El secretario general de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, Eduardo González, se refirió sobre la decisión de la Fiscalía de acusar y requerir juicio oral y público para los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez, sindicados de cometer persecución política y terrorismo de Estado mediante la instrumentalización de las instituciones públicas como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

“Acá el órgano investigador establecido por la propia Constitución Nacional hizo su trabajo. Yo veo muy bien elaborada la investigación por lo que es el resultado final de la acusación, el mismo se basa en hechos concretos, es muy interesante porque podemos ver como operaban”, expresó al programa “Cara o Cruz” emitido por Unicanal.

Tanto Abdo Benítez y sus excolaboradores Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, Mauricio Espínola, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, fueron imputados por los supuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

“Esto no puede volver a ocurrir, no podes aprovecharte del aparato estatal para atacar a tu adversario de turno. Nunca se dedicaron a refutar los hechos, solo a incidentar el proceso. Los abogados defensores se pasan chicaneando”, cuestionó González.

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La imputación surgió tras la denuncia formal por persecución política impulsada por el exjefe de Estado, Horacio Cartes, desde el 2018, y que se acentuó en el marco de las pasadas elecciones internas, en diciembre de 2022, y las generales, en abril de 2023. En el acta de imputación figuran 42 elementos de sospecha, entre los que figuran notas remitidas por la Seprelad, correos internos de funcionarios y documentos oficiales.

“Ellos ya saben de qué se les acusa y de qué defenderse. Tienen la oportunidad que no tuvo el expresidente Horacio Cartes, el de defenderse, de presentar un abogado, de conocer de qué se le está acusando. En este caso se puede ver un relato de hechos en la elaboración de un informe totalmente tendencioso, incluso se puede saber cuándo fueron sus reuniones, todo se encuentra corroborado como por ejemplo la remisión de informes de computadora a computadora”, indicó el también abogado al referirse sobre el informe de la Seprelad elaborado contra Cartes que habrían sido remitido a Estados Unidos, para que sea utilizado como garrote político.

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El senador Derlis Maidana repudió la férrea defensa que ejercen sus colegas de la oposición a favor del exjefe de Estado y líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez, imputado por la Fiscalía por los hechos punibles de asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa, y revelación de secretos de servicio.

“Me sorprende la actitud, el nivel de algunos senadores de la oposición sobre este tema, que bajo la supuesta defensa del Estado de derecho hacen todo tipo de ataques, despropósitos y mentiras hacia el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón y su equipo de trabajo”, sostuvo Maidana, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Las afirmaciones de Maidana surgen ante las estrategias orquestadas por el abdismo, medios de comunicación afines, con un fuerte respaldo de opositores, consistentes en exponer a Mario Abdo como víctima de una supuesta “persecución política” y descalificar al Ministerio Público argumentando que la institución se encuentra sometida a un grupo de poder.

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“Atacan al sistema, cuando esta es una causa específica donde hay una consecuencia económica de tremendo impacto para el expresidente de la República, Horacio Cartes, siendo que nunca se probó nada en su contra y política de menor medida. Sabemos que el señor Rolón no fue electo en la época de Cartes, incluso ellos se adjudicaron su nombramiento, sin embargo, van por la tangente tratando de desviar la atención”, manifestó el legislador en pantallas de Nación Media.

La imputación contra Mario Abdo surgió tras la denuncia formal por persecución política de la cual fue víctima el expresidente de la República, Horacio Cartes, desde el 2018, y que se acentuó en el marco de los comicios internos, en diciembre de 2022, y las generales, en abril de 2023. En el acta de imputación figuran 42 elementos de sospecha, entre los que figuran notas remitidas por la Seprelad, correos internos de funcionarios y documentos oficiales.

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En la misma causa también se encuentran salpicados sus exministros Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farias, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, quienes fueron acusados por el Ministerio Público el pasado martes, solicitándose la elevación de la causa a juicio oral y público.

“Es positivo para la justicia paraguaya que Abdo Benítez se someta a consideración. Una imputación no significa que uno es culpable. Un acusado tiene todas las garantías constitucionales para ejercer su defensa, cosa que no tuvo en su momento Horacio Cartes, cuando los organismos de control del Estado fueron utilizados para atacarlo sistemáticamente. Más que hacer su trabajo, esta gente se dedicó a perseguir políticamente al expresidente”, refirió Maidana.

La jueza penal de garantía, Cynthia Lovera, ya recibió formalmente el escrito de acusación contra exministros de Mario Abdo Benítez, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira y otros para quienes se pidió que se eleve a juicio oral y público, debido a la gran cantidad de elementos de prueba.

Asimismo, la magistrada dejó en claro que no podrá intervenir hasta tanto la Corte Suprema de Justicia destrabe el presente proceso penal. Esto se debe a que la defensa de los hoy acusados se pasaron presentando chicanas en el presente causa penal, al solo efecto de poder dilatar la causa penal de los exsecretarios de Abdo.

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La falta de resolución de las chicanas en la Corte impedirá que la jueza Lovera pueda fijar la audiencia preliminar donde se tiene que definir si los exministros de Abdo estarán sentados en el banquillo de los acusados como cualquier preso común.

Del mismo modo, los fiscales Silvia González y Christian Benítez pidieron al juzgado penal de garantía la vinculación al sistema debido a que se estudia aún la recusación que se presentó contra los agentes del Ministerio Público Elva Cáceres, César Sosa y Osmar Segovia.

Los ex colaboradores de Abdo están acusados por los delitos de asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa, y revelación de secretos de servicio. El Ministerio Público presentó 206 elementos probatorios entre ellos pericias, testimonios y documentales, los cuales demuestran la responsabilidad de cada uno de los acusados.

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Tras la decisión del Ministerio Público de acusar a los exministros de Mario Abdo por presunta asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio, además del exhorto del exmandatario a ser desaforado, el diputado Rodrigo Gamarra cuestionó a quienes hoy apuntan contra este hecho como persecución política, cuando el propio gobierno anterior se valió de las instituciones estatales para perseguir a sus adversarios políticos.

“Hoy cuando la Justicia abre una causa, ellos gritan persecución política, olvidando que fueron ellos quienes cometieron esa persecución y terrorismo de Estado durante cinco años. Esto obviando que el fiscal general fue puesto por ellos y que hasta hoy incluso los ha beneficiado por ni siquiera investigar a todos los que saquearon y desfalcaron las instituciones estatales”, aseveró el legislador.

El parlamentario colorado realizó su descargo a través de redes sociales, espacio donde afirmó que durante cinco años, el gobierno de Mario Abdo utilizó al aparato estatal para perseguir y causar daños a Horacio Cartes, principal adversario político. La Fiscalía cuenta con elementos que sostienen que información confidencial fue filtrada por parte de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) en la era Abdo Benítez.

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“Se aliaron con los eternos enemigos del Partido Colorado y con medios de comunicación que recibían grandes sumas en publicidad para usarlos como escudo mediático y justificar la persecución. Todo para dañar la imagen del expresidente Cartes, política y económicamente, por su incapacidad de vencerlo en las urnas, logrando incluso sanciones del Departamento de Estado de Estados Unidos con la manipulación de datos financieros sensibles”, sentenció.

Gamarra celebró la decisión del Ministerio Público de finalmente acusar por asociación criminal y otros hechos punibles a Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farias, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, quienes entre el 2021 y 2022 habrían formado parte de un esquema a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado, según indica el propio escrito de la Fiscalía.

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