Los fiscales que investigan el caso conocido como la mafia de los pagarés solicitaron bajo apercibimiento de secuestro, allanamiento e inicio de unas investigaciones por frustración de la ejecución penal a cinco empresas de cobranzas. Solicitaron la remisión de planillas electrónicas (Excel) en formato digital con el listado de expedientes que obran en poder de las empresas de gestión de cobranzas. También el nombre de los apoderados, abogados representantes en las demandas, tramitados o finiquitados, ante los juzgados de Paz de la Capital.

La misma petición será presentada en los próximos días a otras cuatro empresas.

De acuerdo a la solicitud del Ministerio Público, el inventario solicitado deberá estar discriminado por hoja en la planilla, por Juzgado de Paz y secretaría, con todos los datos necesarios para la individualización de los expedientes respectivos.

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El presente pedido se realiza en atención a las constancias obrantes en los libros de retiro de profesionales correspondientes a los Juzgados de Paz de la capital, donde fueron dejadas las constancias respectivas.

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Los fiscales a cargo de la investigación también piden a las empresas que informen el listado completo de abogados que se encuentran vinculados directa o indirectamente con la empresa, así como apoderados o patrocinantes de demandas de preparación de juicios ejecutivos y juicios ejecutivos propiamente; con la mención del número telefónico y dirección del estudio jurídico respectivo, este último en el caso de que no hagan oficina en dependencias de la firma a su cargo.

El pedido se formula en atención a las facultades legales previstas en los artículos 193 y 195 del Código Procesal Penal, respecto al secuestro de objetos o documentos, y con apercibimiento de lo estatuido en el artículo 187 del Código Procesal Penal sobre el allanamiento de recintos privados, con la advertencia de lo dispuesto por el artículo 292 sobre la “Frustración de la persecución y ejecución penal” del código penal.

El pedido realizado por el Ministerio Público deberá ser remitido en el plazo de 5 días hábiles a la Unidad N° 4 Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, ubicada en las calles 15 de agosto y Haedo, de Asunción.

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