La Asociación Rural del Paraguay (ARP) se pronunció en contra del fallo que obliga al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) a proveer a un ciudadano informaciones privadas de los ganaderos como, por ejemplo, cantidad de animales de ganado vacuno por nombre de establecimiento y destino final. El gremio apoyó al Senacsa para presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitando la nulidad de los fallos de primera y segunda instancia.
La resolución judicial que obliga a proveer esos datos privados fue dictada por la magistrada Lizza Reyes, y confirmada por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial. Dichas informaciones fueron solicitadas al Senacsa por el ciudadano de nombre Federico Legal Aguilar, amparándose bajo la Ley Nº 5.282/2014 que garantiza el libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental.
Carlos Miguel Goiburú, presidente de la comisión de asuntos legales de la ARP, comentó que el solicitante de las informaciones desde hace ya un tiempo, pidió datos varios a la Senacsa, entre los cuales hay datos públicos que ya fueron proveídos. “La Constitución Nacional dice que la intimidad personal y familiar, como el respeto de la vida privada, son inviolables. Según los constitucionalistas, forman parte de la intimidad, el derecho a la imagen, al honor, al nombre y también la personalidad económica de una persona”, afirmó.
“Estamos muy preocupados, esas informaciones privadas de los ganaderos podrían ser utilizadas con fines delictivos, como extorsiones o secuestros”, expresó Goiburú.
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Acusan por mal desempeño en sus funciones ante el JEM a dos camaristas
El abogado Adrián Enríquez Rivas, en representación de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, presentó acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por supuesto mal desempeño contra los camaristas Cristóbal Sánchez y Agustín Lovera Cañete, luego de haber -de forma llamativa- anulado la resolución del juez penal de Garantía Yoan Paúl López, quien elevó a juicio oral y público el proceso penal por prevaricato que enfrenta la exjueza en lo civil y comercial Tania Irún, quien había entregado presuntamente de forma irregular 310 mil hectáreas de tierra ubicadas en zona de seguridad fronteriza en Alto Paraguay.
De acuerdo al escrito presentado ante el JEM, los dos camaristas acusados actuaron de manera arbitraria y fuera de la ley violando el principio constitucional del debido proceso ya que juzgaron el fondo de la cuestión, situación que está prohibida.
Con la presentación hecha por el citado profesional del derecho, los integrantes del JEM deberán estudiar si corresponde iniciar el enjuiciamiento contra los camaristas Sánchez y Lovera Cañete y en caso de que los mismos sean enjuiciado podrían ser suspendidos en sus funciones.
El JEM está integrado por Alicia Pucheta, Enrique Bernis, Derlis Maidana, Orlando Arevalos, César Garay, Mario Varela, Manuel Ramírez Candia, y Alejandro Aguilera.
Acusación fiscal
En julio pasado, la fiscal Adjunta Soledad Machuca acusó y pidió juicio oral y público para la exjueza en lo Civil Tania Irún, procesada por el delito de prevaricato. Machuca fue contundente al señalar que la exjueza obligó de forma irregular a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial y en consecuencia habría intimado a la parte demandada, a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de los inmuebles ubicados en el departamento de Alto Paraguay.
También señala la acusación que “como bien podrá advertirse la entonces magistrada Irún al referirse al cumplimiento de lo previsto en la Ley especial N°2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan sólo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del artículo 2° de la ley, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras; afirmando que las mismas no serían oriundas de los países limítrofes, sin embargo en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”, refiere el escrito de la acusación del Ministerio Público.
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Bienes de Copaco son del Estado y no podrán ser embargados, según tribunal
El Tribunal de Apelación en lo civil y comercial, integrado por los jueces Stella Maris Zárate González, Mario Ygnacio Maidana y Sandra Bazán, revocó la resolución de juzgado de Primera Instancia en lo laboral y por ende deja un precedente en cuanto a la prohibición de embargos ejecutivos sobre los bienes de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (Copaco).
La Procuraduría General de la República, en representación del Estado paraguayo, en la defensa del patrimonio público, interpuso un recurso de apelación, contra la determinación adoptada en primera instancia . A su vez, solicitó el levantamiento de los embargos que fueron trabados indebidamente, en el marco del juicio, iniciado por José María Guillermo Medina González contra Copaco, sobre cumplimiento de contrato y cobro de guaraníes.
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La posición de la PGR se basó, entre otros puntos, en que Copaco SA, al ser la continuadora de la ex Antelco, no modificó su función esencial, que es la prestación del servicio público de telecomunicaciones en la República del Paraguay y de esta con el exterior. Que el 99 % de las acciones de la empresa pertenece al Estado, cuya representación recae sobre la Procuraduría General de la República, y el 1 % restante sobre Copaco, quien igualmente pertenece al Estado y presta un servicio público imprescindible.
“Al ser inembargables los bienes del Estado, corresponde la revocatoria del fallo de primera instancia dictado en fecha 26 de junio de 2024, debiendo disponerse su inmediato levantamiento de los embargos decretados en estos autos, por las razones que se han esgrimido en el presente fallo” refiere la resolución judicial del tribunal de alzada.
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Presentan informe sobre expectativas de vivienda y sector corporativo, clave para inmobiliarios
Este lunes 4 de noviembre se llevó a cabo el IV Foro Inmobiliario Paraguay, organizado por la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei). Durante el evento se presentaron datos de un estudio de expectativas de vivienda e inversión de personas residentes en Asunción y Gran Asunción, al igual que un estudio del sector corporativo.
El encargado de brindar los datos fue Diego Aguayo, director de Metro Media, empresa que realizó la encuesta. Fueron entrevistadas 600 personas. El 55 % de los jefes de hogar son hombres y el 45 % mujeres, con ingresos mínimos de G. 6 millones e ingresos familiares de hasta G. 30 millones. El 47 % de esta muestra fue en Asunción y el 53 % en Gran Asunción.
Sobre qué tipo de vivienda ocupan, el 71 % respondió que vive en casas tradicionales, el 24 % en departamentos o en edificios de altura, y 4 % en dúplex. En cuanto al tipo de posesión de su vivienda, el 39 % declaró vivir en viviendas alquiladas, el 28 % en casas propias y el 33 % en casas familiares.
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El 39 % que dice vivir en alquiler está pagando un promedio de G. 2 millones, el 48 % hasta G. 5 millones y un 6 % de G. 5 millones en adelante. Respecto a la adquisición de las viviendas, el 55 % la compró, el 45 % la recibió por herencia, del grupo del 55c% que compraron estas viviendas, el 57 % la compró de forma de contado y el 43 % con un crédito.
El informe también arrojó que entre las principales barreras para acceder a una financiación de vivienda, los encuestados respondieron que un 79 % es por la burocracia, el 72 % por los intereses altos y el 52 % por los requisitos excesivos. De todas las ciudades que fueron expuestas en las encuestas el 83 % prefiere vivir en Asunción, el 24 % en Luque, el 21 % en San Lorenzo y el 19 en Fernando de la Mora.
Sector corporativo
Para esta ficha técnica fueron entrevistadas 240 empresas de distintas industrias y tamaños que tienen una oficina con la intención de mudarse ante una oferta que llene sus expectativas y posibilidades de pago, en Asunción y Gran Asunción.
En promedio, 6 empleados ocupan estas oficinas, donde el 50 % tiene hasta 8 empleados. En cuanto al tipo de oficina que ocupan el 41 % está en una oficina en edificio corporativo, el 33 % está en casas de una planta y el 24 % en salones comerciales. El 80 % de ellos pagan hasta G. 6 millones por alquiler, el 12 % entre G. 6 y 12 millones y un 2 % paga de G. 12 a 18 millones.
Sobre las ubicaciones de interés para una próxima oficina, el 95 % prefiere instalarse en Asunción y la zona comercial es el lugar ideal para migrar a la próxima oficina. Seguido de la capital, las respuestas ponen como preferidas a San Lorenzo, Ñemby y Fernando de la Mora.
En Asunción habitan 462.000 personas y el promedio de personas por vivienda es de 3,6. Hay 129.806 en total, en 68 barrios. “Si bien nosotros tuvimos una muestra de 14 barrios Asunción y dos de Luque, estamos hablando de 70 mil departamentos más o menos en esta área geográfica, entonces, la cantidad de viviendas representadas en el estudio definitivamente es muy importante”, precisó Diego Aguayo.
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Procurador señala que Metrobús no debió parar y responsabiliza a Abdo y Wiens
A través de gestiones de la Procuraduría General de la República y la asesoría jurídica de la Presidencia, se logró evitar el pago de USD 16 millones al consorcio Mota Engil por la obra del metrobús. El procurador, Marco Aurelio González, resaltó este importante ahorro para el Estado y además enfatizó en que quedó demostrado que el daño principal fue la demolición de la obra que se había hecho hasta ese momento.
“Finalmente si hablamos de un daño, lo que yo veo es que se pagó el dinero por una obra que fue demolida y para mi la demolición es el perjuicio que existe sobre las arcas del Estado. Los responsables son las personas que destruyeron todo lo que se edificó, que son el ministro y el presidente anterior”, expresó en referencia a Mario Abdo y Arnoldo Wiens.
En conversación con “Buena Tarde”, programa emitido por Unicanal, González resaltó que lo determinado por el Tribunal es que se podía rescindir el contrato, pero lo que se critica es el discurso político que dieron, argumentando que hubo incumplimientos, que realmente no existieron, y por eso hoy el Estado está obligado a devolver a la firma USD 2.600.000.
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“Creemos que se trataba de un revanchismo político porque iba a significar una obra de envergadura que iba a significar el legado de un gobierno que ellos querían deslegitimar. Vendieron una historia falsa para terminar la obra del Metrobús que iba a incorporarle a Asunción un mecanismo de transporte de vanguardia que necesita la ciudad y de todo eso se le privó, de hecho todo lo construido fue demolido”, aseveró.
Según explicó el procurador, lo que permitió este importante ahorro a las arcas del Estado es que se determinó que este conflicto debía ser resuelto de acuerdo a la legislación paraguaya, esto pese a que los árbitros eran de nacionalidad argentina, brasileña y mexicana. Por esta razón se descartaron tasas usurarias, además de que se evaluaron los daños y consecuencias, lo que decantó en una reducción importante del monto fijado inicialmente que era de USD 19 millones.
“Nosotros estamos defendiendo jurídicamente la posición del Estado paraguayo y hemos podido ahorrar casi USD 16 millones de lo que se pretendía ejecutar, ahora lo que tiene que ver con la responsabilidad penal de si hay lesión de confianza o no, eso corresponde al Ministerio Público y ahí nosotros tenemos nuestra opinión, pero respetamos la labor que a ellos les corresponde”, aseveró.
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