Un tribunal de sentencia condenó a 15 años de cárcel a un hombre de pueblo originario al ser encontrado culpable por feminicidio. La fiscal del caso fue Nilsa Torales quien arrimó los elementos probatorios que demostraron la responsabilidad del acusado en el grave hecho ocurrido.

El suceso se habría registrado en la comunidad indígena “Kaatymi”, situada en el distrito de Repatriación. El hombre fue hallado culpable en base a los elementos probatorios producidos en el juicio oral y público, el cual fue desarrollado con la asistencia de un consultor técnico en asuntos indígenas.

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Resultó víctima una mujer de la parcialidad Mbya Guaraní, quien recibió una herida punzocortante en el cuello, producida con un cuchillo de mesa; por parte de su concubino, episodio que se habría generado a consecuencia de los celos hacía la mujer.

Ahora la defensa del condenado tiene la posibilidad de poder apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación quien tendrá que estudiar si corresponde confirmar la sentencia condenatoria o decidir si se hace otro juicio oral y público.

Igualmente si la sentencia es confirmada en segunda instancia la defensa del condenado podría recurrir a la Corte Suprema de Justicia.

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Pagos validados en torno al proyecto del metrobús, durante la administración del extitular de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ramón Jiménez Gaona, exponen que al ambiciosa obra de transporte público, destinada a pobladores de la Capital y del área metropolitana, terminó siendo paralizada a consecuencia de la política del odio demostrada por el anterior gobierno, encabezado por el mandatario Mario Abdo Benítez y su leal ministro en el MOPC, Arnoldo Wiens.

De acuerdo a la línea del tiempo del proyecto, los procesos administrativos y financieros que permitieron a la obra vial alcanzar una ejecución del 18,5 % durante la gestión de Jiménez Gaona fueron avalados tanto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), encargado de financiar el proyecto, y el consorcio internacional de empresas fiscalizadoras conformadas por las firmas Typsa, Incosa y Ingeneg.

El metrobús, cuya construcción trascendería varias administraciones municipales y cuatro periodos presidenciales teniendo en cuenta su magnitud, fue entregado para su continuidad al gobierno abdista en agosto del 2018, con pólizas de seguro y contratos vigentes, sin embargo, el proyecto vial fue suspendido apenas dos meses después, en octubre de 2018, y totalmente enterrado en febrero del 2020.

La consecuencia inmediata del revanchismo político ocasionó que la firma portuguesa Mota Engil, que fue adjudicada como encargada de la obra en el año 2016, impulse una demanda ante tribunales internacionales, exigiendo una compensación millonaria por la suspensión.

La demanda prosperó y el Estado paraguayo fue condenado en un laudo arbitral a pagar alrededor de 19 millones de dólares. No obstante, mediante las gestiones encaradas por la Procuraduría General de la República, bajo el gobierno de Santiago Peña, el monto fue reducido finalmente a 16 millones de dólares.

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De acuerdo a los antecedentes, la administración presidencial de Abdo Benítez ya había intentado el 24 de octubre del año 2018, obstaculizar el desarrollo de la obra, cuyo fin principal radicaba en beneficiar a unos 300.000 usuarios del transporte público de forma directa.

En ese entonces, se ordenó la suspensión e intervención del proyecto vial, designando al economista Sixto Morínigo como interventor. En junio del 2019, el funcionario técnico del Banco Central del Paraguay (BCP) recomendó la continuación del proyecto, sugerencia que terminó siendo ninguneada por Abdo Benítez y sus colaboradores en el 2020.

Además de este antecedente, el peritaje hecho por el ingeniero Luis Giménez expuso que todas las obras ejecutadas, con Jiménez Gaona al frente de Obras Públicas, fueron realizadas conforme a lo pagado, razón por la cual los defensores legales del exfuncionario de Estado mencionan que no existen argumentos suficientes para sostener una imputación por lesión de confianza contra su cliente, a la par de indicar que el perjuicio fue provocado en la gestión de Mario Abdo.

Incluso la pericia impulsada por la Fiscalía concluyó que no hubo daño patrimonial durante la administración de Jiménez Gaona, quien el pasado 6 marzo fue sobreseído provisionalmente durante la audiencia preliminar. La medida judicial otorga un año a los agentes fiscales del caso para realizar una serie de diligencias, debido a que la insuficiente investigación no justificaba la acusación.

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- 1998: Elaboración del Plan Maestro CETA 98 (administración municipal de Martín Burt).

- 2009: Actualización del proyecto (Administración municipal de Evanhy de Gallegos).

- Octubre de 2010: Firma del contrato de préstamo con el BID (Gobierno de Fernando Lugo).

- Enero de 2012: BID aprueba el préstamo (Gobierno de Federico Franco).

- Junio de 2012: Gobierno de Federico Franco solicita al Congreso aprobación del préstamo.

- Setiembre de 2012: El Congreso solicita a la Facultad de Ingeniería (UNA) dictamen sobre viabilidad del proyecto.

- Agosto de 2013: La FIUNA recomienda la ejecución del proyecto.

- Diciembre de 2013: Congreso aprueba préstamo con mandato de ejecución.

- Noviembre de 2014: Firma española TAINER Consultores dictamina viabilidad del proyecto. El MOPC había solicitado al BID una revisión (Gobierno de Horacio Cartes).

- Enero de 2017: Inicio de obras frente a la Universidad Nacional (Gobierno de Cartes).

- Agosto de 2018: Entrega al gobierno entrante con 18,5 % de ejecución.

- Octubre de 2018: Gobierno de Mario Abdo suspende obras y ordena intervención.

- Junio de 2019: Interventor recomienda la continuación del proyecto (Gobierno de Abdo Benítez).

- Abril de 2020: Gobierno de Mario Abdo inicia la destrucción de las obras ejecutadas.

• Silde Oporto

El 9 de marzo de 1998, el exgeneral y político Lino César Oviedo, fue condenado por la Justicia Militar a 10 años de prisión por el intento del golpe de Estado, contra el entonces presidente de la República, Juan Carlos Wasmosy. A 27 años de esta condena, y las consecuencias políticas que se sucedieron, aún existen los vestigios de una división marcada, tanto en el ámbito político, como en la misma sociedad paraguaya.

En abril de 1996, Lino César Oviedo, o Lino’O, entonces comandante del Ejército, mantenía una influencia marcada en las Fuerzas Armadas, la que intentó poner en práctica organizando un levantamiento militar para impedir un afianzamiento del entonces jefe de Estado, Wasmosy.

Esta actuación le costó a Oviedo ser destituido del cargo por el propio Wasmosy y ser llevado hasta la Justicia Militar, donde fue acusado de intento de golpe de Estado y rebelión. En ese entonces, el exgeneral contaba con un amplio respaldo dentro del Partido Colorado, como una fuerte figura para las elecciones presidenciales de 1998.

Sin embargo, la condena de la Justicia Militar, también tuvo sus fuertes consecuencias políticas, quedó inhabilitado para ser parte del proceso electoral del 98, por lo que el Partido Colorado finalmente eligió como candidato a Raúl Cubas Grau, quien finalmente ganó las elecciones desarrolladas en marzo de ese mismo año.

A pesar de estar encarcelado, cumpliendo con esta condena militar, Lino César Oviedo siguió en la política, y generó una gran influencia política en los tiempos venideros. Esto tuvo un nuevo impacto político en el 2007, logró su libertad vía habeas corpus y de revisión de su condena, ordenada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde los ministros que votaron por su libertad de Oviedo fueron: Sindulfo Blanco y Miguel Óscar Bajac, mientras que la ministra Alicia Pucheta de Correa votó en disidencia.

Jesús Argaña, hijo de Luis María Argaña, relató para La Nación/Nación Media, que existe un importante antecedente que preside a esta situación, lo ocurrido el 27 de diciembre de 1992, en que se roba las elecciones al doctor Luis María Argaña. “Fueron protagonistas de ese lamentable hecho que marcó a fuego e hirió de muerte prácticamente a la democracia y el sistema jurídico de la República, ahí se marcó un poco el derrotero de la muerte del doctor Argaña”, expresó.

Detalló que posteriormente se dan las elecciones internas del 96 donde es electo Luis María Argaña como presidente del Partido Colorado, donde también se produce un cierto acercamiento entre Argaña y Wasmosy por algunos amigos en común.

Un tribunal de sentencia condenó a 28 años de cárcel a un hombre luego de ser encontrado culpable por el delito de abuso sexual en niños, cuyas víctimas son dos sobrinos del hoy condenado. La nueva ley de abuso sexual en niños eleva la pena hasta 30 años de cárcel, por lo que en el presente caso es la primera sentencia con la más alta condena.

El agente fiscal Marcial Machado Orihuela, de Asunción, fue quien sostuvo la acusación, demostrando la responsabilidad del acusado en el terrible suceso registrado. Se han aportado elementos de prueba científica, además otras pruebas que han sido contundentes para poder comprobar la responsabilidad del acusado.

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La fiscalía probó ante el tribunal de sentencia la responsabilidad del hoy condenado que abusó sexualmente de dos sobrinos, 6 y 11 años al momento del hecho. El hecho se registró en reiteradas ocasiones en los meses de enero a mayo del año 2018. El hoy condenado tenía la confianza del entorno familiar para cuidar de los niños, lo que aprovechó para cometer el acto.

Ahora la defensa del condenado tiene la posibilidad de poder apelar la sentencia condenatoria dictada en primera instancia y en caso de ser así será un tribunal de apelación quien deberá estudiar el planteamiento de la defensa y luego tendrá que resolver si confirma la alta condena por un caso grave de abuso sexual en niños.

El hecho generó gran indignación en la ciudadanía atendiendo a la edad de las víctimas, por lo que el tribunal de sentencia aplicó la pena más alta para este tipo de casos.

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