Los agentes fiscales de San Lorenzo, Dora Nohl y Gerardo Chamorro, encabezaron dos allanamientos, en Asunción y Mariano Roque Alonso, con apoyo del Departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional, en el marco de una investigación por el presunto hecho punible de apropiación. Durante los procedimientos, se detuvo a dos personas y se incautaron diversos elementos relevantes para la causa.
Los detenidos fueron identificados como Gilberto Aníbal Capdevilla Rodríguez (37) y Raquel Ana Liz Zelaya Cristaldo (44), ambos de nacionalidad paraguaya. El primer allanamiento tuvo lugar en una vivienda del barrio Petirossi de Asunción, donde se incautaron de un celular, documentaciones varias, un módem LTE, un pendrive, una notebook y un automóvil Toyota Vitz.
La segunda intervención se realizó en Mariano Roque Alonso, donde lograron incautar documentos, dos sellos notariales con los nombres “Carlos Idelio C. González Guedes” (Reg. n.º 827) y “Raquel Zayas” (RUC n.º 3407818-5), un libro de registro de firmas de escribanos, una notebook con su cargador y un celular Apple iPhone 12.
Los procedimientos fueron autorizados por mandamiento de la jueza Penal de Garantías del Segundo Turno de San Lorenzo, María Elena Cañete, y forman parte de las diligencias en curso para esclarecer los hechos.
Ahora los dos detenidos deberán declarar ante los dos fiscales quienes luego de la diligencia fiscal deberán presentar la imputación correspondiente contra los dos aprehendidos.
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Voraz incendio forestal en Epuyén, Chubut, ya alcanzó a 30 casas
Un voraz incendio se registra hoy miércoles en la localidad de Epuyén, en Chubut (provincia de La Patagonia, Argentina), específicamente en la zona conocida como Rinconada. Al menos 200 personas ya fueron evacuadas, y 30 residencias fueron alcanzadas por las llamas.
Informaciones publicadas en los noticieros del vecino país destacan que un importante incendio forestal se desató avanzando con rapidez, lo que movilizó al personal de distintas bases del Servicio Provincial del Manejo del Fuego, quienes trabajan intensamente en el lugar.
Uno de los problemas que acrecientan la inmensidad del fuego es el viento, que representa un gran desafío para los bomberos voluntarios y personal de combate del sector estatal.
Esta situación permitió a que las autoridades emitan una orden de evacuación inmediata de la zona. Esto, para garantizar la seguridad de los vecinos y facilitar las tareas de los equipos de emergencia, según un comunicado del municipio local.
Las informaciones preliminares afirman que el primer foco de incendio se inició al mediodía detrás del cementerio local, una zona de deforestación de pinos, aunque todavía se desconocen las causas.
Hasta el momento no se registraron heridos. Las llamas siguen avanzando.
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Senabico puede ceder vehículos a todas las instituciones, aclaran
Desde la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) dejaron en claro que la normativa por la cual se rige la institución, también está habilitada a ceder el uso de los vehículos a entidades del Estado que no se dediquen exclusivamente a la lucha contra el narcotráfico o el lavado de dinero.
“A otras instituciones que no formen parte de la prioridad, pero cumplen con la descripción de instituciones públicas que la ley señala, se les puede asignar los vehículos que no sean utilizados para la lucha contra el narcotráfico”, expresó Santiago Arza, secretario general de la Sebabico en contacto con “Cuenta Final”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media.
La ley que regula la Senabico establece en su artículo 39 que de manera prioritaria se deben entregar los vehículos a ciertas instituciones, dentro de la figura de uso provisional, a aquellas dedicadas a estos dos hechos punibles mencionados, y en este sentido, los mayores acreedores de los rodados son la Policía Nacional, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), el Ministerio Público, algunas dependencias de las fuerzas militares, el Ministerio de Justicia, la Secretaría Nacional de Inteligencia, entre otras.
Arza afirmó que si bien existen las instituciones priorizadas, también otras entidades del Estado pueden tener el uso provisional de los rodados. En total, existen 51 instituciones receptoras de vehículos, entre las que se encuentra la Secretaría Nacional de la Juventud, Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa), la Cámara de Senadores, el Instituto Nacional del Indígena (Indi), Cañas Paraguayas SA (Capasa), gobernaciones, municipalidades y otras más.
“La camioneta en cuestión fue entregada a la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ) en virtud a lo establecido en la ley de la Senabico en sus artículos N.° 10 y 39 que tratan sobre la figura del uso provisional, que es una figura para el uso provisional, con condiciones y en virtud a un acuerdo de cooperación interinstitucional de bienes incautados, a los efectos de poder contribuir con instituciones del Estado para el cumplimiento de sus objetivos”, manifestó.
Esta aclaración del secretario de la Senabico fue realizada luego de que se tomara conocimiento público que la SNJ, liderada por la ministra Salma Agüero, tiene en su poder una camioneta que le fue otorgada por la primera institución. Para el efecto se firmó un acuerdo en setiembre pasado y la SNJ tendrá el dominio del rodado hasta diciembre del 2025.
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“Se establecen ciertas condiciones para el uso y la tenencia del vehículo, como la obligación de ponerle un seguro para que pueda circular por las calles, realizarle los mantenimientos correspondientes con técnicos calificados para el efecto, que el uso sea únicamente con fines institucionales y no particulares, en caso de detectar algunas irregularidades en estas condiciones, la Senabico solicitará la restitución”, sentenció.
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Fiscal General asignó funciones a nuevos agentes fiscales
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, a fin de coordinar las tareas en el Ministerio Público dispuso la asignación y reasignación de funciones de varios agentes fiscales en diversas áreas y zonas de nuestro país.
En el departamento de Guairá se reasignó al fiscal Pedro Martín Escalada Cáceres a cumplir funciones en la Unidad Penal N.º 2 de la Fiscalía de Villarrica, en reemplazo de la agente fiscal Rocío Raquel Rivas. Asimismo el fiscal Diego Raúl Duarte Vázquez a cumplir funciones como titular de la Unidad Penal N.º 6 de la Fiscalía de Villarrica, en reemplazo de la agente fiscal María Elena Leiva Martínez.
Asimismo en el departamento de Canindeyú, Rolón asignó al fiscal Abelino Bareiro Aguirre para cumplir funciones en carácter de titular de la Unidad Penal N.º 1 y la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico de la Fiscalía de Saltos del Guairá, en reemplazo del agente fiscal Carlos Cabrera; así también para intervenir en los expedientes judiciales del área civil, comercial y laboral por el sistema de asignación vigente.
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También se asignó a la agente fiscal Sonia Raquel Benítez Rojas para cumplir funciones en carácter de titular de la Unidad Penal Nº 3 de la Fiscalía de Saltos del Guairá. También se dispuso que el fiscal Carlos Rodrigo Giandinotto Paredes cumpla funciones en carácter de titular de la Unidad Penal 3, la Unidad Especializada de Lucha contra el Abigeato y causas de Denuncias por Maltrato Animal de la Fiscalía de Curuguaty, en reemplazo del agente fiscal Christian Ring.
Mientras que en el departamento de San Pedro se asignó a la fiscala Nélida Maricel Orihuela Battilana para cumplir funciones en carácter de titular de la Unidad Penal n.⁰ 3, Unidad Penal de Transición, Unidad Civil, Comercial y Laboral de la Fiscalía de San Pedro. Igualmente el fiscal Alexander Rodrigo Argüello Alderete cumplirá función en San Estanislao.
De mismo modo los fiscales Gloria Marlene Florentín Montiel cumplirá funciones en Santa Rosa del Aguaray en reemplazo del agente fiscal Jorge Isaak Encina Alder y la fiscala Laura Soledad Romero López cumplirá funciones en Santa Rosa del Aguaray.
También la fiscala Jazmín María Onelir Segovia Colmán cumplirá funciones en la Unidad Penal Nº 1 de Choré, con sede en la Fiscalía de San Estanislao. El fiscal cumplirá Pedro Nelson Acuña Castillo cumplirá funciones en Capiibary, en reemplazo del agente fiscal Pablo Ramón Zorrilla.
Se estableció la vigencia de las asignaciones y reasignaciones desde el 25 de febrero de 2025. Además, el fiscal general del Estado dispuso la realización de un inventario de los casos tramitados ante las unidades afectadas, el estado de las causas, así como de las evidencias existentes y lugar de depósito de estas.
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Fiscalía acusó y pidió juicio oral para Armando Javier Rotela y su clan
Los agentes fiscales Fátima Girala y Marcial Machado presentaron acusación contra Armando Rotela y otros ocho integrantes de su banda, conocida como el clan Rotela. El presente caso tiene relación con el amotinamiento organizado por los internos del penal de Tacumbú durante la operación denominada Veneratio, en diciembre del 2023.
Los fiscales pidieron que el proceso penal que se tramita ante el juez penal de garantía Yoan Paul López se eleve a un juicio oral y público atendiendo a los elementos probatorios. Están acusados Armando Rotela, Milciades Giménez Prieto, César Ramón Ortiz, Juan Valentín Insfrán Espínola, Miguel Ángel Saravia Medina, Lucas Ramón Duarte Rolandi, Óscar Ariel Cabello Azcona, Arsenio Erico Alvarenga Sosa y Alan Ricardo Caballero.
De acuerdo a la fiscalía, los acusados participaron activamente en los actos violentos que incluyeron el uso de armas de fuego, explosivos caseros y barricadas para enfrentarse a los agentes de seguridad. Durante las seis horas que resistieron el enfrentamiento, el clan Rotela coordinó ataques desde el ingreso al penal hasta el último pabellón, con roles previamente asignados por el líder.
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Según la acusación, la intención era evitar la captura de los principales cabecillas del órgano. El saldo de violencia incluyó múltiples agentes heridos, algunos con lesiones permanentes, y el fallecimiento de un suboficial. La Fiscalía enfatizó en que en ningún momento los acusados actuaron en defensa propia, ya que se les dio reiteradas oportunidades para cesar con sus acciones violentas, pero estas fueron ignoradas.
El control que ejercían dentro del penal incluía acceso a armas, alcohol y dispositivos tecnológicos, elementos que facilitaban sus actividades delictivas y fortalecían su dominio en Tacumbú. La Fiscalía sostiene que los acusados generaron un clima de zozobra y violencia dentro y fuera del establecimiento penitenciario, alterando gravemente el orden.