El Tribunal de Apelaciones en lo Penal, especializado en Delitos Económicos, no hizo lugar a la recusación planteada contra la jueza Lici Sánchez en la causa del operativo Dakovo. Ahora la magistrada podrá fijar fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar donde se definirá si varios acusados enfrentarán juicio oral y público, así como lo solicitó el Ministerio Público en su acusación. En el presente caso está acusado Paulo César Fines. Otro de los procesados es el general Arturo Javier González, excomandante de la Fuerza Aérea.
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Las informaciones respecto a este caso menciona que se iniciaron las pesquisas debido a sospechas de que la empresa paraguaya llamada International Auto Supply S.A., supuestamente estaría vinculada a la importación de una importante cantidad de armas de fuego y componentes de la empresa HS Produkt, de la República de Croacia, armas de fuego que luego fueron incautadas en distintos operativos realizados en Brasil y que estarían siendo destinadas al comercio ilegal.
Por su parte, Fines Ventura es miembro de la asociación criminal liderada por Dirisio, e intervino en nuestro país en tareas tendientes a concretar el tráfico de armas de fuego con destino a Brasil, entre los años 2019 y 2021. El mismo intervino en varias ocasiones para concretar ventas a personas afincadas en Brasil y Paraguay, gestionando para el efecto supuestas ventas de armas a paraguayos, que no eran los compradores reales.
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En febrero realizarán audiencia preliminar de acusados que ofrecían cargos en el IPS por dinero
La jueza penal de Garantía Lici Sánchez, interina de su colega Alicia Pedrozo, fijó para los días 25, 26 y 27 de febrero a las 8:30 la audiencia preliminar para las 21 personas acusadas por estafa y asociación criminal. Estas habrían ofrecido cargos y recategorizaciones en el Instituto de Previsión Social (IPS). En la referida diligencia judicial se definirá si los acusados enfrentarán o no un juicio oral y público, así como lo pidió el Ministerio Público en su requerimiento conclusivo.
Los acusados son: Zulma Verónica Villalba Colman, Eduvigis Espínola, Fátima Patricia Agüero Stehlik, María Lujan Aguilera Chaparro, José Manuel Agüero Stehlik, Carlos Barreto Ocampos, Jennifer Karina González, José Genaro Santacruz Frutos, Reina Torres Vda. De Duarte y Rodolfo Ramón Velázquez Caje.
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Los acusados para quienes se pidió juicio oral son: Yolanda Teresa Balbuena Martínez, Jorge Manuel Ferreira, Edgar David Amarilla, Lourdes Rocío Agüero Stehlik, Carolina Martínez Escurra, Blas Antonio Verón, Fátima Adelaida González, Hilario Velázquez Santacruz, Jorge Felipe Saboredo, Cynthia Adriana Caje Cabral y Juana Anastasia Torres Coronel.
De acuerdo al Ministerio Público, los acusados formaron un esquema de reclutamiento de personas, a quienes solicitaban entre G. 1.500.000 y G. 15.000.000 por acceder a un puesto laboral o conseguir ascensos en la previsional, según la acusación.
El presente proceso penal tuvo su inicio luego de la recepción del escrito de denuncia formulada por la jefa del Departamento de Asuntos Legales del IPS. Ante la presente denuncia, el Ministerio Público realizó varios procedimientos logrando la detención de las personas nombradas más arriba.
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Brazo logístico del EPP: jueza pide a Venezuela la extradición del clan Villalba
Este viernes se dio a conocer que la jueza contra el crimen organizado Lici Sánchez solicitó a las autoridades de Venezuela la extradición de Mariana Ayala López, Myrian Villalba Ayala, María Rosa Villalba, Claudia Villalba, Tania Caballero Villalba, Viviana Caballero Villalba, sindicadas de ser el brazo logístico del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Actualmente la madre y las hermanas de Carmen Villalba, líder del EPP, se encuentran radicadas junto con 10 niños, quienes serían hijos y sobrinos, en la ciudad de Caracas tras solicitar refugio político al gobierno de Nicolás Maduro.
A la vez se admitió la solicitud del agente fiscal Federico Delfino consistente en avanzar con la captura internacional de las mismas. La solicitud de extradición fue realizada en base a las reglas de reciprocidad y tratados internacionales.
Incluso las mujeres son acusadas de criar y adoctrinar a los menores de edad para luego ser integrados al grupo terrorista. Previo a su instalación en Caracas, el clan se encontraba radicado en Argentina tras haber logrado refugio político durante el kirchnerismo.
Sin embargo, la medida fue levantada en octubre pasado por el gobierno de Javier Milei. “Los requerimientos dirigidos a jueces o autoridades extranjeras se efectuarán por exhortos y se tramitarán en la forma establecida por el Derecho Internacional vigente, las leyes y las costumbres internacionales”, indica la resolución emanada por Sánchez citando el artículo 146 del Código Procesal Penal.
Agrega que “no obstante, se podrán dirigir directamente comunicaciones urgentes a cualquier autoridad judicial o administrativa extranjera, anticipando el requerimiento o la contestación a un requerimiento. En lo pertinente, se aplicarán las disposiciones relativas a los exhortos previstas por el Código Procesal Civil”.
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Igualmente hace mención al artículo 147 del Código Procesal Penal sosteniendo que “lo relativo a la extradición de imputados o condenados se regirá por el Derecho Internacional vigente, por las leyes del país, por las costumbres internacionales o por las reglas de la reciprocidad cuando no exista norma aplicable”.
La resolución de la jueza continua afirmando que “conforme a las disposiciones legales trascriptas, a las constancias de autos, a los antecedentes remitidos por el Ministerio Público esta judicatura considera ajustado a derecho el requerimiento fiscal por el que se solicita librar el correspondiente exhorto a las autoridades de la república bolivariana de Venezuela”.
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Jaime Franco solo podrá ser extraditado al Brasil tras cumplir su condena en Paraguay
La jueza especializada contra el crimen organizado, Lici Sánchez, manifestó que el narcotraficante Jaime Franco Mendoza, sindicado como uno de los autores intelectuales del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, solo podrá ser extraditado al Brasil una vez que finalice su condena de 18 años en el Paraguay.
“Con relación a la posibilidad de extradición, considero que va a ser de imposible cumplimiento porque nuestras normativas no nos autorizan a suspender la ejecución de una sentencia dictada en Paraguay”, indicó en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Detalló que la solicitud de extradición por parte del vecino país data desde el 2021. “Franco está cumpliendo su condena y no hay manera alguna de que se modifique esto. Esta persona tiene otros procesos judiciales, uno por estafa en el departamento de Alto Paraná y ahora tiene una nueva imputación por lavado de dinero. Se van ampliando las investigaciones fiscales contra esta persona en el Paraguay, entonces todos los procesos deben estar finiquitados para que pueda ser efectivizado la extradición”, sostuvo.
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Actualmente, Franco Mendoza se encuentra recluido en la sede de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional. La condena de 18 años en su contra por el tráfico de 359 kilogramos de cocaína proveniente de Bolivia, cargamento que había sido requisado en agosto de 2012 en Minga Guazú, Alto Paraná, fue impuesta en el año 2017.
En un juicio anterior, en 2015, Franco Mendoza fue condenado a 11 años de prisión cuando el Tribunal de Sentencia excluyó de su responsabilidad el tráfico de drogas; Pecci apeló y logró elevar la pena. Este hecho sería una de las principales motivaciones que habría impulsado a Franco Mendoza a tomar venganza contra el agente fiscal antimafia.
La justicia brasileña requiere a Franco Mendoza para que cumpla condena por tráfico de drogas, posesión de sustancias y asociación criminal. El narco se expondría en el vecino país a una pena que podría ir a 55 o 60 años. En el país vecino no se unifican las condenas, sino que se suma la cantidad de años que corresponde por cada una.
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Armas incautadas en operativo Dakovo serán entregadas al Ejecutivo
La jueza Lici Sánchez dispuso que las armas y municiones que han sido incautadas durante el operativo Dakovo sean entregadas al presidente de la República, Santiago Peña, en su carácter de comandante de las Fuerzas Armadas. Esto principalmente con el objetivo de evitar que el armamento incautado sea llevado a remate para que, en su lugar, sea utilizado en operativos contra el crimen organizado.
A partir de esta disposición, cada una de las armas podrán ser utilizadas para que los efectivos de seguridad puedan desarrollar sus actividades con un mayor equipamiento. Esto había sido el acuerdo inicial que se impulsó con el Ministerio del Interior, buscando que los agentes policiales cuenten con más herramientas para fortalecer sus mecanismos de defensa.
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La disposición de la magistrada se enmarca luego de que el Ministerio del Interior haya recepcionado 2.000 nuevas armas para reforzar al personal de la Policía Nacional. La entrega se hizo oficial luego de un proceso de inventario dispuesto por la jueza Sánchez, quien luego determinaría el destino final de los armamentos.
Las incautaciones corresponden tanto a la operación Dakovo, como el operativo Ignis, que se llevaron a cabo en diciembre del 2023. El primero implicó una colaboración entre Paraguay, EE. UU. y Brasil, para poner fin a una red que importaba armas desde Europa a Paraguay, y desde allí se distribuía a facciones criminales en Brasil; con el segundo operativo se logró desarticular a un grupo criminal con alto poder de fuego que operaba en la zona de Canindeyú.
Las 2.000 armas de fuego tienen un valor que supera los USD 5 millones; las mismas habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo en el marco del operativo Dakovo, Diego Dirisio. Tanto el sindicado como su pareja cuentan con una orden de detención fiscal, pero se encuentran con paradero desconocido.
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