El fiscal José Godoy presentó imputación por los delitos de estafa, asociación criminal y producción de documentos falsos contra el funcionario del Congreso, Willian Bogarín Campuzano, quien integra presuntamente un esquema de estafa a colonos con venta de tierras en el Chaco. Asimismo, el Ministerio Público presentó la imputación contra Ilse Marisela Paredes y José Francisco Ljubetich.

Ahora la justicia tendrá que convocar a los imputados para la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si los imputados van a estar privados de libertad.

De acuerdo a la denuncia presentada en sede del Ministerio Público resultaron víctimas los hermanos Bernardo Friesen Neufeld, y Herman Friesen Neufeld, colonos de Río Verde, distrito de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, a quienes se les habría estafado por la suma de USD 1.200.000.

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El representante del Ministerio Público realizó un allanamiento a un estudio jurídico donde se incautaron varios documentos. La información refiere que la estructura estaba conformada por el funcionario legislativo Bogarín Campuzano, quien sería muy cercano a la diputada Jazmín Narváez, realizó los trámites a favor de los colonos para que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) pueda adjudicar tierras en el Chaco.

Pasaron los meses y años, y las víctimas de estafa comenzaron a dudar de las promesas que realizaba el funcionario del Congreso, así como de los demás imputados en el presente caso por lo que se asesoraron con otros profesionales que descubrieron los hechos irregulares denunciados en sede del Ministerio Público.

Bogarín Campuzano se encuentra bajo sumario administrativo y por de pronto, desvinculado de su cargo que venía ocupando como director general de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional de la Cámara de Diputados.

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Este domingo, familiares de las tres personas que fallecieron en el terrible accidente vial sobre la ruta que une Luque con San Bernardino, se manifestaron frente a la Agrupación Especializada para pedir justicia y el traslado del acusado a una penitenciaría. Ayer, sábado, la única sobreviviente del percance regresó a Alemania.

Un numeroso grupo de personas se apostó frente a la agrupación de la Policía Nacional para clamar justicia por Osvaldo Jacquet, su esposa Kristin María Blumenrother y el pequeño Philippe Jacquet Valdez, quienes fallecieron en el accidente reportado el pasado 10 de noviembre.

“Pedimos que este asesino Eugenio Sanabria Vierci sea trasladado a una penitenciaría. Tacumbú está cerca de centros hospitalarios, si el motivo es problema de salud y creemos que es donde debe aguardar el debido proceso”, explicó Nancy Jacquet, familiar de los fallecidos, en entrevista con la 1020 AM.

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Detalló que lo único que esperan es que se haga justicia y que ya no se de beneficios a criminales. “Acá nos reunimos familiares y amigos de Osvaldo, Kristin y Philipe para pedir justicia y basta de privilegios por tener un apellido importante, poder y contactos como ocurre en este caso”, puntualizó.

Recordó que ayer sábado despidieron a su sobrina de ocho años, que hace seis meses llegó con sus padres y hermano con muchas ilusiones, planes que fueron truncados por un conductor alcoholizado. “Acá nos quedamos los familiares para cumplir con la promesa de que este hombre pague por el crimen que cometió”, refirió.

Por su parte, Enrique Jacquet indicó que la causa está muy direccionada a favor de la defensa del hombre. “La Fiscalía no nos está representando, están tirando todo hacia la defensa del señor. Hay un silencio cómplice y todas las actuaciones son dudosas, vienen dilatando mucho las cosas. Es una vergüenza”, sentenció.

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Un tribunal de sentencia, integrado por los jueces Juan Carlos Zárate, María Fernanda García y Héctor Capurro, condenó a 4 años de cárcel a César Ramón Ortiz Sosa, alias “Gordito lindo”, encontrado culpable por asociación criminal, quien había escapado de la cárcel de Tacumbú vestido de mujer. Igualmente, el colegiado sentenció a 5 años de cárcel al expolicía Fabio Rolón, encontrado culpable por asociación criminal y liberación de preso.

“El tribunal de sentencia logró corroborar la existencia de hechos punibles en grado de participación y conforme a ello también se logró la condena para ambos. Los tipos penales atribuidos a Rolón son asociación criminal y liberación de presos”, comentó el fiscal Christian Ortiz, sobre la condena de Godito Lindo y del exagente policial, Fabio Rolón.

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En el 2022 fue ratificada la condena de 10 años de cárcel de Ortiz Sosa y otras personas que serían miembros del Clan Rotela, debido a que el 30 de julio del año 2018 habían participado de un asalto a mano armada a una estación de servicios ubicada sobre la calle Fernando de la Mora y Pariri del barrio Vista Alegre de Asunción. Por este motivo, el mismo guardaba reclusión en Tacumbú.

Los antecedentes de Gordito Lindo datan por robo agravado, hurto y reducción. Sus registros son desde el 2013. El malviviente es miembro del primer anillo del clan Rotela y Ortiz es el segundo al mando del clan.

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La fiscal de San Lorenzo Mirtha Rivas imputó por hechos punibles de privación de libertad y asociación criminal a un hombre que está investigado de haber participado en la retención ilegal del gerente general de la firma transportadora de caudales Britimp S.A., su esposa y un empleado de la referida empresa.

El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del imputado quien deberá ser convocado por el juzgado penal de garantía para la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si Carlos David González alías “Gaby” va a una cárcel.

El hoy imputado de profesión conductor de la plataforma Bolt, quien estaba al mando de un auto marca Toyota, modelo Runx, color negro, año 2001, con chapa N° KBB 829, se reunió con otros sujetos en la “Quinta El Progreso”, ubicada en la calle sin nombre del barrio Yataity de Capiatá.

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González es investigado de haber proveído el servicio de transporte y apoyo logístico para huir del lugar a los delincuentes, una vez que se concretó la privación de la libertad de Pedro Barrios, Emilia Sánchez y el empleado de la empresa. Los delincuentes llegaron a la casa de las víctimas ubicada en San Lorenzo, ocasión en que 5 a 6 hombres ingresaron a la vivienda, con armas largas tipo fusil en mano, vestidos con uniformes de policía camuflados tipo Lince.

Los sujetos amenazaron a las víctimas y llevaron a la pareja en contra de su voluntad, transportándolos en vehículos separados, a la vez de llevarse todos los celulares de los integrantes de la familia. Los llevaron hasta la sede de la empresa, ubicada en Asunción, en donde obligaron a Barrios a que llame al encargado de monitoreo llamado Félix Ortiz, para señalarle que tenía un sobre cerrado para entregarle.

Ortiz salió para hablar con Barrios, ocasión en que fue controlado por los delincuentes, quienes igualmente privaron de su libertad al empleado. Los sospechosos preguntaron a Ortiz sobre datos confidenciales de la empresa para luego liberarlo en la zona del Shopping San Lorenzo.

Para la Fiscalía existe evidencia que confirmaría que el imputado, Carlos González, estuvo con los delincuentes antes y después de la perpetración de los hechos.

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