El uso de las tobilleras electrónicas se aplica a partir de este lunes 30 de diciembre en una primera etapa y están a disposición alrededor de 20 dispositivos. Los “usuarios” deben ser establecidos por el Poder Judicial. Al respecto, la jueza Silvana Luraghi Lanzan explicó que en este momento se está trabajando en una reglamentación para tomar la decisión a quién o quiénes o en qué casos serán aplicados.

“Desde el Poder Judicial estamos trabajando para un reglamento interno, a través de acordadas o de lo que dispongan los ministros de la Corte para establecer criterios en cuanto a la aplicación de estos dispositivos electrónicos, que son sumamente útiles para el control de las medidas de arresto domiciliario que dictan los jueces de garantía y también de prisión domiciliaria que dictan los jueces de ejecución”, indicó en entrevista al programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Podés leer: Salud, transporte público y generación de empleos son prioridades de Peña para el 2025

Señaló que el Poder Judicial tendrá la responsabilidad de conceder el uso de estos dispositivos electrónicos y también atender la revocación en el caso de incumplimiento de las reglas de conducta que disponen los jueces, mientras que el control y el monitoreo de los dispositivos estará a cargo del Ministerio Público, a través de la Policía Nacional.

“En principio, estas tobilleras tienen un uso limitativo, creo que son 20 o 30 que se van a ir aplicando de manera progresiva desde el Ministerio del Interior, eso es lo que nos informaron, que para el uso inmediato tienen aproximadamente 20 o 30 dispositivos”, mencionó en cuanto a los criterios de aplicación.

Luraghi agregó que se deberá tener en cuenta las circunstancias, que serán analizadas de manera interna, para aplicar el uso del dispositivo, además del perfil de las personas que lo utilizarán, en casos de violencia familiar. “Tenemos que tener en cuenta que estos dispositivos se utilizan y se implementan en otros países para el control no solamente para las figuras de arresto domiciliario y prisión domiciliaria, sino también para la protección de las víctimas”, remarcó.

La jueza sostuvo que el criterio es aplicar estos dispositivos en los casos de violencia familiar. “Esa es la tendencia, eso es lo que se buscó desde un principio, esos son los casos en los cuales en los otros países se aplica, con mucha utilidad y mucho éxito porque casi siempre se cumple de manera correcta y el control también es más factible de parte de las instituciones que van a estar encargadas”, apuntó.

Leé también: En la oposición no se logró superar las divisiones y el individualismo, dice exsenador

Ciudad del Este. Agencia Regional.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) emitió la Resolución 2434/2024, por la cual adjudicó la Licitación Pública Nacional n.º 87/2024 para la rehabilitación y pavimentación asfáltica de 127,7 kilómetros de tramos camineros que beneficiará a poblaciones de Alto Paraná, Itapúa y Caazapá.

El paquete de obras se divide en 6 lotes adjudicados. Incluye en Alto Paraná el esperado asfalto del tramo que une Juan E. O’Leary con San Cristóbal con 62,286 kilómetros (3 lotes), sur este de Alto Paraná. El mayor porcentaje del tramo es todavía un camino de tierra y solo una parte mínima tiene empedrado.

El intendente de San Cristóbal, Valcir Pelizza, dijo a La Nación/Nación Media que, a partir de ahora, esperan el inicio de obras en el tiempo previsto de aquí a noventa días. Mencionó que, seguramente, en las primeras semanas de enero, las empresas adjudicadas ya se acercarán al municipio para empezar a organizar el trabajo.

“La gente está convencida que, esta vez, la obra será una realidad, ya no existen dudas sobre eso, incluso sabemos que una de las empresas ya estuvo por la zona de la futura obra y la ciudadanía sabe el pavimento se hará”, dijo Pelizza. La aclaración tiene que ver con las veces que, durante muchos años, se anunciaba el próximo inicio de obras porque ya había presupuesto, pero quedaba sin efecto la misma.

Pobladores de las zonas de Ka´a Jovai se movilizaron en reiteradas oportunidades, al igual que la población urbana, para que el pavimento asfáltico se concrete. Durante el gobierno anterior, se llegó a declarar asueto distrital y la convocatoria a un acto de anuncio del inicio de obras.

Los otros tramos adjudicados son de Naranjito (empalme ruta PY06) - Nueva Aurora – Colonia Santa Inés), de 27,5 Km, en el distrito de San Rafael del Paraná de Itapúa y; en Caazapá, la ruta General Higinio Morínigo con la ciudad de Caazapá, que tiene 37,93 kilómetros.

Puede interesarle: Mipyme proyecta ser la primera industria de resina en base de almidón de mandioca

Las firmas encargadas de estas obras serán: Lote 1, Consorcio 14 de Julio S.A., por G. 73.686.119.084; Lote 2, para Wheelco S.A. por G. 79.667.417.869; Lote 3, a cargo de Consorcio TYCIV III (TyC – Isacio Vallejos), por G. 93.066.213.928 y; Lote 4, al Consorcio VT (Vialtec S.A. y TR Construcciones), por 125.245.770.237. El Lote 5, es para TECO S.R.L, por G. 73.398.897.764; el Lote 6 fue adjudicado al Consorcio GMC (Constructora Feldman S.A. y SOTEC S.A.), por G. 75.869.206.509.- Esto, según informó el MOPC.

Las obras, además de la pavimentación, tienen un enfoque integral para mejorar la infraestructura vial. Entre las intervenciones establecidas se encuentran la pavimentación asfáltica de caminos y el mejoramiento del sistema de drenaje con alcantarillas y cunetas. También puentes de hormigón armado, la instalación de señalizaciones verticales y horizontales, la colocación de barandas de defensa, y la realización de obras complementarias.

Según el MOPC, el plazo de ejecución entra en vigencia desde el momento de la recepción de la orden de inicio y se podrá extender hasta 2027 y el objetivo es resolver los problemas de accesibilidad y movilidad en la región, facilitando la conexión con los principales corredores viales.

Puede interesarle: La feria SoMOs Artesanía generó ingresos por G. 655 millones

Desde la Asociación Rural del Paraguay (ARP), destacan el trabajo conjunto realizado entre la asociación, la Policía Nacional, GEO y la Fiscalía en la lucha contra el abigeato. Roberto Giménez, miembro de la ARP del departamento de Caaguazú indicó que el trabajo realizado por las autoridades de seguridad es digno de aplaudir.

“En un trabajo conjunto que siempre venimos haciendo con el director de la Policía, la Policía Nacional de Caazapá y el grupo GEO. Venimos trabajando en conjunto, por un lado, estos trabajos son preventivos, pero también a la vez un trabajo de fuerza, un trabajo de combate contra esto que es a nivel país”, resaltó en conversación con la 1020 AM.

Podes leer: Indulto presidencial: nómina prioriza a grupos vulnerables en penitenciarías

Indicó que en este departamento se dio un importante trabajo de seguimiento de las denuncias con importantes resultados. “Hablando un poco de nuestro departamento, tenemos personas detenidas, tuvimos personas aprendidas, autos incautados, con esos números si podemos hablar, son alentadores porque, por un lado, hubo resultados positivos, por otro lado, siguen investigaciones abiertas en casos de abigeos, y en casos también de invasión”, expresó.

Calificó el trabajo conjunto de positivo y que esta coordinación entre el sector privado y público. “Ese trabajo conjunto con la Policía es digno de aplaudir, digno de decir que es positivo y también sectores de la fiscalía que hicieron una buena labor. Es un trabajo incansable, un trabajo en conjunto de la Policía, la Fiscalía, junto con la Asociación Rural del Paraguay, un trabajo en conjunto del sector público con el sector privado”, destacó.

En cuanto a las estadísticas que manejan en este departamento, indicó que se cuenta con 90 denuncias de animales hurtados, de los cuales 50 fueron recuperados, y 45 denuncias de fanamientos clandestinos. Instó a realizar las denuncias en estos casos para que se dé el seguimiento de las investigaciones.

“Alentar eso a nivel país, invitar a la gente, no solamente a los socios sino a los productores para combatir esto porque el combate al abigeato les toca a todos, pequeños, medianos y grandes productores”, puntualizó.

Leé también: El presidente Peña acompañó el operativo Marangatu

Una amenaza de bomba en la sede del Palacio de Justicia de Asunción movilizó nuevamente a la Policía Nacional, aunque se confirmó que fue una falsa alarma. El 5 de diciembre ya se había recibido una llamada anónima, que motivó la evacuación inmediata del edificio, sin que hasta el momento haya sido identificado el autor de la broma.

“Ayer, alrededor de las 19:00, recibimos una llamada telefónica con una voz masculina indicando tal situación (amenaza de bomba) e inmediatamente se activó el protocolo” confirmó el comisario Gustavo Errecarte a la 1330 AM.

La supuesta colocación de un aparato explosivo en el interior del Poder Judicial obligó una vez más al inmediato desalojo de las personas, que a esa hora seguían en ese lugar.

“Se realizó la evacuación de un número minoritario de funcionarios que estaban en la institución y, como otras veces, resultó ser una falsa alarma, porque se realizó la inspección completa del edificio”, señaló el policía.

Te puede interesar: Falleció el renombrado artista plástico Koki Ruiz

Por la gravedad de la amenaza se activó el protocolo convocando a expertos, quienes comprobaron el método utilizado por el llamador anónimo. Acudieron al sitio agentes de la Comisaría Primera Metropolitana, de Investigaciones, Criminalística, Apoyo Táctico y de otras dependencias policiales.

“Hemos dado participación al personal del Departamento Antisecuestro, que ya maneja coordenadas de la línea telefónica y la ubicación (de la amenaza de bomba) esa llamada entró vía 911 y dio un plazo de 30 minutos para la activación del dispositivo”, detalló Errecarte.

Este año, el Poder Judicial ya fue blanco de sendas falsas amenazas, que necesariamente obligan a suspender las actividades: audiencias, juicios y trámites administrativos en diferentes dependencias. Coincidentemente, la misma fecha fue escogida por el llamador, considerando que el 5 de agosto ya se recibió esa supuesta amenaza, la cual se repitió el 5 de diciembre. A esto se suma la llamada registrada ayer.

Leé también: Familia de Jessica Duarte rechaza informe forense y exige una nueva autopsia