La jueza del crimen organizado Rosarito Montanía elevó a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta el pastor José Insfrán, hermano de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, acusado por lavado de dinero producto del narcotráfico en el marco del operativo A Ultranza Py. La resolución de la magistrada se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo vía telemática para el acusado.

La magistrada rechazó varios incidentes presentados por la defensa del pastor Insfrán y resolvió admitir la acusación fiscal y elevar el proceso penal a una audiencia oral que deberá ser fijada en los próximos días cuando se realice el sorteo de quienes serán los jueces de sentencia que tendrán a su cargo juzgar a José Insfrán.

La Fiscalía sostiene que el pastor Insfrán Galeano creó la figura de la asociación religiosa Centro de Avivamiento de Curuguaty con el objeto de utilizarla como fuente de justificación para simular las ganancias ilícitas del narcotráfico puestas en circulación dentro del sistema económico y financiero nacional.

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Del mismo modo, el Ministerio Público describió que varias empresas que pertenecen al clan Insfrán enviaron 17.000 kilos de cocaína a Europa. También mencionó que una de las empresas que se dedica a la supuesta venta de neumáticos envió 10.000 kilos de cocaína a Europa. El envío de la droga generó ganancias por más de USD 433 millones.

Según la acusación, José Alberto Insfrán Galeano creó empresas con recursos del narcotráfico obtenidos por su hermano Miguel Ángel Insfrán, y así abrió cuentas bancarias para obtener créditos y blanquear ganancias ilícitas mediante una red de documentos falsificados y vínculos en cooperativas y bancos.

También se describe que se crearon varias empresas como Metalúrgica El Porvenir S. A., Barakah S.R.L. y Agroganadera e Industrial Nuevo Horizonte. En ese proceso presentó certificados de trabajo falsos con salarios elevados para lavar dinero.

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El juez Nelson Ojeda Quintana, de la circunscripción de Hernandarias, suspendió hoy viernes la realización de la cámara Gesell en un caso de abuso infantil, a pesar de que la niña testigo, quien estuvo presente durante el abuso de su hermana menor, ya se encontraba preparada para brindar su declaración. El procedimiento se debió realizar en la sede fiscal de Ciudad del Este.

La decisión se basó en la ausencia de la fiscal Julia González, quien estaba retrasada debido a un procedimiento previo. Sin embargo, desde tempranas horas, su asistente ya había informado al juzgado sobre esta situación y aseguró que la fiscal llegaría con un breve retraso.

Sin embargo, el juez decidió la suspensión del procedimiento con la menor, afirmando que se debió “a la ausencia injustificada de la fiscal”, contradiciendo lo anteriormente dicho por la asistente de la representante del Ministerio Público. A pesar de esta comunicación, el juez Ojeda Quintana optó por suspender el acto al que él mismo había llegado con retraso y suspendiendo la misma luego de 15 minutos. Posteriormente se retiró de forma rápida del local sin haber firmado el acta de suspensión, según la madre de la menor. Finalmente, la fiscala González se presentó con cierta demora, pero el juez ya se había retirado.

La cámara Gesell es un espacio acondicionado para tomar declaraciones a niños, niñas, adolescentes o personas incapaces que sean víctimas o testigos de un delito. Se trata de una herramienta que permite registrar y preservar el testimonio de la persona, evitando la revictimización.

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Igualmente, la madre de la niña denunció que la actuaria judicial intentó impedir que la representante legal de la menor ingresara al procedimiento, generando más dudas sobre la transparencia del manejo del caso.

Otro aspecto preocupante denunciado por la familia de la menor es que la abogada de la defensa es una exjueza que renunció a su cargo antes de ser destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) debido a acusaciones de corrupción. Vale destacar que en aquel entonces, esta abogada fue colega del juez Ojeda Quintana, lo que plantea serias dudas sobre la imparcialidad y la ética en este caso.

Esta suspensión no solo representa un retraso en el acceso a la justicia, sino también una revictimización innecesaria para la niña y su familia. “Es imprescindible que los procedimientos judiciales se lleven a cabo con responsabilidad, sensibilidad y libre de influencias personales que puedan comprometer la búsqueda de justicia”, enfatizó la madre.

La misma ya denunció en anteriores ocasiones una serie de irregularidades cometidas en el proceso judicial, exigiendo -a través de su representante legal- que el juez del caso, Nelson Ojeda Quintana, resuelva la impugnación y declare la nulidad.

La defensa del denunciado había propuesto como perito a una psicóloga que, además de ser contratada de manera privada, es funcionaria de la Defensoría Pública, la forense Fátima Beatriz Flores Barrios, lo que constituye un evidente acto viciado desde su origen, según la denuncia de la querellante.

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Con la promulgación de la ley que aumenta la pena contra el abuso sexual infantil, no solo se logró la elevación de penas, sino también se redefinieron conceptos y eliminaron lagunas jurídicas e imprecisiones que dificultaban castigos severos para los abusadores, así explicaron desde el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna).

“Estas modificaciones son muy profundas y no es una mera elevación de penas, había muchas lagunas jurídicas y cuestiones que estaban de forma imprecisa y ahora se pone al niño en primer lugar y se busca evitar la impunidad. Ahora lo pusimos a la vanguardia la ley”, expresó el viceministro de la Niñez, Eduardo Escobar.

En contacto con “Cuenta Final”, programa emitido por Universo 970 AM/Nación Media, detalló que una de las adecuaciones realizadas a la legislación es dejar en claro que los niños no tienen autonomía sexual, tal y como lo establecía la ley anterior, puesto que si esto fuera así, existiría un consentimiento por parte de los menores para tener relaciones sexuales. Lo que busca esta normativa es proteger la integridad de los niños.

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“Es un día muy esperanzador porque el Estado dio una señal clara y contundente de que los abusos sexuales y los hechos punibles contra los niños son intolerables para la sociedad paraguaya y para el Estado. Este aumento de pena es más que eso, porque se hizo una cirugía mayor de todo lo que es el artículo 135 e incluso modificamos parte del artículo 128″, añadió.

Además, se modificó la definición de coito, no limitándola únicamente a la penetración pene-vagina, e incluye todo tipo de acceso carnal por vía anal, bucal o con la introducción de miembros corporales u objetos por algunas de las dos primeras vías. “Cerramos esa posibilidad para que la defensa de los agresores sexuales no tenga herramienta para poder escurrirse de la justicia”, sostuvo.

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La ley contempla agravantes, por ejemplo, en caso de que el hecho sea cometido con su hijo biológico, o un niño de su entorno cercano, esto último también fue definido y se estableció como entorno cercano a los padres, padrastros, abuelos, abuelastros, hermanos, hermanastros, tíos, primos, así como cualquier persona que esté a cargo del cuidado, protección o tutela.

También es un agravante el que se haya aprovechado de una relación de superioridad, de afinidad con la familia o estado de vulnerabilidad del menor. Se entiende como “afinidad de la familia” a todo vínculo que se manifiesta a través del cuidado, convivencia, relación afectiva que incluye a cualquier persona que frecuente el ámbito del niño sea pariente o no, por ejemplo, el compadre, el transportista escolar, el profesor de la escuela de fútbol.

“Todas las posibles hipótesis de casos fueron analizadas con estos grupos de juristas y penalistas convocados. El Ministerio de la Niñez y Adolescencia tuvo un papel preponderante en conjunto con la Comisión, se hizo un trabajo técnico muy bueno a través de debates, largas horas de estudio y se logró no solo el aumento de pena”, enfatizó.

La nueva normativa incluye el abuso sexual por medios tecnológicos, lo que se conoce como “grooming”. Escobar indicó que la tecnología va avanzando y había una necesidad de actualizar el cuerpo normativo y así tener un mayor alcance y que no quede ningún hecho impune. “El grooming tenía una expectativa muy baja, de tres años nada más, lo cual en la práctica jurídica, la persona podía ser pasible de cumplir la mitad de su condena o a veces tenía prisión domiciliaria, hoy subimos hasta 8 años”, especificó.

Tras la promulgación del Poder Ejecutivo de la ley que endurece las penas contra el abuso sexual infantil, la senadora Lizarella Valiente expresó su conformidad y manifestó que desde el Poder Legislativo seguirán presentando iniciativas en favor de la niñez, las que se complementarán con las iniciativas que encabeza el Gobierno.

“Tenemos mucho trabajo por delante, en educación, en salud mental y todo suma para la protección que tanto anhelamos para esa niñez soñada y que puede ser posible en nuestro querido Paraguay. Para el año que viene, apenas comience el año legislativo, vamos a estar presentando nuevas iniciativas que van a garantizar que el Estado va a estar presente para cada niño”, expresó la legisladora.

Respecto a la legislación que establece penas de hasta 30 años para quienes cometan hechos de abuso sexual contra menores, Valiente indicó que este es un logro de los tres poderes del Estado, del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. “Parece mentira pero prácticamente un año nos tomó que esto sea posible”, señaló.

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En esta línea, resaltó la determinación del Gobierno de impulsar la protección hacia niños y adolescentes a partir de diferentes frentes como lo son Hambre Cero mediante el cual los niños de todo el país recibirán alimentación escolar, o los Centros de Protección Integral que serán habilitados a lo largo del territorio nacional.

“Estoy muy agradecida de formar parte de este equipo y este gobierno que con esto da una señal clara y contundente que todos somos responsables y que a los niños debemos cuidarlos y protegerlos porque ellos son el presente y el futuro. Lo ideal es que esto no ocurra (abusos), pero esta es una medida punitiva que ejemplifica que este gobierno no va a tolerar ese tipo de hechos”, sentenció ante la 650 AM.

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