Un joven con discapacidad física denunció que fue víctima de discriminación al intentar utilizar una unidad del transporte público. Acreditó su condición con la presentación de su carné que le habilita a viajar gratuitamente, pero fue agredido por el chófer que le negó el acceso y, además, se burló de él.

Eduardo Juan José Páez Cuenca relató a los medios de prensa el episodio que afrontó cuando fue obligado a descender del colectivo e incluso estuvo a punto de ser golpeado físicamente, conforme expresó.

“Yo tengo el certificado de discapacidad que es para pasaje gratis. Salí de mi facultad y quise tomar la Línea 5, exactamente la unidad 25. Me quise subir, le mostré el certificado y me dijo que no me iba a aceptar. Yo le pregunté por qué si hay una ley”, señaló.

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El denunciante grabó un vídeo para avalar sus acusaciones contra el conductor del ómnibus, quien respondió con sorna al reclamo del usuario del transporte público. “Anda, denúnciame. Si no querés pagar el pasaje, comprá para tu bici o para tu caballo”, dijo el chofer al joven universitario que le avisó que lo denunciaría.

La víctima contó que aparte de improperios casi fue agredido físicamente. “Empezó a agredirme verbalmente. Me dijo pelotudo y todas esas cosas. Y después cuando ya me estaba por bajar, él quiso bajar del colectivo para agredirme físicamente. Yo vine directo a denunciar”, manifestó.

Juan José afirmó que no es la primera vez que sufre esta discriminación. “La verdad es que desde que tengo todos estos beneficios sería la tercera vez que me está pasando. Y ahora me animo a denunciar porque ya pasó el límite y muchos choferes suelen ser así, que no te aceptan. Y yo quisiera alzar mi voz para que no ocurra más eso más adelante”, subrayó.

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• Ariel Ruiz Díaz, director de Comunicación del Congreso ION

Conocer el pasado, enten­der el presente y proyectar el futuro son tres momen­tos cruciales para cualquier persona que analiza la reali­dad y las situaciones propias y ajenas. En este contexto, abordar la discapacidad requiere una comprensión profunda y una elección consciente de las palabras que utilizamos.

Históricamente, las perso­nas con discapacidad han sido etiquetadas de diversas maneras. En la Antigüedad, se las consideraba “locos” y “desgraciados”. En la Edad Media, eran vistos como “demonios” y se les aislaba del “mundo civilizado”. Sin embargo, tras las dos gue­rras mundiales, la percep­ción cambió. Pasamos de un modelo asistencialista a uno que valora a la persona como el principal objeto de las polí­ticas públicas.

Hoy, más que nunca, debe­mos reconocer que nues­tras palabras contribu­yen a la construcción de una verdadera inclusión social. Eliminar la discri­minación y crear un mundo para todos requiere un len­guaje que refleje respeto y comprensión.

En las últimas décadas, hemos evolucionado en nues­tra concepción de la discapa­cidad. En lugar de centrarnos solo en la asistencia y la recu­peración funcional, ahora nos enfocamos en eliminar obs­táculos para garantizar la igualdad de oportunidades y plena participación en la vida cotidiana.

El debate entre los modelos médico y social de la discapa­cidad es crucial. El primero ve la discapacidad como un problema “personal”, mien­tras que el segundo con­sidera que es el resultado de condiciones complejas, muchas de las cuales están relacionadas con el entorno social. La sociedad tiene la responsabilidad de adaptar ese entorno para permitir la inclusión plena de todas las personas.

Formas correctas e inco­rrectas de referirse a perso­nas con discapacidad: Correcto, personas con dis­capacidad auditiva/física/visual/cognitiva, etc; incorrecto, “discapacitados”, “con capacidades diferen­tes”, “especial”, “inválidos”, “enfermos mentales” y “locos”

En resumen, nuestras pala­bras importan. Al elegirlas cuidadosamente, podemos contribuir a un mundo más inclusivo y justo para todos. Es hora de construir puen­tes, no barreras, y promover una perspectiva basada en derechos.

*Ariel Ruiz Díaz es licen­ciado en Ciencias de la Comunicación, egresado de la Facultad de Filosofía. Su trayectoria profesional se ha centrado en la promo­ción de la accesibilidad y la inclusión.

El gobierno argentino resolvió el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), informó el vocero presidencial Manuel Adorni, en una decisión repudiada por organizaciones de derechos humanos.

“Se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de institutos que no sirven absolutamente para nada, como el Inadi”, dijo Adorni al enmarcar el cierre del organismo que lucha contra la discriminación y asiste a sus víctimas en el plan de reducción del Estado del presidente ultraliberal Javier Milei.

El organismo, con dependencias en todo el territorio nacional y una plantilla de 400 empleados, recibe un promedio de 2.500 denuncias al año por discriminación, según su último informe. La mayoría proviene del ámbito laboral o educativo y es por motivos de discapacidad, orientación sexual o género.

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Diego Morales, director de Litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales, calificó esta decisión como “parte de un programa del gobierno nacional destinado a eliminar o limitar las capacidades de órganos de protección de derechos humanos en Argentina”.

Morales advirtió que muchas denuncias quedarán en “un limbo” y recordó que el Inadi es el órgano de aplicación en Argentina de los compromisos adquiridos ante el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) de la ONU. Por esto, el cierre del instituto será “también un problema de derecho internacional de los derechos humanos. Este es un problema que Argentina va a tener con la ONU”, agregó.

“No nos sorprende, porque este gobierno se ha ensañado especialmente con las instituciones que defienden los derechos de las diversidades”, dijo de su parte Ana Fornaro, cofundadora de la Agencia Presentes, un medio regional especializado en temáticas de género, diversidad y derechos humanos.

Al explicar que deben darse pasos administrativos antes del cierre definitivo del instituto, Adorni detalló: “Nos encantaría que el Inadi esté cerrado hoy, eso no es posible por cuestiones administrativas”. “Hay un sinfín de institutos que el presidente Milei está decidido a desmantelar; la batalla de achicar el gasto público es central en nuestro plan de gobierno”, agregó.

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Desde que asumió el 10 de diciembre, el presidente ultraliberal despidió a 30.000 empleados del Estado y no renovó otros 10.000 contratos, además de paralizar las obras públicas que financia la administración nacional en todo el país en aras de achicar el gasto público.

“No vamos a seguir financiando lugares donde se pagan favores políticos en un país que está absolutamente empobrecido”, dijo Adorni al tender un manto de sospecha sobre las designaciones dentro del Inadi, que actualmente está intervenido. El Inadi fue creado en 1995 por una ley del Congreso y depende del Ministerio de Justicia.

Argentina registró en enero su primer superávit fiscal mensual en 12 años en el marco de un drástico plan de achicamiento del Estado que incluye, entre otros recortes, una millonaria quita de subsidios a la energía y el transporte, con una inflación interanual en enero de 254,2 %.

Fuente: AFP.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha dicho “lamentar” las declaraciones “discriminatorias” pronunciadas por su ministro de Agricultura, Carlos Giménez, que sugirió la expulsión de los homosexuales de las escuelas técnicas, aunque ha reiterado que mantiene su confianza en él y se mantendrá por tanto en el cargo.

Durante la apertura de un centro, el lunes pasado, el ministro declaró: “El que es hombre es hombre y la que es mujer, mujer, pero el que está perdido y no sabe a dónde está no está permitido en ninguna escuela agrícola”. “No está permitido en ninguna escuela agrícola y le vamos a echar”, añadió Giménez, que ha pedido disculpas por la “interpretación” que puedan tener sus palabras.

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La Presidencia ya se ha desmarcado y, en una entrevista a Europa Press coincidiendo con su visita a España, Peña ha incidido en que el Gobierno “claramente no acompaña ninguna declaración discriminatoria”, en la medida en que la Constitución consagra los derechos de “todos los paraguayos”, sin distinción.

“En eso no hay ninguna duda”, ha subrayado Peña, que se ha proclamado “fiel custodio” de que se cumplan todos los derechos. En cuanto al futuro de Giménez en el Ejecutivo, el mandatario ha dejado claro que seguirá en el cargo, incidiendo en que él mismo se ha disculpado y es, además, “una persona muy conocedora del campo de la agricultura”.

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Fuente: Europa Press.