El juez Nelson Ojeda Quintana, de la circunscripción de Hernandarias, suspendió hoy viernes la realización de la cámara Gesell en un caso de abuso infantil, a pesar de que la niña testigo, quien estuvo presente durante el abuso de su hermana menor, ya se encontraba preparada para brindar su declaración. El procedimiento se debió realizar en la sede fiscal de Ciudad del Este.
La decisión se basó en la ausencia de la fiscal Julia González, quien estaba retrasada debido a un procedimiento previo. Sin embargo, desde tempranas horas, su asistente ya había informado al juzgado sobre esta situación y aseguró que la fiscal llegaría con un breve retraso.
Sin embargo, el juez decidió la suspensión del procedimiento con la menor, afirmando que se debió “a la ausencia injustificada de la fiscal”, contradiciendo lo anteriormente dicho por la asistente de la representante del Ministerio Público. A pesar de esta comunicación, el juez Ojeda Quintana optó por suspender el acto al que él mismo había llegado con retraso y suspendiendo la misma luego de 15 minutos. Posteriormente se retiró de forma rápida del local sin haber firmado el acta de suspensión, según la madre de la menor. Finalmente, la fiscala González se presentó con cierta demora, pero el juez ya se había retirado.
La cámara Gesell es un espacio acondicionado para tomar declaraciones a niños, niñas, adolescentes o personas incapaces que sean víctimas o testigos de un delito. Se trata de una herramienta que permite registrar y preservar el testimonio de la persona, evitando la revictimización.
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Igualmente, la madre de la niña denunció que la actuaria judicial intentó impedir que la representante legal de la menor ingresara al procedimiento, generando más dudas sobre la transparencia del manejo del caso.
Otro aspecto preocupante denunciado por la familia de la menor es que la abogada de la defensa es una exjueza que renunció a su cargo antes de ser destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) debido a acusaciones de corrupción. Vale destacar que en aquel entonces, esta abogada fue colega del juez Ojeda Quintana, lo que plantea serias dudas sobre la imparcialidad y la ética en este caso.
Esta suspensión no solo representa un retraso en el acceso a la justicia, sino también una revictimización innecesaria para la niña y su familia. “Es imprescindible que los procedimientos judiciales se lleven a cabo con responsabilidad, sensibilidad y libre de influencias personales que puedan comprometer la búsqueda de justicia”, enfatizó la madre.
La misma ya denunció en anteriores ocasiones una serie de irregularidades cometidas en el proceso judicial, exigiendo -a través de su representante legal- que el juez del caso, Nelson Ojeda Quintana, resuelva la impugnación y declare la nulidad.
La defensa del denunciado había propuesto como perito a una psicóloga que, además de ser contratada de manera privada, es funcionaria de la Defensoría Pública, la forense Fátima Beatriz Flores Barrios, lo que constituye un evidente acto viciado desde su origen, según la denuncia de la querellante.