Un tribunal de apelación, especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, confirmó la condena de 31 años de cárcel para Laura Villalba, condenada por terrorismo, asociación terrorista, detentación y violación de la Ley de Armas. La condenada, enfermera del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) es hermana de Carmen Villalba, líder de este grupo criminal.
Ahora, la defensa de la condenada tiene la posibilidad de poder apelar el presente fallo y en caso de ser así será la Corte Suprema de Justicia la que tendrá la última palabra sobre si confirma la condena contra la hermana de Carmen Villalba o dispone que se realice un nuevo juicio oral y público.
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El Tribunal de Sentencia especializado en Crimen Organizado, quien condenó a Laura Villalba, está integrado por María Luz Martínez, como presidenta; Dina Marchuk y Federico Rojas. Mientras que los fiscales del caso fueron Lorenzo Lezcano, y Federico Delfino.
La hermana de Carmen fue detenida en el mes de diciembre del 2020 y según las investigaciones, la misma estuvo presente en el tiroteo registrado el 20 de noviembre del 2020, entre el EPP y miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, ocurrido en Cerro Guazú, Amambay.
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Imedic: confirman condena de 4 años de cárcel para Patricia Ferreira
El Tribunal de Apelación en lo Penal confirmó la condena de 4 años de cárcel para la presidenta de Imedic S.A, Patricia Ferreira Pascottini y 4 años de pena privativa de libertad para la directora general Nidia Godoy. Así también, se confirmó la absolución del tercer acusado, el despachante de Aduanas Néstor Ramírez. El Tribunal está conformado por los jueces José Waldir Servín, Delio Vera Navarro y Cristóbal Sánchez.
La Cámara de Apelación señala que la pena de 4 años de cárcel impuesta a Ferreira y Godoy son las adecuadas para el caso en particular. El colegiado ha llevado a cabo, en forma efectiva, el proceso de individualización de las penas impuestas, que deben ser útiles y justas, pues se adecuan a las particularidades del caso concreto. Esto atendiendo al marco penal establecido para el hecho punible realizado, y además, se halla dentro de los límites del grado de reproche y conforme a los fines preventivos” indica parte de la resolución de segunda instancia.
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En octubre del 2024 un Tribunal de Sentencia condenó a Patricia Ferreira y Nidia Godoy a la pena privativa de libertad de 4 años de cárcel, luego de ser encontradas culpables por los delitos de producción de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamento de dudosa procedencia a nuestro país.
Los jueces de sentencia mencionaron que “se ha producido la falsificación de las facturas, así como también se falsificaron las guías, que decía país de origen Brasil, pero los documentos originales presentados como pruebas indican que los medicamentos provienen de China, la India y México, y una de Colombia. Hubo una manipulación de los representantes de Imedic”.
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Vínculo narco: fijan para el 23 de abril el juicio oral contra Arnaldo Giuzzio
El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Adriana Planas, Mathias Garcete y Yolanda Morel, fijó para el 23 de abril el juicio oral y público para el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, acusado por cohecho pasivo agravado por recibir favores del supuesto narcotraficante detenido en Brasil Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.
Días atrás, el Tribunal de Apelación rechazó la recusación presentada por el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio contra los integrantes del Tribunal de Sentencia especializado en Delitos Económicos, Matías Garcete y Adriana Planás.
La chicana fue promovida en su momento por el abogado Emilio Fúster, el pasado 14 de marzo. El exfuncionario de confianza del gobierno de Mario Abdo Benítez está acusado por cohecho pasivo agravado por presuntos vínculos con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, quien se encuentra detenido en Brasil.
El Ministerio Público había solicitado al tribunal de sentencia que sea incluido como prueba los datos extraídos del celular del narcotraficante brasileño Lindomar Reges Furtado, asociados con Marcus Vinicius Espíndola y que se había fugado de un operativo en Hernandarias, en 2022.
Antecedentes
La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del 2023 por los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce, quienes argumentan que el también exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius de obtener contratos con el Estado paraguayo, concretamente con el Ministerio del Interior, que Giuzzio lideraba hasta febrero del 2022.
El Ministerio Público construyó su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marcus Vinicius. Entre las pruebas presentadas por los agentes se menciona también que Giuzzio usó una camioneta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre de 2021 y enero de 2022.
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Condenan a solo dos años de cárcel a distribuidor de droga
El Tribunal de Sentencia en mayoría, integrado por los jueces Olga Ruíz, Celia Salinas y Víctor Alfieri, condenó a solo dos años de cárcel con suspensión de la ejecución a Ricardo Daniel Guerrero, quien es considerado uno de los principales distribuidores de droga en el barrio San Jerónimo y que sería uno de los integrantes del clan Rotela.
Los jueces de sentencia que votaron por la leve condena son Olga Ruiz y Celia Salinas, mientras que el magistrado Víctor Alfieri voto por una condena más elevada atendiendo a la gravedad del hecho acusado.
Las magistradas en mayoría hicieron lugar a lo planteado por la defensa y cambiaron su conducta al carácter de cómplice, es decir bajo el artículo 30 del Código Penal, haciendo hincapié en su condición de adicto a las drogas, por lo que solo condenaron a dos años de cárcel.
Acusación
En la acusación, el Ministerio Público detalla que en marzo de 2023, Guerrero fue detenido en un procedimiento efectuado por agentes de la Secretaría Nacional de Antidrogas (Senad), en el barrio San Jerónimo de Asunción. Al momento de su captura tenía en su poder 262 gramos de cocaína y dinero en efectivo, totalizando 10.000.000, entre otras evidencias, las cuales sustentaron la hipótesis fiscal de que se dedicaba a la comercialización de sustancias estupefacientes.
Durante la etapa de juicio oral, el fiscal Andrés Arriola presentó todos los elementos de prueba que sustentan la responsabilidad del acusado y se pidió la pena de 7 años y 6 meses de cárcel.
El fiscal sostuvo que el argumento de adicción de la defensa no fue documentada en la carpeta por lo que llama la atención la sentencia leve del acusado. Además de la suspensión en la ejecución de la condena, el colegiado ordenó la devolución del dinero en efectivo que fue incautado al momento del procedimiento, actualmente depositado en cuenta de la Senabico.
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Condenan a 15 años de cárcel a Rafael “Mbururu” Esquivel por abuso sexual en niños
Tras un juicio oral y público, un tribunal de sentencia condenó a 15 años de cárcel a Rafael “Mbururu” Esquivel luego de ser encontrado culpable por abuso sexual en niños, cuya víctima fue una niña de 12 años de edad. La fiscala del caso fue Vivian Coronel.
El colegiado sostuvo que se pudo probar la responsabilidad del acusado en el grave hecho sucedido. Agregaron que la cámara Gesell resultó de vital importancia para poder llegar a la verdad.
Ahora, la defensa del condenado tiene la posibilidad de poder apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación de Alto Paraná el que deba decidir si confirma la sentencia condenatoria.
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Antecedentes
El proceso es por el supuesto hecho de abuso sexual en niños, en carácter de autor. En la misma causa, la madre de la víctima también fue acusada, en calidad de cómplice. El antecedente indica que el hecho habría ocurrido entre junio y julio de 2019, en el interior del motel Samoa del barrio San Miguel de Ciudad del Este, hasta donde fue llevada la víctima por el presunto agresor, con el consentimiento de la madre.
Supuestamente, la propia madre habría ordenado a su hija para acompañar a Rafael Esquivel hasta el referido lugar, donde se produjo la agresión sexual, pero el hecho se conoció recién el 7 de marzo de 2023 cuando la Defensoría Pública de la Niñez y Adolescencia informó a la Fiscalía sobre un supuesto caso de proxenetismo, del cual había resultado víctima la menor y siendo supuesta responsable su propia madre.