Las autoridades policiales y del Ministerio Público investigan las circunstancias de la muerte del recluso Victorino Gómez Paredes, procesado en los casos Ja´umina Fest y Dakovo, quien fue hallado sin signos de vida en su celda, dentro de la Penitenciaría Regional de San Pedro. El informe forense preliminar refiere como causa: un posible infarto agudo de miocardio, pero se aguarda el resultado de la autopsia.

El viceministro de Política Criminal, Víctor Benítez, habló de los primeros datos que se manejan en torno al suceso y el momento en que se produjo el hallazgo del cadáver. Dijo que durante los controles rutinarios por parte de los agentes penitenciarios, el hombre estaba aún con vida y fue su sobrino quien encontró el cuerpo más tarde.

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Victorino Gómez Paredes estaba privado de su libertad en la cárcel regional del segundo departamento tras haber sido trasladado hasta ese lugar durante el operativo Veneratio. “Al pasar el control la persona estaba aún con vida, respondió y habló con el agente penitenciario, pero posteriormente siendo las 11 horas aproximadamente llamó la atención que el mismo no salía de su celda. Entonces fue que un sobrino suyo que también se encuentra privado de libertad fue a revisarlo y lo encontró ya sin signos de vida”, señaló el viceministro a la 1080 AM.

Desde la cárcel regional se dio aviso a la Policía y al Ministerio Público y al médico forense, quienes se constituyeron en el lugar y certificaron como causa de muerte un paro cardiaco, descartándose un hecho de violencia.

“Es lo que reportó la médico forense, la doctora Vivian Coronel, quien se constituyó junto con la fiscal Orihuela y la gente de Criminalística. Por de pronto el informe menciona que la causa de muerte es infarto agudo de miocardio”, subrayó.

Según los antecedentes del caso, el fallecido estaba soportando varios procesos judiciales, entre ellos violación de la Ley 1340/88 de Drogas, la Ley 4036/10 de Armas de Fuego y una causa por homicidio doloso. A todo esto se suma el proceso por la muerte de la influencer Cristina Vita Aranda, durante un festival en el anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino.

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El Ministerio Público informó sobre la apertura de un sumario administrativo a la funcionaria Jessica Báez, señalada por supuestamente haber pedido USD 300.000 al fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes para no filtrar información. Para la familia, esto no es suficiente y lo que correspondería es una investigación penal del hecho.

“Son situaciones sumamente graves, sobre todo lo de esta funcionaria Jessica Báez a la que se le abrió un sumario administrativo, pero de qué sirve eso, para encontrar la excusa de poder echarla de la función pública. Acá tuvo que abrirse una investigación en contra de la misma, es una acusación demasiado grande contra ella”, aseveró el abogado Óscar Tuma.

El representante legal de la familia Gomes, indicó al programa “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, que existen graves sospechas que pesan no solamente sobre Báez, sino también sobre todas las personas que estaban en el Departamento de Inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), durante el gobierno de Mario Abdo.

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“Existen sospechas de que se filtraron informaciones y que se pagaron montos multimillonarios, que se contribuyó a facilitar la huida de algunas personas sindicadas como criminales, en fin, son hechos graves. Por eso, cuando asume el doctor Jalil Rachid en este nuevo Gobierno, directamente hace la movida y revoca su comisionamiento (a Báez) y la envía de vuelta a la Fiscalía”, precisó.

El abogado indicó que las demás personas que trabajan junto con la mencionada funcionaria en la Senad, fueron enviadas al “freezer” en el actual Gobierno, lo cual sería indicio de que existieron comentarios dentro de la mencionada institución sobre comportamientos irregulares de este grupo de personas. “Son hechos graves que no pueden quedar en un sumario administrativo”, ratificó.

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“Estoy seguro que no vamos a rehuir de la posibilidad de investigar esto”, manifestó el senador Dionisio Amarilla, titular de la Comisión Antilavado del Congreso Nacional, con relación al aporte de USD 1 millón que recibió el abdismo por parte del fallecido diputado y dirigente político de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes, vinculado al narcotráfico.

“Hay bastante tarea por delante y por sobre todas las cosas predisposición. Una de las aristas que trazó la Comisión Bicameral guarda relación con los fondos que corrieron por el andarivel del financiamiento político, esto cae perfectamente en el trabajo que estamos haciendo”, sostuvo al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

En conversaciones supuestamente extraídas de su teléfono, el 30 de marzo del 2021, Gomes admitió al extitular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Édgar “Beto” Melgarejo, haber donado la millonaria suma al movimiento Fuerza Republicana, liderado por el expresidente de la República, Mario Adbo Benítez, expresando su preocupa­ción por las repercusiones que esta donación podría tener si saliera a la luz.

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A pesar de las dudas sobre el origen del dinero y la posibilidad de que el abdismo haya violado la ley de financiamiento político, que tiene como fin combatir al crimen organizado y el lavado de dinero, el Ministerio Público aún no tomó la iniciativa de impulsar una investigación de oficio.

Varios informes de inteligencia advertían sobre la vinculación de Gomes con el narco Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca. Pese a estos informes, nada se hizo en su momento y el ganadero terminó siendo uno de los financistas de la campaña abdista y acabó como diputado electo.

Este dato, el gobierno de Mario Abdo Benítez, en especial el entonces ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, decidió ignorarlo para blin­dar a su principal financista. Gomes además estaba sos­pechado (e imputado por el Ministerio Público) por tener vínculos con organizaciones criminales de la frontera, en este caso con el poderoso capo narco Jarvis Chimenes Pavão. Esto se desprende del operativo Pavo Real.

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El fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, aclaró que aún no se procedió a la apertura de una causa penal contra el juez Osmar Legal, quien fue denunciado por prevaricato por el exdiputado Orlando Arévalo. El 26 de febrero, el Ministerio Público derivó este caso a los fiscales Francisco Cabrera, María Verónica Valdez y Luis Piñánez, el mismo equipo conformado el pasado 5 de febrero para abordar la denuncia de Legal sobre los chats entre el fallecido exdiputado Eulalio “Lalo” Gómes y otros funcionarios estatales.

“Creo que es una garantía que el mismo equipo sea el que dilucide el tema central. Son gente confiable y objetiva, y al ver en una visión de conjunto probablemente se tenga una conclusión asertiva. Yo confío en este equipo y me parece que es una conformación correcta”, dijo Rolón, este jueves, en una entrevista con la 1020 AM. La filtración selectiva de los chats derivaron en la renuncia de Árevalo a su banca en el Congreso, así como al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

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“La Fiscalía todavía no tiene ninguna orientación de tipo legal, simplemente se abre una carpeta fiscal, una investigación preliminar. La causa penal habrá cuando la investigación arroje evidencias positivas, no está investigado en forma exhaustiva, no tiene un tipo legal en su contra”, indicó el fiscal general acerca de esta nueva asignación en torno al magistrado especializado en lucha contra el crimen organizado.

Arévalo alegó en su acusación que el magistrado incurrió en irregularidades al difundir a los medios de comunicación los mensajes extraídos tras el peritaje realizado al teléfono del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, quien falleció en agosto del año 2024 durante un allanamiento en su vivienda en el marco del operativo “Pavo Real II”. Las conversaciones difundidas también afectaron a las agentes fiscales Katya Uemura y Stella Mary Cano, y a la jueza penal Sadi López.

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“No hay ninguna calificación ni tipo legal específico, no hay todavía ninguna entidad jurídica instalada, simplemente se remitieron estos antecedentes al mismo equipo para examinen los dos cursos, una denuncia formal del exdiputado Orlando Arévalo y otra la información que recibimos del juez Legal. Debemos hablar claro, el magistrado Osmar Legal no denunció nada, simplemente envío un informe”, comentó Rolón.

El titular del Ministerio Público puntualizó: “Nosotros podemos manejar hipótesis, aristas, podemos estar acertados o equivocados. Todavía no fijamos la posición del Ministerio Público, que quede claro, apenas somos parte del proceso y vamos a instar un requerimiento en su momento positivo o negativo de acuerdo a lo que resulta conforme a nuestro criterio”.