• Ciudad del Este. Agencia Regional

La fiscala Rocío Celeste González dijo que desconoce la supuesta presentación prevista para mañana martes, del abogado Walter Ramón Acosta. El mismo está prófugo, imputado en rebeldía, desde que abofeteó a una funcionaria y maltrató al personal del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Remarcó que el prófugo debe presentarse ante el juzgado o a la Fiscalía de Santa Rita, pero no existe ninguna información oficial al respecto, salvo cuando se presente o sea aprehendido.

La consulta con la agente tiene que ver con que, en las últimas horas, surgieron versiones extraoficiales que el prófugo se presentaría mañana martes o el miércoles, con sus abogados, en supuesto aprovechamiento que el interés iba a estar centrado hacia el tema central de las movilizaciones en Asunción.

La fiscala de Santa Rita reiteró que el abogado Walter Ramón Acosta está imputado, declarado en rebeldía y, necesariamente, tendrá que ser aprehendido o presentarse a cumplir con la detención.

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Recordó que los abogados del agresor prófugo habían pedido al juez Bernardo Silva, de Santa Rita, la eximición de medidas cautelares (que el abogado no quede preso), pero el juez Bernardo Silva, rechazó tal petición. Los abogados del Walter Ramón Acosta son: Ever Waldemir Ferreira, quien es el que se presenta ante el juzgado, además de Gladys Riveros y Matías de Jesús Fernández.

Extracción de datos del DVD

En cuanto a la investigación del caso, la fiscala González, informó que consiguió la autorización judicial para la extracción de datos contenidos en el DVR incautado de la estación de servicios “Tres Fronteras” de Santa Rita, donde se produjo la agresión, el pasado 18 de marzo.

Asimismo, manifestó que tanto la funcionaria agredida, Lourdes Teresa Sosa Cuevas, como el INTN, presentarán querella contra el abogado que sigue prófugo, según fue informada, teniendo en cuenta que el trabajo de inspección que estaban realizando en nombre del estado, fue interrumpido por la supuesta agresión y prevalece también el daño a la institución pública.

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