Una familia acogerá a una bebé de tan solo 10 días, mediante el Programa Nacional de Cuidados Alternativos y Adopciones, del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna).

La bebé, de nombre Belén, recibió el alta médica, luego de encontrarse en terapia intensiva. Ella es hija de padres en situación de consumo, quienes mientras pasan por su proceso de rehabilitación, su hija estará protegida y contenida por esa familia.

Esta acreditación a la familia se dio a través de una intervención del Juzgado de San Lorenzo, con el mencionado programa nacional desarrollado por la Dirección General de Cuidados Alternativos (Dicuida), dependiente del Minna.

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Como el caso de esta bebé, hay otros niños y niñas que hoy día aún aguardan el calor de un hogar. Se parte de esta noble iniciativa, y las personas interesadas pueden inscribirse como una de las #FamiliasDeLaGuarda.

El objetivo de este programa es brindar la oportunidad de crecer en un entorno cálido y seguro, donde el amor y la protección sean la base de su desarrollo, señalan desde el Ministerio de la Niñez.

La Dirección General de Cuidados Alternativos es una dirección dependiente del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia adecuada por Resolución MINNA N° 090/2020 de fecha 21 de febrero de 2020, tras la promulgación de la Ley 6486/20 “De promoción y protección del derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, que regula las medidas de cuidados alternativos y la adopción”.

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Este miércoles, desde el Programa de Adopciones confirmaron que una de las medidas implementadas para agilizar el proceso es la contratación de más funcionarios y la adquisición de materiales, que anteriormente era totalmente deficiente. Otra de las medidas, es que las familias acogedoras pueden pasar a ser los padres adoptivos.

Esto se incluye dentro del “Programa Nacional de Cuidado Alternativo y Adopción”, denominado “Familias de la Guardia”, que busca que los niños, niñas y adolescentes tengan el derecho fundamental de vivir en familia. La iniciativa contempla encontrar un hogar acogedor que ofrece un entorno temporal, mientras se resuelve la situación legal de los menores.

“A partir de ahora el Centro de Adopciones y la Dirección General de Cuidados Alternativos (Dicuida) tienen más funcionarios que van a agilizar el proceso de adopción, ya que eso era el déficit que teníamos, son más 80 y también recursos materiales”, dijo César Aquino, director del centro, en el programa “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

Resaltó que los recursos que fueron destinados son vehículos, viáticos y combustible necesarios para poder llevar a cabo estas acciones a favor de este sector de la sociedad. “Por primera vez en la historia del país se da énfasis en ese contexto para la adopción y el cuidado paliativo de los niños”, refirió.

Resaltó que la idea de esta iniciativa busca encontrar familias acogedoras que ofrezcan un entorno temporal, mientras se resuelven las situaciones legales de los menores, que por situaciones adversas de la vida quedaron sin padres y familiares que puedan hacerse cargo de ellos.

“Debemos buscar la protección de los niños mediante un cuidado alternativo y una familia acogedora para estos niños que de alguna manera fueron separados de sus padres y que necesitan de ese calor familiar con la ayuda ciudadana. Existe un 5 % de familias acogedoras que adoptaron a los niños”, expresó.

Explicó que una vez que pase el proceso judicial y que el menor esté en estado de adoptabilidad puedan proseguir en búsqueda de una familia definitiva, que puede ser la familia acogedora en el caso de que quiera realizarlo. “La familia acogedora, por ley, transcurridos los seis meses de convivencia con el niño en un entorno muy afectivo puede acceder a la adopción”, puntualizó.

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Manifestó que lamentablemente las familias que llegan a meter sus solicitud llegan con la idea de adoptar niños de 0 a 3 años, sin ningún tipo de enfermedad de base o discapacidad y con otros requisitos, que no son cumplidos por los chicos que se tienen en el centro de adopciones. Con el programa se busca agilizar los tramites para que los pequeños tengan una resolución judicial antes de los 3 años.

“La lista sigue creciendo y no podemos dar respuesta, porque la familia que se acerca llega con un perfil ideal para tener un hijo de 0 a 3 años, cuyo antecedente familiar no incluya padres adictos o alcohólicos. Que sean niños sin ningún tipo de enfermedad o discapacidad, pero la situación de nuestra población es totalmente contraria y es diferente al perfil que requieren”, afirmó.

Aquino indicó que otras de las medidas a ser implementadas son las adopciones de niños y niñas que figuren como prioritarias, porque son los que requieren de una atención más urgente. Hasta el momento se contemplan que son más de 1.000 pequeños los que están en proceso de regularización mientras se resuelva la situación jurídica.

“La población de adopciones prioritarias aquellos pequeños que ya tienen más de 6 años, niños que tienen algún tipo de enfermedad de base o discapacidad, y los grupos de hermanos, que no pueden ser separados, se hará énfasis para estos como la ley lo enmarca”, detalló.

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Este miércoles, pobladores en la ciudad de Luque denunciaron que desde hace dos semanas están sin agua porque unos hermanos decidieron bajar la llave del motor del tanque que les proveía del vital líquido a más de 300 usuarios. La propiedad fue cedida por un hombre que ya falleció y sus herederos no permiten el acceso a los pobladores, por lo que piden intervención de la comuna.

Se trata de vecinos del barrio 8 de Diciembre, que desde hace dos semanas no tienen acceso al agua potable y que eran proveídos por la aguatera comunal. Esta fue construida dentro del programa “Ñamopu’ake”, pero atendiendo a que en la zona el agua es salada un vecino accedió ceder parte de su propiedad para instalar el tanque.

“Se instaló en una propiedad privada con una autorización que firmó el dueño del terreno Miguel Ángel Romero Duarte para la perforación del pozo. Se hizo eso hace casi 4 años y todo iba bien hasta que falleció el señor. Los hermanos quedaron como herederos y ahí comenzaron los problemas”, confirmó Graciela Balmaceda, una de las afectadas, en La Nación/Nación Media.

Explicó que se cedió una parte del terreno con una medida de 16 metros cuadrados que eran abiertos para los pobladores. “Cuando falleció el dueño sus familiares alambraron el lugar y bajaron la llave del motor. Hasta ahora no podemos ingresar para alzar la llave y que podamos acceder al agua”, refirió.

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Graciela indicó que los nuevos propietarios del terreno les indicaron que ya no dejarán que tengan acceso al tanque porque la conexión era directa y que desde la Administración Nacional de Electricidad (Ande) los multaron por conexión clandestina.

“El motor que funciona dentro del terreno donde está el pozo no tiene medidor y estaba conectado en forma directa. Entonces, dicen que la Ande ya vino en tres ocasiones a cortarles y multarles por robo de energía, por eso se enojaron y nos dejaron sin agua”, señaló.

Agregó que como condición los nuevos dueños pidieron que se coloque un medidor independiente en el lugar, pero no quieren que se ponga a nombre de ellos. “El problema es que no nos permiten poner a nombre de la aguatera ni de ellos y ya no hay caso”, refirió.

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La afectada indicó que estas personas ya no quieren negociar con los usuarios, pese a que ya subieron el costo para mantener el servicio. “El dueño anterior nos cobraba G. 500.000 mensuales para mantener arriba la llave para cargar el tanque como el mantenimiento general del sitio, que serían de unos 15.000 guaraníes por casa y su familia ya nos subió a un millón”, indicó.

Pidió a las autoridades de la Municipalidad de Luque para que intervengan en el caso y si es posible que los 16 metros cuadrados de la propiedad pasen a nombre de la comisión 8 de Diciembre para que pueda administrar el servicio de agua potable. “Necesitamos ayuda de las autoridades especialmente de Territorio Social, no podemos seguir sin agua”, puntualizó.

Actualmente, como medida de urgencia una aguatería privada les habilitó una canilla en una plaza desde donde juntan agua en recipientes y llevan hasta sus casas. “Hay agua, pero no nos dejan usar porque ellos cerraron la propiedad y no permiten que entremos para subir la llave del motor”, concluyó.

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Mediante un comunicado emitido este jueves, la familia del fallecido agente fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado, Marcelo Pecci, criticó el posicionamiento del Ministerio Público al no permitirles acceder a la carpeta fiscal de la investigación del crimen perpetrado en mayo de 2022 en la isla Barú, Colombia.

“Observamos con profundo asombro y desazón cómo el pedido de tomar intervención en la causa del magnicidio de nuestro hermano Marcelo Pecci nos fue inexplicablemente negado y, sin embargo, poco tiempo después, en otro caso fue otorgado y sin mayores discusiones a la familia del extinto diputado Eulalio Gomes, en la misma etapa procesal”, refieren.

Asimismo, en el documento manifiestan que “¿Por qué a la familia del diputado Eulalio Gomes sí y a la familia de Marcelo Pecci no? ¿Dónde queda el principio constitucional de igualdad ante la ley? Sería lo primero que a un abogado o jurista le vendría en mente. Si fuésemos más exigentes, desde un punto de vista ético, la pregunta que deberíamos hacernos es ¿Solo a los parientes de un legislador se les concede este derecho? Esto, lejos de igualdad, se parece mucho a un privilegio”.

La familia expresa a la vez que “dentro de lo que el dolor permite” trata de examinar “con la mayor objetividad posible” cuál es la fundamentación del órgano extrapoder para el rechazo de la solicitud y de la concesión para la causa que ocupa a la familia del legislador fallecido.

“¿Por qué a ellos sí y a nosotros no? Pareciera ser que al haber sido el doctor Marcelo Pecci simplemente un “común”, tal derecho no se concede por la interpretación supuestamente “estricta” de la norma procesal. Sin embargo, ¿cuáles son las motivaciones para que desde el Ministerio Público se califique la cualidad del concepto de “víctimas” en un sentido en un caso y en sentido diametralmente opuesto en otro?”, indican.

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En el comunicado expresan que “estas preguntas sin respuesta siguen siendo un misterio que genera sospechas, frustraciones, indignaciones y una terrible suposición de que el Ministerio Público ha incumplido por una cuestión de privilegios”.

Ante dichas afirmaciones, en el documento citan el artículo 47, numeral 1, que hace mención a las garantías de igualdad, el cual refiere que “el Estado garantizará a todos los habitantes de la República la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen”.

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