La Asociación Rural del Paraguay (ARP) se pronunció en contra del fallo que obliga al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) a proveer a un ciudadano informaciones privadas de los ganaderos como, por ejemplo, cantidad de animales de ganado vacuno por nombre de establecimiento y destino final. El gremio apoyó al Senacsa para presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitando la nulidad de los fallos de primera y segunda instancia.

La resolución judicial que obliga a proveer esos datos privados fue dictada por la magistrada Lizza Reyes, y confirmada por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial. Dichas informaciones fueron solicitadas al Senacsa por el ciudadano de nombre Federico Legal Aguilar, amparándose bajo la Ley Nº 5.282/2014 que garantiza el libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental.

Carlos Miguel Goiburú, presidente de la comisión de asuntos legales de la ARP, comentó que el solicitante de las informaciones desde hace ya un tiempo, pidió datos varios a la Senacsa, entre los cuales hay datos públicos que ya fueron proveídos. “La Constitución Nacional dice que la intimidad personal y familiar, como el respeto de la vida privada, son inviolables. Según los constitucionalistas, forman parte de la intimidad, el derecho a la imagen, al honor, al nombre y también la personalidad económica de una persona”, afirmó.

“Estamos muy preocupados, esas informaciones privadas de los ganaderos podrían ser utilizadas con fines delictivos, como extorsiones o secuestros”, expresó Goiburú.