A pedido del Ministerio Público se suspendió la audiencia preliminar para 21 personas acusadas por supuesta estafa y asociación criminal, por el proceso penal del esquema formado para solicitar dinero a cambio de contratos y recategorizaciones en el Instituto de Previsión Social (IPS).

El representante del Ministerio Público, Orlando Paiva, asumió desde este martes la unidad fiscal que pertenecía a su colega Sandra Ledesma, razón por la cual solicitó la suspensión de la audiencia preliminar. Ante este hecho la magistrada de Garantía, Alicia Pedroso, fijó para los días 11, 12 y 13 de marzo la realización de la diligencia judicial.

Los acusados son:

• Zulma Verónica Villalba Colmán
• Eduvigis Espínola
• Fátima Patricia Agüero Stehlik
• María Luján Aguilera Chaparro
• José Manuel Agüero Stehlik
• Carlos Barreto Ocampos
• Jennifer Karina González
• José Genaro Santacruz Frutos
• Reina Torres Vda. De Duarte
• Rodolfo Ramón Velázquez Caje

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Los acusados para quienes se pidió juicio oral son:

• Yolanda Teresa Balbuena Martínez
• Jorge Manuel Ferreira
• Edgar David Amarilla
• Lourdes Rocío Agüero Stehlik
• Carolina Martínez Escurra
• Blas Antonio Verón
• Fátima Adelaida González
• Hilario Velázquez Santacruz
• Jorge Felipe Saboredo
• Cynthia Adriana Caje Cabral
• Juana Anastasia Torres Coronel

De acuerdo al Ministerio Público, los acusados formaron un esquema de reclutamiento de personas, a quienes solicitaban entre G. 1.500.000 y G. 15.000.000 por acceder a un puesto laboral o conseguir ascensos en la previsional, según la acusación.

El presente proceso penal tuvo su inicio luego de la recepción del escrito de denuncia formulada por la jefa del Departamento de Asuntos Legales del IPS. Ante la denuncia, el Ministerio Público realizó varios procedimientos, logrando la detención de las personas nombradas más arriba.

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La audiencia preliminar del exministro del Interior y actual senador Rafael Filizzola, procesado por la compra de varios helicópteros para la Policía Nacional se encuentra en suspenso debido a la inhibición de la jueza Penal de Garantía, Clara Ruiz Díaz, quien se apartó del caso porque el abogado de Filizzola la acusó ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en otra causa penal.

En la citada diligencia judicial se debe resolver si se hace lugar al pedido de sobreseimiento definitivo por falta de acusación a favor de Filizzola debido a que años atrás la Corte había anulado la acusación del Ministerio Público.

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Ahora se tendrá que sortear quién será el nuevo juez de Garantía que tendrá que decidir si impugna la inhibición de la magistrada Ruiz Díaz. En caso de ser así, será un Tribunal de Apelación el que deba resolver si confirma a la mencionada magistrada.

Para poder garantizar el debido proceso, la jueza se apartó debido a que el abogado Guillermo Duarte, defensor de Filizzola, presentó una acusación infundada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado.

El pasado 11 de noviembre del 2024 fue remitido a la Cámara Alta el pedido de desafuero en el marco de la causa caratu­lada: “Rafael Augusto Filizzola Serra y Otros s/Lesión de Confianza”. El proceso judicial es por la compra irregular de cuatro helicópteros y el supuesto daño de más de 50.000 millones de guaraníes cuando se desempeñaba como minis­tro del Interior, en la era del expresidente Fernando Lugo.

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Las delegaciones de Paraguay y Brasil lograron acordar fijar para el 30 de mayo como fecha para la firma del nuevo Anexo C del Tratado de Itaipú, avanzando de este modo en el proceso de revisión del acuerdo. Desde la Presidencia de la República, resaltaron que es un paso clave en las negociaciones bilaterales, reafirmando el compromiso con el desarrollo y la cooperación energética.

Al respecto, informaron que el acuerdo fue posible después de una reunión encabezada por el presidente de la República, Santiago Peña, de la cual participaron los ministros de Industria, Javier Giménez; de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano; así como el ministro de Minas y Energía de Brasil, Alexandre Silveira y la embajadora María Laura da Rocha, secretaria general del Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil.

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De acuerdo al informe oficial, durante el encuentro que se llevó a cabo en la sede de Mburuvicha Róga, se procedió a la revisión del avance de las negociaciones y consideraron que es posible llegar a un acuerdo pleno para finales del mes de mayo.

Indicaron que los representantes de ambos países ratificaron el compromiso de seguir trabajando juntos buscando acuerdos que reflejen las buenas relaciones y fortalezcan a la Entidad Binacional Itaipú.

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El fiscal especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Piñánez, manifestó que la filtración de los datos extraídos del teléfono celular del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista no es motivo para requerir la nulidad de pruebas. La defensa legal del dirigente de Amambay acusa al juez especializado en lucha contra el crimen organizado Osmar Legal por la difusión de los datos a medios de comunicación.

“Esta es una estrategia de la defensa, para que exista una nulidad hay ciertas formalidades, se tiene que afectar ciertos principios. De que se haya hecho una extracción y por ahí alguien haya hecho otra copia, siempre de que no existan modificaciones o alteraciones en esas pruebas no hay razones para anularlas”, sostuvo.

Las afirmaciones de Piñánez surgieron tras concretarse este último martes la entrega de la copia espejo de la pericia realizada a uno de los tres celulares móviles del fallecido parlamentario. Los datos fueron otorgados por Legal al Ministerio Público y a la defensa de la familia de Lalo Gomes ejercida por el abogado Óscar Tuma.

“Yo creo que sí o sí la defensa planteará la nulidad de pruebas en el caso de que haya una imputación, pero el hecho de que se haya filtrado no puede invalidar las pruebas, lo que podría invalidarlas es que realmente haya existido algún tipo de manipulación. La filtración es un acto cuestionable y si se encuentra a los responsables de las filtraciones deben tener algún tipo de sanciones, pero no para invalidar una prueba”, remarcó a la 1020 AM.

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Los mensajes filtrados motivaron a Legal a denunciar un supuesto esquema de corrupción y manipulación de la justicia dentro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que derivó en la renuncia del exdiputado Orlando Arévalo a su banca.

A la vez, lo obligó a presentar su renuncia como parlamentario para evitar someterse a un proceso de pérdida de investidura. Igualmente, en el caso se encuentran afectadas las agentes fiscales Katya Uemura y Stella Mary Cano, además de la jueza Sadi López por las presuntas conversaciones con el difunto legislador.

“Ahora debemos abocarnos a ver que tanta información se tiene al respecto, acá debemos hacer el análisis de que sí las informaciones se adecuan o no a una conducta penal, si existen más personas involucradas. También veremos si esto finalmente ameritará la conformación de más equipos de investigación o en su defecto la apertura de más causas penales. Vamos a discriminar lo que es relevante para la investigación, estás son cuestiones administrativas que pueden dar mayor eficacia a la investigación penal”, indicó.

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