El fiscal Irán Suárez, de la Unidad Especializada del Medio Ambiente de Presidente Hayes, realizó un allanamiento en la propiedad de la empresa Atenil, ubicada en la zona de Puerto Pinasco, departamento de Presidente Hayes, donde se constató la tala selectiva de especies nativas como el quebracho colorado y el palo santo.
Durante el operativo, las autoridades encontraron una gran cantidad de postes lisos y rajados, horcones y un volumen considerable de madera de palo santo. Además, se verificaron camiones y tractores previamente incautados, uno de los cuales contenía aproximadamente 20 metros cúbicos de palo santo.
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El procedimiento contó con la participación de funcionarios del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), el Instituto Forestal Nacional (INFONA), la Asociación de Productores y Exportadores de Carbón Vegetal (APER) y la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.
Según el agente del Ministerio Público, las evidencias recolectadas son cruciales para identificar y procesar a los responsables de la tala ilegal, de quienes ya se tienen las primeras identificaciones. La investigación continúa para determinar el alcance total del daño ambiental y las responsabilidades penales correspondientes.
El fiscal del caso deberá convocar a una audiencia indagatoria a los responsables de la empresa a los efectos de que los mismos puedan brindar su versión sobre la presente investigación.
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Abuso en Parque Guasú: acusan y piden juicio oral por cocción sexual y violación
La agente fiscal Claudia Torres presentó la acusación por el hecho punible de coacción sexual y violación contra Aldo Styven Pereira Saucedo, quien abusó de una mujer mientras se encontraba realizando actividades físicas en el predio del Parque Guasú Metropolitano. El representante del Ministerio Público solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público.
Ahora el juzgado penal de Garantía tendrá que admitir la acusación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar en la que se definirá si el presente caso va a un juicio oral y público.
La representante del Ministerio Público considera que existen suficientes elementos probatorios que válidamente sustentan la presente acusación y que a su vez se demostrará la responsabilidad del acusado en el grave hecho sucedido.
Los antecedentes refieren que, en fecha 18 de agosto del año 2024, siendo las 08:00, en el predio del citado parque, ubicado sobre la Avenida Madame Lynch casi Reservistas de la Guerra del Chaco, la víctima se encontraba realizando sus actividades físicas habituales, trotando por uno de los circuitos alternativos, ínterin en que fue interceptada por el acusado, quien a través de la fuerza la agarró del cuello, la despojó inmediatamente de su aparato celular y la llave de su vehículo; le solicitó dinero en efectivo y posteriormente la introdujo en una zona boscosa (yuyal). En todo momento amenazó con hacerle daño si gritaba.
El acusado intentó ahorcar a la mujer utilizando la fuerza, al igual que someterla sexualmente, para posteriormente huir del lugar. Tras lo ocurrido, la víctima siguió a su agresor y solicitó ayuda a las personas que se encontraban en el sitio, a quienes comentó lo acontecido y brindó las características físicas del acusado.
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Metrobús: pericia de la Fiscalía concluye que no hubo daño patrimonial
Se realizó la audiencia preliminar del exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, acusado por el delito de lesión de confianza por el caso conocido como Metrobús. La diligencia judicial se desarrolló ante el juez Humberto Otazú.
El abogado Ricardo Preda, representante legal del extitular del MOPC, fue claro en puntualizar las irregularidades y los vicios que tiene la acusación del Ministerio Público por lo que se debe hacer lugar al sobreseimiento definitivo de Jiménez Gaona.
Preda indicó que “la propia pericia de la Fiscalía concluyó que no existe perjuicio patrimonial en el caso investigado, un argumento clave que debilita la acusación presentada”. Sostuvo que “el informe técnico fue presentado después de que la acusación fuera formalizada, lo que ha levantado serias dudas sobre la transparencia y solidez del proceso judicial”, señalo el citado profesional. Añadió que “la acusación del Ministerio Público, tiene muchos vicios y eso hace que caiga en contradicciones”.
Del mismo modo, el abogado citó las falencias de la investigación mencionando que “no existe precisión y detalle en la descripción de los hechos punibles, así como se usó un tipo penal derogado, lo que genera nulidad procesal del presente caso”. También agrego que “la investigación fue deficiente, sin pruebas concluyentes que justifiquen la acusación”.
Otro punto importante que describió el abogado fue que se ha “violado el derecho a la defensa, ya que los acusados fueron indagados por hechos distintos a los expuestos en la acusación fiscal, por lo que se debe hacer lugar a la nulidad de la acusación y por ende el sobreseimiento definitivo”. Del mismo modo, se dejó constancia la ausencia de perjuicio patrimonial real, ya que los pagos fueron aprobados por fiscalización y el BID.
Otro punto importante que mencionó el citado profesional fue que “la obra se ejecutó y se pagó en un 18,5 % y lógicamente en este estado no podría cumplir con todas las expectativas “sociales” depositadas en el proyecto; la misma quedó inconclusa no por una inviabilidad técnica, sino por una decisión política de la siguiente administración, que igualmente fue la que tomó la decisión de demolerlas parcialmente”.
Preda concluyo que “En agosto de 2018, al fenecer el mandato, la administración de Ramón Jiménez Gaona entregó un avance de obra del 18,5 %, como se afirmó, así como pólizas de seguro y contratos vigentes. La siguiente administración dispuso la suspensión de las obras, la intervención del proyecto. Luego de meses de trabajo, en junio de 2019 la intervención recomendó la continuación del proyecto; pero en febrero de 2020 la administración decidió la cancelación del proyecto” refirió el defensor del exministro del MOPC.
La audiencia preliminar prosigue este jueves y ya el juez Humberto Otazú tendrá que resolver si corresponde hacer lugar a los incidentes planteados por la defensa de Jiménez Gaona y ordenar el sobreseimiento definitivo o enviar a juicio oral. También en el presente caso está acusada la exviceministra de Administración y Finanzas, Marta Benítez.
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Fiscalía citó a directivos de la firma Montego Trading para audiencia indagatoria
El fiscal Marcelo Saldívar convocó a una audiencia indagatoria previa a la presentación de una imputación a cinco directivos de la firma Montego Trading SA, quienes fueron denunciados por explotación ilegal y clandestina de apuestas deportivas. La denuncia fue realizada en su momento por el procurador general, Marco González, y el presidente de la de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), Carlos Liseras.
Los directivos de la firma Montego Trading SA para la marca Crown City, Carmen Carolina Duarte, Gerardo Bermúdez Arreola, José María Monges, Erik Fernando Martín Vázquez, y Ricardo Fernández. Todos los citados deberán presentarse ante el citado agente fiscal este viernes 28 de febrero desde las 8.00.
Una vez que las personas mencionadas más arriba declaren ante el fiscal Saldívar, el citado representante del Ministerio Público ya podrá presentar la imputación contra cada uno de los denunciados y solicitar la medida cautelar que corresponda en derecho.
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Denuncia
En la denuncia se explica que a Montego Trading S.A., se le atribuyen hechos de explotación clandestina de juegos de azar, estafa y otros hechos punibles que se puedan determinar a través de la investigación del Ministerio Público.
Según los hechos denunciados, a pesar de haberse revocado la autorización para la explotación de apuestas deportivas de manera online y en salas físicas, esta empresa continuó operando a través de la página web de nombre “Crown City”.
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Chats de Lalo Gomes: filtración no es motivo para requerir nulidad de pruebas, dice fiscal
El fiscal especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Piñánez, manifestó que la filtración de los datos extraídos del teléfono celular del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista no es motivo para requerir la nulidad de pruebas. La defensa legal del dirigente de Amambay acusa al juez especializado en lucha contra el crimen organizado Osmar Legal por la difusión de los datos a medios de comunicación.
“Esta es una estrategia de la defensa, para que exista una nulidad hay ciertas formalidades, se tiene que afectar ciertos principios. De que se haya hecho una extracción y por ahí alguien haya hecho otra copia, siempre de que no existan modificaciones o alteraciones en esas pruebas no hay razones para anularlas”, sostuvo.
Las afirmaciones de Piñánez surgieron tras concretarse este último martes la entrega de la copia espejo de la pericia realizada a uno de los tres celulares móviles del fallecido parlamentario. Los datos fueron otorgados por Legal al Ministerio Público y a la defensa de la familia de Lalo Gomes ejercida por el abogado Óscar Tuma.
“Yo creo que sí o sí la defensa planteará la nulidad de pruebas en el caso de que haya una imputación, pero el hecho de que se haya filtrado no puede invalidar las pruebas, lo que podría invalidarlas es que realmente haya existido algún tipo de manipulación. La filtración es un acto cuestionable y si se encuentra a los responsables de las filtraciones deben tener algún tipo de sanciones, pero no para invalidar una prueba”, remarcó a la 1020 AM.
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Los mensajes filtrados motivaron a Legal a denunciar un supuesto esquema de corrupción y manipulación de la justicia dentro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que derivó en la renuncia del exdiputado Orlando Arévalo a su banca.
A la vez, lo obligó a presentar su renuncia como parlamentario para evitar someterse a un proceso de pérdida de investidura. Igualmente, en el caso se encuentran afectadas las agentes fiscales Katya Uemura y Stella Mary Cano, además de la jueza Sadi López por las presuntas conversaciones con el difunto legislador.
“Ahora debemos abocarnos a ver que tanta información se tiene al respecto, acá debemos hacer el análisis de que sí las informaciones se adecuan o no a una conducta penal, si existen más personas involucradas. También veremos si esto finalmente ameritará la conformación de más equipos de investigación o en su defecto la apertura de más causas penales. Vamos a discriminar lo que es relevante para la investigación, estás son cuestiones administrativas que pueden dar mayor eficacia a la investigación penal”, indicó.
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