La Policía Nacional logró la detención de una mujer de 26 años de edad sospechosa de un homicidio cuya víctima es un hombre de 34 años. El procedimiento se llevó a cabo el barrio San Antonio de la ciudad Nueva Esperanza, departamento de Canindeyú, y fue efectuado por personal del Departamento de Investigación de Hechos Punibles – División Regional Katueté.

La mujer se encuentra en la sede policial a la espera de ser convocada por el Ministerio Público para la audiencia indagatoria, en la que tendrá la posibilidad de poder dar su versión sobre el hecho en el que se la involucra. El informe policial no detalla la identidad de la aprehendida ni de la víctima.

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Una vez que la detenida declare en sede fiscal, ya el representante del Ministerio Público podrá presentar la imputación correspondiente contra la mujer y a su vez deberá solicitar la medida cautelar pertinente que podría ser la prisión preventiva atendiendo a la gravedad del hecho investigado.

Luego deberá acudir hasta un juzgado penal de garantía para la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se define si estará privada de libertad o será beneficiada con medidas alternativas a la prisión.

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• Fuente: AFP

La justicia peruana condenó este martes a 15 años de prisión al expresidente Ollanta Humala tras hallarlo culpable de lavado de activos por recibir aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht y del gobierno de Venezuela para sus campañas de 2011 y 2006, respectivamente.

Humala, de 62 años, fue detenido en la sala de audiencias al término de la lectura de su sentencia. Es el segundo exgobernante condenado por la justicia de su país de un total de cuatro expresidentes salpicados por la trama de corrupción de Odebrecht en Perú.

“Se impone al señor Ollanta Humala 15 años de pena privativa de libertad efectiva”, dijo la jueza Nayko Coronado del Tercer Juzgado de la Corte Superior, al leer el fallo de primera instancia que será apelado por la defensa del expresidente.

Odebrecht, cuyo escándalo de sobornos y corrupción salpicó a varios países de América Latina, reconoció en 2016 haber repartido decenas de millones de dólares en coimas y donaciones electorales ilegales en Perú desde inicios del siglo XXI.

El fallo puso fin a más de tres años de audiencias contra este exteniente coronel de centroizquierda que gobernó Perú entre 2011 y 2016. Según la fiscalía, el escándalo implicó también a Alan García (2006-2011), quien se suicidó en 2019 antes de ser detenido; Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), aún investigado; y Alejandro Toledo (2001-2006).

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Toledo fue condenado en 2024 a más de 20 años de prisión por recibir millonarios sobornos a cambio de obras en su gobierno.

La esposa de Humala, Nadine Heredia, también fue condenada a 15 años de cárcel por lavado de activos. La jueza ordenó su captura ya que no asistió a la lectura de la sentencia.

La fiscalía los acusó de lavado de activos por supuestamente ocultar que recibieron 3 millones de dólares de Odebrecht para la campaña de 2011 que lo llevó a la presidencia, según declaró a fiscales peruanos el ex número uno de la empresa brasileña, Marcelo Odebrecht.

Según la acusación, en su fallida campaña de 2006 la pareja habría desviado también unos 200.000 dólares enviados por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a través de una empresa de ese país.

La fiscalía había pedido 20 años de prisión para Humala y 26 años para Heredia, a quien acusaba además de ocultamiento de fondos por “compras de bienes inmuebles con dinero de Odebrecht”. La pareja siempre negó durante el juicio haber recibido dinero de Chávez o de alguna empresa brasileña.

El fiscal Germán Juárez aseguró en el juicio que el dinero enviado por Odebrecht desde Brasil “era un pedido del Partido de los Trabajadores, porque existía una ideología afín entre Lula da Silva y Ollanta Humala”.

En el caso de Venezuela, la tesis fiscal es que el dinero lo envió “el ya fallecido expresidente Hugo Chávez a través de transferencias bancarias con la empresa de inversiones Kayzamak”.

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Vecinos del barrio Nuestra Señora de la Asunción, en la ciudad de Capiatá, habrían llegado a la casa del carpintero que, en horas de la madrugada del lunes, habría acabado con la vida de un joven con antecedentes policiales. La turba habría intentado atacar al hombre, pero en la vivienda se encontraban su esposa e hijos.

Según el reporte policial, un numeroso grupo de amigos y familiares del fallecido llegó a la casa del carpintero investigado por la muerte del joven y, después de tirar piedras y objetos contundentes, prendió fuego a un camión y parte de la casa del hombre.

El enfrentamiento entre el carpintero y el joven, identificado como Sergio Daniel Coronel de 26 años, se habría dado luego de que este primero le reclamara al fallecido por el hurto de algunos objetos de su vivienda. Esta no sería la primera ocasión en que el joven es acusado por el hombre de hechos similares.

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El carpintero se habría entregado en la comisaría 62° Kennedy al mediodía de este lunes después de poner a salvo a su familia, ya que temía que los familiares del joven tomaran represalias. El hombre explicó que actuó en defensa de su propiedad y cansado de ser víctima de robos.

En la noche de ayer, tanto la esposa como los hijos del hombre habrían llegado hasta su vivienda acompañados por una patrullera para retirar sus pertenencias, momento en que fueron abordados por los familiares y amigos del fallecido.

“Estas personas creyeron que era el señor quien regresaba, pero él se encuentra detenido, por lo que su esposa e hijos solicitaron resguardo policial. Primeramente, se enfrentaron a los efectivos que se encontraban en el lugar resguardando a la familia y luego le prendieron fuego a la camioneta y a la casa de la familia, impidiendo incluso el ingreso de los bomberos”, comentó el comisario Héctor Espínola en conversación con Canal Trece.

Durante el ataque también resultó herido uno de los oficiales que se encontraba desempeñando sus funciones en el lugar; este debió ser asistido en el centro médico de la zona con un importante corte en la cabeza y heridas en el rostro.

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Un tribunal de sentencia condenó a 10 años de cárcel a dos personas luego de ser encontrados culpables por robo agravado. Los condenados son Jorge Pavón Cohene y Cristhian Jara Coronel. La fiscala que probó la responsabilidad de los dos acusados fue Alejandra Vera. El colegiado sostuvo que el Ministerio Público pudo probar la responsabilidad de los dos acusados en el grave hecho registrado.

La investigación, llevada adelante por la representante del Ministerio Público, logró llegar hasta los responsables de un violento hecho ocurrido el 2 de agosto de 2021, cuando Adelio Giménez y Fernando Giménez se dirigieron a la compañía Curupicayty de la ciudad de Itá con la intención de mostrar y vender su camión Scania a un supuesto comprador. Una vez en el lugar, fueron interceptados por Pavón Cohene y Jara Coronel, quienes los redujeron con un arma de fuego, maniatando y amordazando a sus víctimas, manteniéndolas retenidas en la cabina del vehículo de gran porte.

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Luego fueron trasladados a otro sitio y obligados a abordar otro vehículo en compañía de personas hasta ese entonces no identificadas. Finalmente, Adelio y Fernando Giménez fueron abandonados en el Km 15, calle Quintana, de la compañía Takuara de la ciudad de Nueva Italia, y los ahora sentenciados se dieron a la fuga en el camión Scania.

Ahora la defensa de los dos condenados tiene la opción de apelar el presente fallo judicial y en caso de que sea así, un tribunal de apelación tendrá la última palabra sobre si confirma la sentencia de primera instancia o si se ordena la realización de nuevo juicio oral y púbico.

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