Se realizó la audiencia preliminar del exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, acusado por el delito de lesión de confianza por el caso conocido como Metrobús. La diligencia judicial se desarrolló ante el juez Humberto Otazú.
El abogado Ricardo Preda, representante legal del extitular del MOPC, fue claro en puntualizar las irregularidades y los vicios que tiene la acusación del Ministerio Público por lo que se debe hacer lugar al sobreseimiento definitivo de Jiménez Gaona.
Preda indicó que “la propia pericia de la Fiscalía concluyó que no existe perjuicio patrimonial en el caso investigado, un argumento clave que debilita la acusación presentada”. Sostuvo que “el informe técnico fue presentado después de que la acusación fuera formalizada, lo que ha levantado serias dudas sobre la transparencia y solidez del proceso judicial”, señalo el citado profesional. Añadió que “la acusación del Ministerio Público, tiene muchos vicios y eso hace que caiga en contradicciones”.
Del mismo modo, el abogado citó las falencias de la investigación mencionando que “no existe precisión y detalle en la descripción de los hechos punibles, así como se usó un tipo penal derogado, lo que genera nulidad procesal del presente caso”. También agrego que “la investigación fue deficiente, sin pruebas concluyentes que justifiquen la acusación”.
Otro punto importante que describió el abogado fue que se ha “violado el derecho a la defensa, ya que los acusados fueron indagados por hechos distintos a los expuestos en la acusación fiscal, por lo que se debe hacer lugar a la nulidad de la acusación y por ende el sobreseimiento definitivo”. Del mismo modo, se dejó constancia la ausencia de perjuicio patrimonial real, ya que los pagos fueron aprobados por fiscalización y el BID.
Otro punto importante que mencionó el citado profesional fue que “la obra se ejecutó y se pagó en un 18,5 % y lógicamente en este estado no podría cumplir con todas las expectativas “sociales” depositadas en el proyecto; la misma quedó inconclusa no por una inviabilidad técnica, sino por una decisión política de la siguiente administración, que igualmente fue la que tomó la decisión de demolerlas parcialmente”.
Preda concluyo que “En agosto de 2018, al fenecer el mandato, la administración de Ramón Jiménez Gaona entregó un avance de obra del 18,5 %, como se afirmó, así como pólizas de seguro y contratos vigentes. La siguiente administración dispuso la suspensión de las obras, la intervención del proyecto. Luego de meses de trabajo, en junio de 2019 la intervención recomendó la continuación del proyecto; pero en febrero de 2020 la administración decidió la cancelación del proyecto” refirió el defensor del exministro del MOPC.
La audiencia preliminar prosigue este jueves y ya el juez Humberto Otazú tendrá que resolver si corresponde hacer lugar a los incidentes planteados por la defensa de Jiménez Gaona y ordenar el sobreseimiento definitivo o enviar a juicio oral. También en el presente caso está acusada la exviceministra de Administración y Finanzas, Marta Benítez.
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