El agente fiscal Guillermo Sanabria intervino en el caso Squid, operativo Resiliencia, que representa un golpe significativo al narcotráfico, donde agentes de SIU SENAD incautaron 430 kilos de cocaína ocultos en un camión en el Chaco paraguayo. El procedimiento se llevó a cabo tras meses de trabajo de inteligencia realizado por los mencionados agentes especiales.

En la madrugada del martes, en la zona de Pozo Colorado, los intervinientes interceptaron un camión tipo tumba que transportaba la carga ilegal. Ante la sospecha, se utilizó un can detector de drogas de la SENAD, que reaccionó positivamente, lo que llevó al fiscal Sanabria a disponer el traslado del camión y los detenidos hasta la base de operaciones de la SENAD en Asunción, para una inspección exhaustiva.

Te puede interesar: Sistema 911 recibió 103 denuncias por violencia intrafamiliar en Nochebuena

Con el apoyo de la Coordinación de Control no inclusivo del DNIT, se verificó la carrocería del camión, donde se encontró un compartimiento oculto que contenía paquetes con un total de 430 kilos de cocaína. Los detenidos, identificados como Camilo Damián García Alarcón, de 22 años, y Fidel Andrés Lusichi, de 40 años, formarían parte de la logística de transporte de una organización criminal que pretendería enviar la droga al Departamento Central para su posterior traslado a Europa por vía fluvial-marítima.

Este operativo es un importante avance en la lucha contra el narcotráfico, evidenciando la efectividad del trabajo coordinado entre el Ministerio Público, encabezado por el fiscal Guillermo Sanabria, y la SENAD. Las autoridades reiteran su compromiso con el desmantelamiento de las redes criminales que operan en el país.

Podes leer: Fiscal General asignó funciones a nuevos agentes fiscales

El fiscal Alcides Corvalán, de la unidad especializada en Seguridad y Convivencia de las personas, mencionó que realizar disparos al aire con armas de fuego está penado por la ley y que los autores de este tipo de hecho punible se exponen a 5 años de cárcel.

El representante del Ministerio Público indicó que el artículo 203 del Código Penal paraguayo, que trata de la producción de riesgos comunes, en concordancia con la ley de armas 4036/10, en su inciso b, castiga el hecho con la pena de 5 años de cárcel.

Te puede interesar: A metros de un banco, asaltan y roban G. 44 millones a funcionaria de una empresa

En el contexto de la celebración de la Navidad, el fiscal exhortó a tomar consciencia del uso de las armas de fuego, teniendo en cuenta que años anteriores se registraron casos con víctimas fatales. Corvalán señaló que “realizar disparos al aire puede traer graves consecuencias, desde una lesión grave, hasta un homicidio”.

Hay que señalar que uno de los casos que enlutó al país es el de la niña Paz Valentina, quien acusó una bala perdida cuando se encontraba jugando en el patio trasero de su casa en la madrugada de Navidad del 2012. El proyectil alcanzó la clavícula izquierda de la niña, afectando la arteria aorta, causándole la muerte unos minutos después. Por el hecho fue condenado el taxista Jorge Prisco Ledesma Ortiz, vecino de la víctima.

La Fiscalía recuerda también a la ciudadanía acerca de la peligrosidad de los fuegos pirotécnicos y llama a la consciencia y responsabilidad de los padres sobre el uso y manipulación de los fuegos pirotécnicos en poder de los niños.

El Ministerio Público insta a no conducir bajo los efectos del alcohol, ya que puede causar tragedias en las rutas, por lo que advierte a los conductores que, manejar ebrios y causar accidentes representa un hecho punible. Por ello, recomienda evitar los excesos en el consumo del alcohol y sustancias prohibidas a fin de prevenir los siniestros viales fatales.

Podés leer: Fiscalía acusó y pidió juicio oral para Armando Javier Rotela y su clan

Los agentes fiscales Fátima Girala y Marcial Machado presentaron acusación contra Armando Rotela y otros ocho integrantes de su banda, conocida como el clan Rotela. El presente caso tiene relación con el amotinamiento organizado por los internos del penal de Tacumbú durante la operación denominada Veneratio, en diciembre del 2023.

Los fiscales pidieron que el proceso penal que se tramita ante el juez penal de garantía Yoan Paul López se eleve a un juicio oral y público atendiendo a los elementos probatorios. Están acusados Armando Rotela, Milciades Giménez Prieto, César Ramón Ortiz, Juan Valentín Insfrán Espínola, Miguel Ángel Saravia Medina, Lucas Ramón Duarte Rolandi, Óscar Ariel Cabello Azcona, Arsenio Erico Alvarenga Sosa y Alan Ricardo Caballero.

De acuerdo a la fiscalía, los acusados participaron activamente en los actos violentos que incluyeron el uso de armas de fuego, explosivos caseros y barricadas para enfrentarse a los agentes de seguridad. Durante las seis horas que resistieron el enfrentamiento, el clan Rotela coordinó ataques desde el ingreso al penal hasta el último pabellón, con roles previamente asignados por el líder.

Te puede interesar: Operativo Marangatú: incautación récord de marihuana supera 40.000 kilos

Según la acusación, la intención era evitar la captura de los principales cabecillas del órgano. El saldo de violencia incluyó múltiples agentes heridos, algunos con lesiones permanentes, y el fallecimiento de un suboficial. La Fiscalía enfatizó en que en ningún momento los acusados actuaron en defensa propia, ya que se les dio reiteradas oportunidades para cesar con sus acciones violentas, pero estas fueron ignoradas.

El control que ejercían dentro del penal incluía acceso a armas, alcohol y dispositivos tecnológicos, elementos que facilitaban sus actividades delictivas y fortalecían su dominio en Tacumbú. La Fiscalía sostiene que los acusados generaron un clima de zozobra y violencia dentro y fuera del establecimiento penitenciario, alterando gravemente el orden.

Podes leer: Ordenan sobreseimiento provisional de policías que levantaron alerta roja de esposa de Marset

El fiscal José Godoy presentó imputación por los delitos de estafa, asociación criminal y producción de documentos falsos contra el funcionario del Congreso, Willian Bogarín Campuzano, quien integra presuntamente un esquema de estafa a colonos con venta de tierras en el Chaco. Asimismo, el Ministerio Público presentó la imputación contra Ilse Marisela Paredes y José Francisco Ljubetich.

Ahora la justicia tendrá que convocar a los imputados para la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si los imputados van a estar privados de libertad.

De acuerdo a la denuncia presentada en sede del Ministerio Público resultaron víctimas los hermanos Bernardo Friesen Neufeld, y Herman Friesen Neufeld, colonos de Río Verde, distrito de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, a quienes se les habría estafado por la suma de USD 1.200.000.

Te puede interesar: Ratifican condena contra dueño de agencia de viajes por estafa a varios clientes

El representante del Ministerio Público realizó un allanamiento a un estudio jurídico donde se incautaron varios documentos. La información refiere que la estructura estaba conformada por el funcionario legislativo Bogarín Campuzano, quien sería muy cercano a la diputada Jazmín Narváez, realizó los trámites a favor de los colonos para que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) pueda adjudicar tierras en el Chaco.

Pasaron los meses y años, y las víctimas de estafa comenzaron a dudar de las promesas que realizaba el funcionario del Congreso, así como de los demás imputados en el presente caso por lo que se asesoraron con otros profesionales que descubrieron los hechos irregulares denunciados en sede del Ministerio Público.

Bogarín Campuzano se encuentra bajo sumario administrativo y por de pronto, desvinculado de su cargo que venía ocupando como director general de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional de la Cámara de Diputados.

Podes leer: Ministros de la Corte tomaron juramento a 51 nuevos agentes fiscales