El vicepresidente segundo de la Corte Suprema de Justicia y encargado de la implementación de las herramientas digitales, Alberto Martínez Simón, participó este martes del acto que habilitó el uso del expediente judicial electrónico en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Villa Hayes. Así informó el sitio web del Poder Judicial.
El acto contó con la presencia de autoridades judiciales locales encabezados por la presidenta del Consejo de Administración, Gisella Palumbo, y el representante del gabinete del ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes, Tomás Rocholl.
El ministro encargado del sistema, Alberto Martínez Simón, destacó que el expediente judicial electrónico “es una herramienta que nos proporciona agilidad y transparencia, que desde hoy empieza a funcionar en la ciudad de Villa Hayes”.
Por su parte, el juez Víctor Sánchez, mencionó que “el sistema aporta transparencia, rapidez y economía para las partes, entonces los profesionales pueden acceder a sus causas desde donde estén”. Esta actividad se da en cumplimiento del programa de digitalización de los órganos jurisdiccionales.
La implementación del trámite judicial electrónico para el juzgado de Primera Instancia, contribuirá a una mayor transparencia y celeridad en los procesos judiciales.
La puesta en marcha de esta herramienta digital se enmarca dentro del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025, impulsado por la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de mejorar la gestión jurisdiccional, fomentar la transparencia y adoptar medidas que reduzcan el impacto ambiental derivado del uso de recursos impresos.
Es importante destacar que el equipo técnico de la Dirección General de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (DGTICs) gestiona y supervisa las actividades necesarias para asegurar el cumplimiento de la normativa que regula la implementación de esta herramienta digital.
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Titular de Senad niega compra de equipos para espionaje político
El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, calificó como una falacia la denuncia hecha por el diputado abdista Mauricio Espínola, quien sin argumentos ni fundamentos sólidos acusó a la institución de pretender la adquisición de equipos de escucha telefónica para espionaje político, mediante la entidad binacional Itaipú.
“Ni siquiera se le puede atribuir como a una denuncia porque se basa en supuestos y en futurología que solamente en su mente existe. Habla sin ningún tipo de sustento, pero su equipo político habla en estos términos porque estaban acostumbrados a realizar persecuciones políticas”, sostuvo Rachid, en alusión al caso Seprelad, en que el legislador está imputado por la filtración de datos confidenciales junto al exmandatario Mario Abdo Benítez, y otros siete exfuncionarios ya acusados por la Fiscalía.
Rachid dijo que su gestión apunta a dotar de mayor tecnología a la Senad ante las carencias que padeció la institución en materia de infraestructura bajo el gobierno de Mario Abdo Benítez, situación que contribuyó para la consolidación del Paraguay como una de las principales rutas para el tráfico de drogas con destino a Europa.
“Es inconcebible que una institución como la Senad no tenga soporte tecnológico. Mauricio Espínola habla como un antipatriota, quién no va a querer que una institución del Estado paraguayo cuente con mayores equipos y tecnología, mejores computadoras. Me parece totalmente fuera de lugar que ataquen la independencia, autonomía de una institución que está dando resultado, sus afirmaciones son totalmente fuera de contexto”, refirió el ministro, este miércoles, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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“Se equivocó de punta a punta”
El parlamentario, para sostener su acusación, incluso argumentó que el impasse desatado a finales del año 2024 entre la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA) y la Senad, tenía como principal finalidad la compra de los supuestos equipos de espionaje.
“Si esto fuese una ecuación matemática, el diputado estaría aplazado. Se equivocó de punta a punta, no tiene absolutamente nada que ver. La institución trabaja con diversos países, la cooperación con la DEA es una; la cooperación con la Policía Federal del Brasil es otra; y con la Policía de Investigaciones de Chile es otra. Todas las investigaciones que estos grupos llevan acabo con las cooperaciones son independientes”, comentó.
“Para que Espínola trate de entender, la Dirección de Inteligencia de la Senad no tiene la tecnología de estos grupos. Necesitamos de esas tecnologías para algo nuestro, para algo del Estado, acá no estamos restando, estamos sumando”, acotó Rachid.
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El ministro Víctor Ríos disertó en Congreso Internacional de Derecho Procesal
El ministro de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la Sala Constitucional, Víctor Ríos Ojeda, participó ayer viernes como conferencista en el Congreso Internacional de Derecho Procesal, realizado en Posadas, Argentina. El evento congregó a destacados especialistas de Argentina, Brasil y Paraguay, con el objetivo de analizar los desafíos actuales que enfrenta la Justicia en la región. Así informo el sitio web del Poder Judicial.
Asimismo, mantuvo una reunión con los integrantes del Superior Tribunal de la citada ciudad, donde hizo entrega del informe de gestión 2024 de la máxima instancia, que contiene un resumen de los principales esfuerzos realizados para dar cumplimiento a los ejes de gobierno judicial.
El congreso fue organizado por el Poder Judicial de Misiones y el Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe, bajo el lema “Revalorizando el Derecho Procesal”, en homenaje al profesor Adolfo Alvarado Velloso.
El evento fue declarado de interés judicial en Argentina y permitió debatir sobre las innovaciones y desafíos en la materia, incluyendo las reformas legislativas y el impacto de las nuevas tecnologías en la práctica jurídica de la región.
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Durante la reunión con los miembros del Superior Tribunal, se abordaron los temas centrales del congreso. Asimismo, el ministro presentó los principales logros del gobierno judicial y destacó las metas establecidas para el período 2025 con la entrega del Informe de Gestión 2024 de la CSJ de Paraguay. Subrayó que este informe se presenta como un compromiso de transparencia y rendición de cuentas, reafirmando el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre las acciones del Poder Judicial.
Finalmente, el ministro realizó un recorrido por las instalaciones del Edificio de Tribunales. En la reunión estuvieron presentes la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, junto con los magistrados Cristian Marcelo Benítez, Froilán Zarza, María Laura Niveyro, Juan Manuel Díaz, Ramona Beatriz Velázquez y Jorge Antonio Rojas.
Los juristas argentinos manifestaron su interés en suscribir un convenio marco con la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, con el objetivo de compartir experiencias y fortalecer la colaboración en el ámbito académico y judicial, promoviendo así el estrechamiento de lazos fraternales entre ambas naciones.
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Mesa interinstitucional elabora plan para reglamentar uso de pagaré electrónico
El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, presidió una reunión con representantes del Banco Central del Paraguay (BCP), del Viceministerio de Industria y Comercio (MIC), magistrados y miembros de la Oficina Técnica de Apoyo al Fuero Civil y Comercial, así como de la Oficina Técnica de Apoyo a la Judicatura de Paz con el objetivo de elaborar un plan para reglamentar el uso de títulos de crédito en formato electrónico.
El ministro de la máxima instancia judicial destacó que el Gobierno, a través del Poder Ejecutivo, tiene un especial interés en la implementación de estos documentos en formato electrónico, con el propósito de brindar mayor seguridad y agilizar las transacciones, además de facilitar su ejecución judicial.
En ese sentido, el alto magistrado explicó: “Por eso nos reunimos, con el fin de comenzar a redactar una normativa en abstracto, en conjunto con el MIC y el BCP, para reglamentar debidamente el proceso y evitar inconvenientes en la circulación y materialización electrónica de estos documentos, así como en su posterior ejecución judicial” indicó.
Asimismo, manifestó su satisfacción con los avances logrados y adelantó que se llevarán a cabo nuevas reuniones para dar seguimiento al mecanismo adoptado.
También participaron de la reunión varios camaristas del fuero civil y comercial, entre ellos: Pierina Ozuna, Hugo Garcete, Giuseppe Fossati López, entre otros magistrados. También estuvieron la directora general de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Lic. Rosa Liz chamorro, y el director general de Planificación y Desarrollo, Juan José Martínez. La actividad se desarrolló en el salón auditorio “Dra. Serafina Dávalos” del Palacio de Justicia de la Capital.
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Corte suprema de Brasil votará el miércoles si juzga a Bolsonaro por golpismo
- Fuente: AFP
La corte suprema de Brasil dejó para el miércoles su decisión de juzgar o no a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado, luego de una primera sesión el martes con la inesperada presencia en la sala del expresidente ultraderechista.
El juez Cristiano Zanin suspendió la vista oral hasta el miércoles a las 09H30 locales (12H30 GMT) para “votar” sobre la denuncia de la fiscalía. Según esa acusación, el exmandatario (2019-2022) lideró una organización criminal que planeó impedir la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las elecciones de octubre de 2022.
Bolsonaro, de 70 años, fue el único de los acusados en comparecer en la sala del tribunal en Brasilia para la sesión, retransmitida por televisión.
Ocupó un asiento en la primera fila, delante del estrado de los magistrados, durante las más de seis horas de deliberaciones, que escuchó con semblante serio, constató un periodista de la AFP.
“Se trata de la mayor persecución político-judicial de la historia de Brasil, motivada por deseos inconfesables, vanidades y claros intereses políticos de impedir que participe y gane las elecciones presidenciales de 2026″, escribió previamente el ultraderechista en una nota.
Bolsonaro, que espera competir en las presidenciales pese a estar inhabilitado políticamente, enfrenta una posible pena de unos 40 años de prisión.
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La primera sala del Supremo Tribunal Federal (STF) evalúa si hay elementos suficientes para iniciar un juicio contra él y otras siete personas, señaladas como “el núcleo crucial” de la presunta conspiración. La decisión está en manos de cinco magistrados, entre ellos el poderoso Alexandre de Moraes, considerado un enemigo político por el bolsonarismo.
Bolsonaro fue imputado en febrero por “golpe de Estado”, “tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho” y “organización criminal armada”, entre otros delitos.
La acusación sostiene que la conspiración golpista contemplaba la elaboración de un decreto que justificaría un “estado de defensa” para revisar la validez del proceso electoral, e incluso el asesinato de Lula y del juez Moraes.
El complot no se habría consumado por falta de apoyo de los altos mandos del Ejército, según los investigadores. “La organización criminal tenía como objetivo generar acciones que garantizaran su continuidad en el poder (de Bolsonaro), independientemente de los resultados de las elecciones”, dijo en la vista el fiscal general, Paulo Gonet.
“Contra el expresidente no se halló absolutamente nada”, dijo por su parte su abogado, Celso Sanchez Vilardi, para quien Bolsonaro es el mandatario “más investigado de la historia del país”.
“Juicio político”
La Fiscalía hizo su imputación apoyada en una investigación de la policía. También vincula a Bolsonaro con los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando miles de sus simpatizantes asaltaron las sedes de los tres poderes en Brasilia, una semana después de la investidura de Lula.
El líder de extrema derecha se encontraba en Estados Unidos entonces. “Es un juicio político. ¿Con qué fin? Sacarme del escenario político para el año próximo”.
La defensa había solicitado apartar del caso a tres magistrados, entre ellos a Moraes, pero la corte lo desestimó. Moraes, blanco del supuesto plan de asesinato y al frente de varias causas contra el expresidente, fue cuestionado por tener “interés personal” en el caso.
“El juez pitó en contra antes incluso del inicio del partido. Y además es el VAR, el juez de línea, el técnico y el delantero del equipo adversario. Todo en una sola persona”, dijo Bolsonaro el martes en X. Entre los magistrados que decidirán su suerte también figuran Flávio Dino, exministro de Lula, y Zanin, exabogado del presidente.
Incertidumbre
Bolsonaro está inhabilitado políticamente hasta 2030 por sembrar dudas sobre el sistema de votación electrónica, pero confía en que su pena sea revertida o reducida para poder competir en 2026.
“Por el momento, soy candidato”, declaró este mes, al resistirse a respaldar a otra figura de su espacio político. Compara su situación con la de Donald Trump, quien regresó a la Casa Blanca a pesar de sus problemas judiciales, y espera que el presidente estadounidense ejerza “influencia” a su favor.
La incertidumbre sobre su futuro judicial y político ocurre mientras el izquierdista Lula, de 79 años, se muestra ambiguo sobre sus intenciones de aspirar a la reelección, en medio de una caída de su popularidad.
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