El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), inició el enjuiciamiento con suspensión en sus funciones contra las juezas de Paz Analía Cibils y Liliana González, por presunto mal desempeños en sus funciones en las actuaciones irregulares en cientos de juicios civiles, por cobro de pagarés en el caso conocido como la mafia de los pagarés.
Los integrantes del órgano juzgador de magistrados concluyó que se cumplieron con las exigencias sobre la gravedad, notoriedad y afectación para el enjuiciamiento de oficio a las juezas mencionadas más arriba.
Los miembros del JEM evaluaron el resultado de la auditoría realizada por la propia Corte Suprema de Justicia, que dejó al descubierto la actuación irregular de ambas juezas.
En la sesión extraordinaria de este lunes, el preopinante Manuel Ramírez Candia abordó las actuaciones de la abogada Liliana González de Bristot, a cargo del Juzgado de Paz de San Roque, correspondiente a la circunscripción de capital. El alto magistrado fue contundente al mencionar que el resultado de la auditoría comprobó que más de 100 expedientes se emitieron resoluciones judiciales sin número ni fecha. Asimismo, unos 35 expedientes sobre juicios civiles no contaban con la documentación pertinente.
Por su parte, el ministro de la Corte, César Garay, preopinante en el caso de la jueza de Paz de la Encarnación, Analía Cibils, explicó que la magistrada en cuestión incurrió en faltas consideradas como graves dentro del ordenamiento de la propia Corte y que son a su vez pasibles de un proceso en el organismo extrapoder.
Cibis, muy criticada, habría dictado resoluciones con una firma pero sin el sello correspondiente. También dictó providencias sin fecha y sin el sello identificatorio correspondiente, mediante las cuales se iniciaron los juicios ejecutivos para el embargo de salarios.