Al menos dos allanamientos se realizaron entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, en prosecución de una denuncia de abuso sexual que había ocurrido hace aproximadamente un mes en el interior de la penitenciaría de Itapúa.

Una de las intervenciones fue justamente en el Centro de Reinserción Social (Cereso), a cargo de la agente fiscal Rocío Valdez, quien encabezó el procedimiento en el cual se ingresó al interior de la penitenciaría, específicamente en una celda del Pabellón A Alta. Allí guardan reclusión, entre otros dos, C. G. T., sindicado como el autor del abuso sexual de su hijastro.

Durante el procedimiento, se incautaron de siete sim card de diferentes líneas, un cuaderno universitario de anotaciones, ocho armas blancas de fabricación casera. Tras culminar el procedimiento, la fiscal indicó que el hombre negó los hechos.

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También se realizó una constitución, en el marco del allanamiento de la casa donde reside el niño, buscando a sus hermanos para tratar de resguardarlos, considerando que también podrían ser víctimas. Sin embargo, no se pudo dar con ellos, ya que se tuvo conocimiento de que los niños, junto a su madre, abandonaron la casa poco antes de la llegada de la comitiva fiscal-policial, que estuvo acompañado de la Defensoría de la Niñez e incluso del Minna.

La Fiscalía está buscando a los demás hermanos del niño abusado, debido a que existe presunción de que los otros hermanos también podrían ser víctimas, ya sea de maltrato o de abuso. En total son siete hermanos, pero no fueron encontrados en la casa, explicó la fiscal al término de la intervención.

“La familia es oriunda de Ciudad del Este, pero hace 5 años residen en el lugar. Se presume que serían 7 hermanos, de los cuales dos serían hijos del sindicado”, aseguró la fiscal del caso. Sobre el estado de salud del niño, la fiscala se interiorizará con los médicos, indicó.

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Desde el Ministerio de la Niñez confirmaron que la casa allanada pertenece a la madre del niño. Si bien eran de Ciudad del Este, la familia se mudó para que la señora pueda visitar s su pareja en la penitenciaría.

Este miércoles 27 de noviembre se llevará a cabo la audiencia preliminar para el cantante Pablo Benegas, quien soporta proceso penal por los delitos de abuso sexual en niños, coacción sexual, proxenetismo, violación y pornografía infantil. La diligencia judicial se desarrollará ante la jueza Penal de Garantía, Cynthia Lovera, quien definirá si el caso se eleva a un juicio oral y público.

La representante del Ministerio Público, Alejandra Savorgnan, presentó acusación y pidió que el cantante Pablo Gabriel Benegas Masi enfrente un juicio oral y público.

La acusación fiscal revela que el 9 de noviembre de 2023, Benegas desde su casa solicitó el servicio de transporte de plataformas para trasladar a dos hermanas de 11 y 16 años desde Pelopincho hasta su domicilio particular. Igualmente, menciona el escrito que el acusado les hizo consumir droga sin que ambas víctimas se dieran cuenta para dormirlas y luego comenzar a desvestirlas y les filmaba totalmente desnudas.

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Igualmente refiere el escrito del Ministerio Público que se produjeron los hechos punibles de abuso sexual en niños, así como coacción sexual y violación. También se registró el tipo penal de pornografía relativa a niños y adolescentes y proxenetismo, ya que supuestamente entregó G. 500.000 a la niña.

El Ministerio Público ofreció a 36 testigos, más tres dictámenes periciales, varias pruebas documentales, un CD con la declaración de las víctimas en cámara Gesell y otros elementos más de prueba.

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La fiscal María Isabel Arnold sostuvo la acusación en el juicio oral por proxenetismo y abuso sexual en niños, obteniendo una alta condena contra tres de los acusados y sentando así un precedente sumamente importante para la justicia paraguaya en casos relacionados con el abuso sexual y explotación contra niños en situación de calle, afectando gravemente la vulnerabilidad de la víctima.

En este caso fueron condenados: Jorge Manuel Simberli por el hecho punible de abuso sexual en niños, a 22 años de pena privativa de libertad, y la señora Ninfa Ramona Servín Valdez por los hechos punibles de abuso sexual en niños y el hecho punible de proxenetismo, a 13 años de pena privativa de libertad.

Por la violación del deber de cuidado o educación, la madre del niño C. A. S. V. fue condenada a 3 años de pena privativa de libertad, según el marco normativo vigente, atendiendo a que sabía de que su hijo se encontraba en situación de riesgo, pero no hizo nada para denunciar, ni para protegerlo.

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Según el informe fiscal, la víctima es un niño de 12 años, que vendía golosinas en la calle, quien manifestó que la ahora condenada Ninfa Servín abusaba sexualmente de él, al tomarle imágenes de contenido pornográfico, y que, además, ofrecía al menor a los choferes de larga distancia para mantener relaciones sexuales. Tanto Ninfa como el menor de edad eran ofrecidos, entre otros hechos registrados.

La fiscalía tomó conocimiento de esta situación de vulnerabilidad, y en el momento de la intervención se constató que realmente el niño estaba en situación de calle y estaba siendo explotado tanto por la mujer de nombre Ninfa, identificada por la Fiscalía como también por Jorge Simberli.

El niño manifestó que Jorge Simberli en una ocasión llevó a la víctima a la plaza Uruguaya, donde abusó sexualmente de él y a la vez cuatro personas adultas observaron el abuso del niño, estos hechos de abuso fueron filmados por el procesado Simberli.

Con la investigación y la inspección física médica del niño se constataron los hechos relatados, y los informes coinciden plenamente en todos los relatos realizados por el menor de edad, también la declaración en cámara Gesell realizada fueron demostradas en el juicio oral.

Debido a las características de la situación y la gravedad de los hechos, las penas máximas en este caso significan en gran medida la única manera de actuar que corresponde, ya que la víctima deberá de afrontar un largo camino para su recuperación tras lo acontecido.

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La jueza de Crimen Organizado, Rosarito Montanía, fijó para el 5 de diciembre, a las 09:00, la audiencia preliminar para el pastor José Insfrán, acusado por hechos punibles relacionados al narcotráfico en el marco de la investigación del operativo A Ultranza Py.

En la diligencia judicial se definirá si el caso se eleva a juicio oral y público, así como pidió el Ministerio Público en su requerimiento conclusivo. El fiscal Deny Pak fue quien presentó la acusación, solicitando que el caso se discuta en un juicio oral y público.

De acuerdo a una parte de la extensa acusación, Insfrán Galeano creó varias empresas con dinero producto del narcotráfico, que fue ganancia obtenida por su hermano Miguel Ángel Insfrán, alías Tío Rico, para abrir varias cuentas bancarias y así acceder a créditos para blanquear la ganancia que deja el narcotráfico.

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Según la acusación, José Alberto Insfrán Galeano creó empresas con recursos del narcotráfico obtenidos por su hermano Miguel Ángel Insfrán, y así abrió cuentas bancarias para obtener créditos y blanquear ganancias ilícitas mediante una red de documentos falsificados y vínculos en cooperativas y bancos.

También se describe que se crearon varias empresas como Metalúrgica El Porvenir S. A., Barakah S.R.L. y Agroganadera e Industrial Nuevo Horizonte. En ese proceso presentó certificados de trabajo falso con salarios elevados para lavar dinero.

Del mismo modo, la Fiscalía sostiene que Insfrán Galeano cumplía un papel importante dentro de la organización liderada por su hermano Miguel Ángel Insfrán y del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset Cabrera.

Otro punto que se detalla en la acusación es que el pastor Insfrán usó una asociación religiosa como fachada para insertar las ganancias ilícitas en el sistema económico de Paraguay. Esta organización, llamada Centro de Convenciones Avivamiento (CCA), se transformó en una herramienta clave bajo la dirección de José Insfrán, quien asumió su presidencia en 2020. Bajo su liderazgo se realizaron inversiones millonarias en propiedades y proyectos vinculados al CCA.

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