a la promulgación dependen de cada juez interviniente.
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