El Tribunal de Sentencia en mayoría, integrado por los jueces Olga Ruíz, Celia Salinas y Víctor Alfieri, condenó a solo dos años de cárcel con suspensión de la ejecución a Ricardo Daniel Guerrero, quien es considerado uno de los principales distribuidores de droga en el barrio San Jerónimo y que sería uno de los integrantes del clan Rotela.
Los jueces de sentencia que votaron por la leve condena son Olga Ruiz y Celia Salinas, mientras que el magistrado Víctor Alfieri voto por una condena más elevada atendiendo a la gravedad del hecho acusado.
Las magistradas en mayoría hicieron lugar a lo planteado por la defensa y cambiaron su conducta al carácter de cómplice, es decir bajo el artículo 30 del Código Penal, haciendo hincapié en su condición de adicto a las drogas, por lo que solo condenaron a dos años de cárcel.
Acusación
En la acusación, el Ministerio Público detalla que en marzo de 2023, Guerrero fue detenido en un procedimiento efectuado por agentes de la Secretaría Nacional de Antidrogas (Senad), en el barrio San Jerónimo de Asunción. Al momento de su captura tenía en su poder 262 gramos de cocaína y dinero en efectivo, totalizando 10.000.000, entre otras evidencias, las cuales sustentaron la hipótesis fiscal de que se dedicaba a la comercialización de sustancias estupefacientes.
Durante la etapa de juicio oral, el fiscal Andrés Arriola presentó todos los elementos de prueba que sustentan la responsabilidad del acusado y se pidió la pena de 7 años y 6 meses de cárcel.
El fiscal sostuvo que el argumento de adicción de la defensa no fue documentada en la carpeta por lo que llama la atención la sentencia leve del acusado. Además de la suspensión en la ejecución de la condena, el colegiado ordenó la devolución del dinero en efectivo que fue incautado al momento del procedimiento, actualmente depositado en cuenta de la Senabico.
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Senad reporta reducción de incautación de cocaína procedente de Paraguay en Europa
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) presentó un informe comparativo del tráfico marítimo de cocaína desde el 2019 al 2025, respecto a las incautaciones que se dieron en los puertos de Europa. Destacando que en ocasiones, durante el Gobierno anterior, algunos registros superaban el 10 % del total incautado; en tanto que con la actual administración se está logrando reducir prácticamente a 0 % el volumen de la droga procedente de Paraguay.
El informe presentado por la Senad resalta que, en el 2024 se registró una disminución en las incautaciones de cocaína en puertos de Europa con origen Paraguay. Señalan que en toda Europa se superó 401 toneladas de cocaína incautadas de diversos orígenes, de las cuales solo 3.600 kilos salieron de Paraguay lo que equivale al 0,89 % del total incautado.
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Mientras que en lo que va del año 2025, en Europa prosigue el promedio de 30 toneladas de cocaína incautadas al mes; de las cuales ninguna sola carga tuvo como origen a Paraguay, es decir que se redujo a 0 % de incidencia en el narcotráfico marítimo desde nuestro país.
Al respecto, el ministro de la Senad, Jalil Rachid, destacó en comunicación con La Nación/Nación Media que los números comparativos dan muestras claras que en el Gobierno anterior hizo la vista gorda a los envíos de cocaína a Europa. Sostuvo que recién con esta nueva administración se están haciendo los controles reales y logró bajar a cero la cantidad de incautación de la droga en los puertos europeos, gracias a los controles que se hacen en el país.
Remarcó que en lo que lleva adelante el gobierno de Santiago Peña, se registraron dos incidentes importantes donde se registraron la incautación de droga proveniente de Paraguay, pero se dejó avanzar para que llegue a destino, alertando desde Paraguay a las autoridades europeas.
El 10 de octubre del 2023, se incautó en Barcelona, España, 4.020 kilogramos de cocaína, fue una carga que salió con alerta y controlada en un operativo conjunto con las autoridades españolas. Otra incautación se dio en Portugal el 3 de septiembre del 2024, fueron 3.600 kilos de cocaína en una carga que salió desde Paraguay. Indicó que, en este caso la carga partió de manera legal de Paraguay, pero presumen que en el camino se contaminó con la droga.
“Excluyendo estos dos casos, tenemos que ni en el 2024 ni hasta ahora, en el 2025 tuvimos envíos de cocaína a Europa desde Paraguay. Es muy llamativo que ni en Paraguay ni en Europa se han detectado en los controles, lo que muestra que algo estamos haciendo bien en los controles”, precisó.
Destacó que paralelamente en este periodo de Gobierno se vio un incremento de incautación de drogas de otros países de Centroamérica, donde los controles son más escasos, lo que da muestra que el crimen organizado migró su ruta de salida.
“Esto da cuentas que la estructura del crimen organizado ha migrado a otros países, porque acá la Senad dejó de ser un negocio. Es más fácil para estas estructuras criminales migrar a otros países como Ecuador que tiene altísima incidencia de envíos a Europa o Puerto Rico, Costa Rica, entre otros países”, remarcó.
Vista gorda de los organismos de seguridad
En contrapartida, señaló que durante el Gobierno anterior, en el 2019, en Europa se incautaron unas 202 toneladas de cocaína, de las cuales 3.270 kilogramos tuvieron como país de origen a Paraguay lo que representa el 1,85 % de lo incautado. Esta cifra fue en aumento, al año siguiente 2020, se incautaron 6.103 kilos de drogas que salieron desde Paraguay, lo que hace un 2,9%. Más de 207 toneladas salieron desde países como Guyana, Costa Rica, entre muchos otros.
En el 2021, se reportaron unas 303 toneladas de cocaína incautadas en Europa, el 10,5 % de las mismas, 32.031 kilos tuvieron como origen a Paraguay. En el 2022 se incautaron 323 toneladas de cocaína en Europa, 7.481 kilos salieron de Paraguay (2,63%). Pero el récord de la incautación de droga procedente de Paraguay se dio el 14 de julio del 2023, cuando se incautaron en Bélgica 12.500 kilos salieron desde Paraguay, poco antes que culmine el gobierno de Mario Abdo.
“Esto demuestra que anteriormente no se ejercían los controles como se tenía que hacer, había una vista gorga a este tipo de trabajo; que es al contrario de lo que ocurre ahora, que reforzamos nosotros nuestros controles y el perfilamiento de los contenedores. Hay una iniciativa real por parte de Senad, de llevar un análisis y control de los contenedores o de las empresas que hacen envíos a Europa. No existe otra lógica sobre esto, porque los números no mienten”, remarcó.
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Imedic: confirman condena de 4 años de cárcel para Patricia Ferreira
El Tribunal de Apelación en lo Penal confirmó la condena de 4 años de cárcel para la presidenta de Imedic S.A, Patricia Ferreira Pascottini y 4 años de pena privativa de libertad para la directora general Nidia Godoy. Así también, se confirmó la absolución del tercer acusado, el despachante de Aduanas Néstor Ramírez. El Tribunal está conformado por los jueces José Waldir Servín, Delio Vera Navarro y Cristóbal Sánchez.
La Cámara de Apelación señala que la pena de 4 años de cárcel impuesta a Ferreira y Godoy son las adecuadas para el caso en particular. El colegiado ha llevado a cabo, en forma efectiva, el proceso de individualización de las penas impuestas, que deben ser útiles y justas, pues se adecuan a las particularidades del caso concreto. Esto atendiendo al marco penal establecido para el hecho punible realizado, y además, se halla dentro de los límites del grado de reproche y conforme a los fines preventivos” indica parte de la resolución de segunda instancia.
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En octubre del 2024 un Tribunal de Sentencia condenó a Patricia Ferreira y Nidia Godoy a la pena privativa de libertad de 4 años de cárcel, luego de ser encontradas culpables por los delitos de producción de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamento de dudosa procedencia a nuestro país.
Los jueces de sentencia mencionaron que “se ha producido la falsificación de las facturas, así como también se falsificaron las guías, que decía país de origen Brasil, pero los documentos originales presentados como pruebas indican que los medicamentos provienen de China, la India y México, y una de Colombia. Hubo una manipulación de los representantes de Imedic”.
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Nueva Alianza 48: Paraguay y Brasil anularon droga por valor de USD 26 millones
En el marco del Plan Paraguay Seguro del Gobierno paraguayo se llevó adelante el primer operativo del año de “Nueva Alianza″, en su fase número 48, realizado en conjunto con el gobierno del Brasil, que representó un duro golpe al crimen organizado, con la incautación y destrucción de 879.000 kilos de marihuana, lo que significa una pérdida estimada de 26 millones de dólares para las estructuras delictivas.
Luego de 10 días del operativo conjunto entre la Secretaría Nacional Antidrogras (Senad) y la Policía Federal del Brasil, con el apoyo del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y el Ministerio Público, culminaron las tareas de erradicación de cultivos y anulación de bases del narcotráfico en zonas boscosas del departamento de Amambay.
De acuerdo al informe oficial, destacan que mediante helicópteros de la Fuerza Aérea Paraguaya y de la Policía Federal del Brasil, los equipos tácticos incursionaron y eliminaron 289 hectáreas de plantaciones de cannabis, además de 12.200 kilos de la droga lista y 57 campamentos. Dichas acciones permitieron sacar de circulación aproximadamente 879 mil kilogramos de marihuana.
Mayor cooperación
El ministro de la Senad, Jalil Rachid, junto con el comandante del CODI, el general Abel Acuña, el director de Combate al Crimen Organizado, Ricardo Saadi, y la fiscal Rosana Coronel participaron de las últimas intervenciones realizadas y destacaron la importancia de la cooperación nacional e internacional en la lucha contra el narcotráfico, teniendo en cuenta el fuerte impacto negativo que genera la operación “Nueva Alianza” en el crimen regional.
“Siempre estamos buscando la mayor cooperación posible tanto interna como externamente, es la línea de trabajo que se ha instalado a través de la Senad con el CODI o Fuerzas Armadas, que está dando un resultado bastante satisfactorio y bastante optimo. Desde luego con el apoyo de la Policía Federal del Brasil que lleva años y años trabajando con la Senad en este tipo de actividades. Esta es la línea que vamos a continuar”, remarcó Rachid.
A su turno, Saadi resaltó: “Si nosotros no trabajamos juntos entre las autoridades, no vamos a tener buenos resultados. Este ha sido una operación que ha sido un ejemplo para el mundo, porque venimos trabajando juntos desde hace mucho tiempo. Al destruir la droga desde su inicio (plantaciones y campamentos), la droga no se convierte en dinero, por tanto, las organizaciones criminales dejan de tener condiciones para comprar bienes, armas, de comprar o hacer más drogas”.
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Condenan a Greenpeace a pagar USD 660 millones a operador de oleoducto
Washington, Estados Unidos. AFP.
Un jurado de Dakota del Norte condenó el miércoles a la oenegé Greenpeace a indemnizar con más de 660 millones de dólares a una empresa energética que la demandó por protestar contra la construcción de un oleoducto, en un caso clave sobre la libertad de expresión en Estados Unidos. El veredicto es un duro golpe para el grupo ecologista, que fue acusado por Energy Transfer (ET) de orquestar una campaña de violencia y difamación durante la edificación de su cuestionado oleoducto Dakota Access hace casi una década.
El jurado impuso la multa por daños y perjuicios a tres entidades de Greenpeace, citando cargos que incluyen allanamiento, molestias, conspiración y privación de acceso a la propiedad. “Nos gustaría dar las gracias al juez y al jurado por la increíble cantidad de tiempo y esfuerzo que dedicaron a este caso”, celebró la compañía tras la decisión.
“Aunque nos complace que Greenpeace tenga que rendir cuentas por sus acciones, esta victoria es realmente para la gente de (la ciudad de) Mandan y de todo Dakota del Norte que tuvo que vivir el acoso diario y las interrupciones causadas por los manifestantes que fueron financiados y entrenados por Greenpeace”, añadió ET.
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Greenpeace apelará
La oenegé ecologista, que había denunciado durante el juicio que el caso tenía como objetivo “silenciarla”, aseguró que recurrirá la sentencia. “No se puede llevar a la quiebra a un movimiento”, zanjó a la AFP la directora ejecutiva interina de Greenpeace en Estados Unidos, Sushma Raman. “Este movimiento existe en todo el mundo: personas que quieren un planeta más limpio y más verde, una democracia más vibrante e inclusiva, la protección de los océanos, los bosques y la tierra. La gente que da poder a organizaciones como Greenpeace... no se les puede llevar a la bancarrota, y el trabajo continuará”, sostuvo.
Greenpeace Internacional interpuso una contrademanda contra ET en Países Bajos, al acusar a la compañía de utilizar los procesos judiciales para reprimir la disidencia. Una audiencia está prevista para el 2 de julio. En el centro del proceso judicial contra la ONG en Estados Unidos estuvieron las protestas desencadenadas entre 2016 y 2017 contra el proyecto Dakota Access.
La tribu indígena sioux de Standing Rock y movimientos en pro del medioambiente como Greenpeace, a los que se unieron en varias ocasiones miles de manifestantes, intentaron en vano impedir la construcción de un tramo del ducto que, según los nativos, atraviesa lugares sagrados y amenaza sus fuentes de agua potable.
Cientos de personas en aquellas protestas resultaron heridos y otros tantos detenidos, por lo que la ONU mostró su preocupación por las presuntas violaciones de la soberanía de los indígenas. A pesar de las protestas, el oleoducto -destinado a transportar crudo obtenido mediante fracturación hidráulica a refinerías y a los mercados mundiales- entró en funcionamiento en 2017.
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“Amedrentar”
Aún con su tubería construida, Energy Transfer siguió adelante con las acciones legales contra Greenpeace. Primero recurrió a un tribunal federal, donde pedía una indemnización de 300 millones de dólares, pero la demanda fue desestimada. Luego el grupo empresarial presentó el caso en Dakota del Norte. El juicio comenzó a finales de febrero en la ciudad de Mandan y, tras más de dos días de deliberaciones, el jurado emitió su veredicto.
Críticos han calificado este proceso como un caso más de las denominadas “demandas estratégicas contra la participación pública”, SLAPP por sus siglas en inglés. “Este tipo de demandas, que pueden tener el efecto de aplastar protestas legítimas y amedrentar la libertad de expresión, deberían estar sujetas a los mayores niveles de escrutinio que conlleva la legislación anti-SLAPP”, explicó a la AFP Michael Burger, abogado y académico de la Universidad de Columbia.
Sin embargo, Michael Gerrard, profesor de derecho medioambiental del mismo centro educativo, no fue tan lejos: “Este veredicto enfriará las protestas que obstruyan físicamente los proyectos de combustibles fósiles”. “Pero no debería afectar a las manifestaciones pacíficas y no obstructivas y, desde luego, no detendrá los litigios contra esos proyectos”, añadió.