El agente fiscal José Martín Morínigo, se constituyó en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, luego del hallazgo de componentes de armas de fuego en el interior de una caja fisurada proveniente de Miami, a través de una empresa de courrier.

A raíz de la comunicación, se convocó a personal de la Dimabel, de Crimen Organizado de la Policía Nacional y demás funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) para la verificación correspondiente del depósito Ticket de la Dinac, consistente en 6 cajones de armas de fuego correspondiente a fusil HK, modelo G3, además de accesorios controlados de armas de fuego como cargadores para fusil HK, calibre 7,62 X 51 mm y conjunto de conversores del mismo calibre.

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También fueron incautados guardamanos, puntas de tubo cañón con soporte de punto de mira, cajones de mecanismo superior prensado, componentes de armas de fuego y otros materiales, todos para rifles o fusiles semiautomático o automático de la marca HK, modelo G3 A3 que corresponden a armas de fuego de uso privativo de las fuerzas públicas.

Las evidencias incautadas quedaron a cargo de la Dimabel para la realización de los informes técnicos correspondientes. Por disposición del fiscal prosiguen las investigaciones en el marco de la causa iniciada con dicho hallazgo.

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• Ciudad del Este. Agencia Regional.

El fiscal Alcides Giménez Zorrilla imputó a cinco funcionarios penitenciarios por haber supuestamente facilitado la liberación de ocho personas privadas de libertad. Son PPL de alta peligrosidad que estaban en el pabellón de máxima seguridad del Centro Penitenciario de Minga Guazú. El fiscal solicitó la prisión preventiva de todos ellos.

Están procesados Pedro Arnaldo López Martínez (31), Benicio de Jesús Romero Aguilar (28), Ariel Gustavo Mareco Benítez (23), José Carlos Alfonso Torres (23) y Jonathan Nicolás Barúa Chamorro (23). Los cargos son frustración de la persecución y ejecución penal, así como por liberación de presos, previstos y penados por los artículos 292 y 294 del Código Penal, según el escrito fiscal.

Giménez Zorrilla indicó que los hechos quedaron registrados en las cámaras de CCTV del recinto penal, que son controlados desde una central de monitoreo, donde se encontraba el funcionario Nicolás Barúa Chamorro.

En dichas imágenes se pudo observar a los agentes Romero Aguilar, Mareco Benítez, Alfonso Torres y López Martínez, haciendo el traslado de los reclusos Juan Insfrán, Wilson Rotela y Miguel Insfrán hasta el sitio denominado “espacio de soleo” del pabellón especial.

En el trayecto, al momento de ingresar, Wilson Rotela y al cerrar la puerta de hierro con la cadena de seguridad utilizado como candado, se habría dejado la llave de seguridad puesta, lo que permitió que la puerta se abriera sin dificultad, según la sustentación del procesamiento.

Luego, el agente Pedro López Martínez se retiró sin tomar precauciones para dirigirse al sanitario; en ese momento, Wilson Rotela abrió la puerta de la celda y salió. Acto seguido, procedió a abrir las puertas de las demás celdas colindantes, un total de ocho. Todo esto, según lo expuesto por la fiscalía.

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Una vez fuera de los espacios de soleo, los reos Blas Pablo Melgarejo Benítez (alias Chopalé), Wilson Darío Rotela, Marcio Quadra Caetano, Derlis Ramón Giménez, Fredy González Delvalle, Fernando Aquino, Anderson Queiróz y Juan Insfrán, subieron al techo de rejas de hierro, tipo tejido.

Siempre de acuerdo al escrito fiscal, del citado techo treparon la muralla, donde fue dejado un grillete con la cadena cortada y la llave puesta, que fue incautado posteriormente por el personal policial.

El grupo descendió por un ducto de agua mediante una cañería, arrastrándose por debajo del tejido de alambre perimetral, conocido como “tierra de nadie”. Finalmente, subieron a la garita y se tiraron al exterior del Centro Penitenciario, mediante el uso de sábanas, concretándose la fuga.

En cuanto a la conducta del personal Nicolás Barúa Chamorro, quien cumplía funciones en el centro de monitoreo de las cámaras de seguridad, durante el horario de la fuga, según el fiscal Giménez, habría omitido observar las cámaras y no alertó a las autoridades, lo que indica su activa contribución en la fuga de los criminales.

El agente fiscal refirió que el sistema de monitoreo tiene censores de movimiento por cuya razón no se explica cómo no pudo ver que algo estaba pasando. Dentro del proceso de investigación, Giménez Zorrilla, realizó la incautación de los celulares de los sospechosos, los cuales fueron individualizados en el acta de procedimiento.

Uno de los fugados fue recapturado en la madrugada de ayer jueves. Se trata de Fredy González Delvalle, quien cumplía una condena de 40 años de prisión por su participación en una masacre ocurrida el penal de San Pedro, cuando miembros de la facción criminal Primer Comando Capital (PCC), asesinaron a diez reclusos.

El fiscal Alcides Giménez solicitó un plazo de cuatro meses para la presentación del requerimiento conclusivo. Los imputados permanecen provisoriamente en la Dirección de Policía de Alto Paraná, a cargo del magistrado Carlos Vera Ruiz, del Juzgado de Garantías 3.

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Los abogados Carlos Daniel Alarcón, y Karina Almeida Marcelo Riveros, en representación de Lourdes Sosa Cuevas, funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología de Normalización y Metrología (INTN) presentó querella adhesiva por los delitos de resistencia, coacción y coacción grave contra el abogado Walter Ramón Acosta, quien agredió brutalmente a la mujer.

La presentación se hizo ante el juzgado penal de garantía de Santa Rita, departamento de Alto Paraná, que deberá admitir la querella adhesiva presentada por la víctima del grave hecho. Una vez admitida la querella, la víctima podrá proponer diligencias investigativas en el presente caso.

Acosta está imputado por resistencia, coacción y coacción grave luego de la agresión a la funcionaria de la INTN Lourdes Sosa. El hecho se había registrado hace dos semanas en una estación de servicios, ubicada en la localidad de Tavapy, departamento de Alto Paraná. La fiscala Rocío Celeste González había imputado al agresor, quien se mantuvo prófugo de la justicia hasta que un tribunal de apelación, integrado por Efrén Giménez, Raúl Insaurralde, y Marta Acosta, eximió de prisión al abogado Acosta, fallo judicial que fue sumamente criticado por la sociedad y diversos sectores políticos.

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Igualmente, el Senado decidió hoy miércoles presentar una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en contra de los camaristas mencionados por levantar la orden de captura del abogado Acosta.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Santander pidió al presidente de la Corte César Diesel y a los demás integrantes del Consejo de Superintendencia de la máxima instancia judicial que inicie un sumario contra el abogado Walter Acosta, imputado por coacción, coacción grave y resistencia.

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El director ejecutivo de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), Nelson Peralta, resaltó que la media sanción lograda para la modificación de la Ley de Patentes que el pasado martes aprobó la Cámara de Diputados es producto de un trabajo conjunto que llevaron adelante la organización, la Agencia Nacional de Transporte, legisladores de ambas cámaras del Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo.

En comunicación con La Nación/Nació Media, resaltó que desde el inicio del diálogo en la búsqueda de la modificación de la Ley que entró en vigencia en diciembre pasado han mantenido constantes reuniones y diálogos tanto con el presidente del Congreso, Basilio Núñez, como con diputados y senadores. Incluso, destacó que ya se conversó con el presidente de la República, Santiago Peña, y sus asesores, a fin de dar celeridad a su tratamiento, aprobación y finalmente promulgación.

“Esperamos que el Senado pueda tratarla esta semana y de ser posible aprobarla, de tal modo que antes del 31 de marzo el presidente de la República pueda promulgar la nueva Ley modificada. Esto, teniendo en cuenta que hay municipios en los que este 31 de marzo ya vencen las patentes. Entonces, con los nuevos precios los ciudadanos podrán acercarse a pagar”, precisó.

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Nelson Peralta resaltó que desde la organización están conformes con lo resuelto por la Cámara de Diputados, que aprobó esta semana las modificaciones que habían planteado a la legislación que entró en vigencia en diciembre del año pasado. Indicó que desde la Opaci han trabajado en la elaboración de las modificaciones.

“Nosotros habíamos elaborado una propuesta que decía que el costo más bajo no podría ser inferior al 0,4% del jornal mínimo,y que el porcentaje máximo no debería superar el salario mínimo vigente. Esto fue lo que finalmente ellos sacaron de lo que nosotros presentamos”, explicó.

Remarcó que con el equipo técnico de la Opaci, junto al equipo técnico de la Agencia Nacional de Transporte, se reunieron con los miembros de la Comisión de Asuntos Municipales, además del vicepresidente primero Marcelo Salinas y los miembros de los consejos departamentales de intendentes municipales, para acordar los puntos que fueron tratados y modificados por el plenario en la sesión ordinaria del martes pasado.

Peralta destacó que en la nueva ley que está siendo estudiada por el Congreso se establece, en uno de sus artículos, la instalación de un ente de control que deberá velar por el cumplimiento de la Ley, que es la Agencia Nacional de Tránsito.

“Anteriormente no existía una institución que controlara a los intendentes para el cumplimiento de la Ley. Ahora es la Agencia la que estará a cargo de los controles, y esa ley con media sanción, si es que no la modifica el Senado, dice que el intendente que expida incorrectamente una habilitación o una patente será multado con un jornal mínimo diario por cada habilitación mal concedida”, precisó.

Respecto a la Agencia Nacional de Transporte, señaló que es la que está integrada con la presidencia de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, que delega en el director general, rango de viceministro de Transporte. Cuenta con una junta o consejo nacional que integran además de la titular del MOPC; sus pares, los ministros del Interior, Salud Pública, Educación, los intendentes de Asunción y Guarambaré, el titular de Opaci.

El director Ejecutivo de la Opaci resaltó que con estas modificaciones que se están introduciendo, los costos de las patentes van a bajar, ya que al principio se establecía el 0,5 % sobre el valor imponible y ahora se estableció el 0,3 % sobre el valor imponible.

“En algunos municipios se les fue verdaderamente de las manos, llegando a cobrar G. 50.000 por la patente de un auto 2015 o 2020, eso no correspondía, pero lo hicieron. Ahora deberán cobrar conforme al valor imponible”, precisó.

Finalmente, indicó que una vez promulgada esta Ley con sus modificaciones, desde la Opaci ya cuentan con un programa que les permitirá a los municipios hacer los correspondientes cálculos de acuerdo al vehículo que solicite su habilitación. Precisó que a los 264 municipios del país se les entregará el programa que tiene cargado todas las marcas de los vehículos, modelos, años, procedencia; además si tiene 4 puertas, 2 puertas, es naftero, diésel, eléctrico o híbrido.

“Cada vehículo tiene un costo diferenciado y nosotros desde la Opaci vamos a entregar este programa a cada municipio, donde al introducir los datos de la cédula verde, ya le estará diciendo cuánto es su impuesto a la patente. Nosotros ya tenemos todo preparado, estamos esperando que se apruebe. A partir de ahí, queda a cargo de cada intendente cobrar el monto que se le indica. La Agencia Nacional de Transporte se encargará de controlar el cumplimiento de la Ley”, concluyó.

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