Una madre acudió hasta la redacción de La Nación para denunciar irregularidades en un caso de abuso sexual infantil. El hecho fue denunciado en el 2021 por el Hospital Acosta Ñu y continúa sin resolverse debido a una serie de negligencias que afectan directamente el proceso judicial, de acuerdo a la denuncia.

El abuso, presuntamente cometido por el tío paterno de la víctima y con la supuesta complicidad del padre de la víctima, está estancado por el manejo irregular del caso y por la falta de acción de las autoridades de Ciudad del Este, donde ocurrió el lamentable hecho.

Entre las irregularidades, la madre cita que la víctima y su hermana (testigo presencial del abuso) participaron de sesiones en el Centro de Atención a Víctimas, pero los informes de estas sesiones nunca fueron entregados a las partes implicadas.

A esto se suma el rol de la psicóloga forense Fátima Flores, funcionaria de la Defensoría, quien fue contratada por la defensa del acusado a pesar de ser funcionaria pública. Esto, a decir de la denunciante, representa un claro conflicto de interés y una razón para solicitar su impugnación.

Según las denuncias, Flores realizó trabajos privados durante su horario laboral, utilizando su posición para favorecer al presunto agresor. Hasta el momento, el pedido de impugnación no fue resuelto.

“Es inaceptable que una funcionaria pública esté involucrada en este tipo de acciones corruptas. Fátima Flores, en lugar de cumplir con su deber de imparcialidad y protección de los derechos de las víctimas, ha trabajado en beneficio del acusado, lo que ha afectado profundamente el desarrollo del caso”, expresó la madre de la víctima.

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Por si fuera poco, la denunciante refiere que la entonces fiscal del caso Vivian Coronel, antes de ser apartada de la investigación, ordenó un estudio del entorno en el que vivía la niña, pero no investigó el ambiente del presunto abusador.

La representante del Ministerio Público solo inspeccionó la residencia de la víctima y la dejó en una situación de vulnerabilidad al no aplicar ningún tipo de medidas preventivas contra el supuesto agresor.

La madre de la víctima sostiene que la inacción de Coronel (cajoneó el expediente por un año) y la negligencia en este proceso, que demanda la máxima sensibilidad y profesionalismo, generaron indignación en la ciudadanía de Ciudad del Este.

El trauma de la niña, que ya ha requerido intervenciones psiquiátricas por la gravedad de su situación emocional, parece haber sido minimizado por quienes debían velar por sus derechos.

A decir de la denunciante, este caso pone en evidencia los graves fallos en la protección de las víctimas de abuso en Paraguay, particularmente cuando las autoridades responsables no cumplen con su rol de defensa. La negligencia no solo agrava el dolor de la familia, sino que perpetúa una cultura de impunidad que beneficia a los agresores.

La menor no solo fue víctima de un crimen atroz, sino también de un sistema que hasta el momento le dio la espalda. La lucha de la familia y de quienes apoyan a la menor continúa, con la esperanza de que las instituciones respondan y la Justicia se haga presente, clama la madre.

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En una sesión extraordinaria la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley que incrementa las penas por abuso sexual infantil. La normativa tiene como objetivo endurecer las sanciones y ampliar tanto las definiciones como las modalidades asociadas a este delito. La propuesta pasa a la Cámara de Diputados.

El proyecto fue presentado por los senadores Lizarella Valiente, Basilio Núñez, Natalicio Chase, Yolanda Paredes y Ever Villalba; bajo el acápite del proyecto de ley es titulado: “Que modifica el artículo 1 de la Ley N° 6002, ‘Que modifica los artículos 128 y 135 de la Ley N° 1160/97 ‘Código Penal’, modificado por el artículo 1º de la Ley N° 3440/08, ‘Que modifica varias disposiciones de la Ley N° 1160/97 ‘Código Penal’ y que amplía la pena sobre el hecho punible de abuso sexual en niños e incorpora otras modalidades de conducta”.

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Al respecto, el senador colorado Derlis Maidana intervino para recordar que el proyecto fue aprobado en general, pero que su estudio particular se había diferido para coordinar con varios legisladores. Señaló que existen diferencias con el dictamen de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud.

Mencionó que el texto propuesto por la Comisión de Legislación establece un aumento significativo de las penas, en línea con el principio de proporcionalidad establecido en la Constitución Nacional, que prohíbe excesos y garantiza la proporcionalidad en la aplicación de penas.

El senador destacó que equiparar el abuso sexual infantil con homicidio doloso podría resultar inapropiado. Además, señaló que, por técnica legislativa, el artículo 128 del Código Penal, que trata sobre coacción sexual y violación, también fue modificado.

Acotó que el proyecto incluye definiciones adicionales y establece la imprescriptibilidad del delito, aunque esta ya está legislada. También se introducen nuevas modalidades relacionadas con el abuso sexual a través de medios tecnológicos, con penas más severas y una regulación ampliada.

A su turno, la legisladora Lizarella Valiente, presidenta de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, destacó que el proyecto aborda vacíos legales y ajusta las penas para que reflejan el daño irreversible causado a los menores.

“Los agresores frecuentemente obtienen la libertad con facilidad para reincidir, y es ahí donde el Estado debe intervenir para prevenir estos delitos. Propongo una pena máxima de 28 años para estos delitos”, enfatizó.

Por su parte, la senadora Yolanda Paredes subrayó la necesidad de modernizar el Código Penal, que está desactualizado. Hizo un llamado a sus colegas para apoyar la versión de la Comisión de Familia, que incluye penas más severas para los agresores. “Se debe tratar el abuso sexual infantil con la misma gravedad que el homicidio, dado el impacto devastador en la vida de los menores”, afirmó.

En la misma línea, el senador Natalicio Chase argumentó que los delincuentes de este tipo no pueden reinsertarse en la sociedad y que el daño infligido a un menor es incluso peor que la muerte. Defendió la aplicación de la pena máxima para evitar que estos individuos vuelvan a cometer delitos.

El proyecto fue ampliamente debatido, con cada legislador expresando su opinión. Finalmente, se aprobó el texto de la Comisión de Familia, y se remitirá a la Cámara de Diputados para su consideración.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

La fiscal Vivian Coronel consiguió altas condenas para un pedófilo y su pareja, como también para los padres de la víctima, una niña que desde los 7 años era entregada a los hoy condenados, para ser abusada sexualmente a cambio de dinero. El juicio concluyó hoy en el Poder Judicial de Ciudad del Este y el tribunal colegiado, estuvo integrado por Diego Duarte (presidente), Gloria Vera y Margarita Martínez.

Los condenados son Vicente Ignacio Verdún Benítez (60), quien recibió una pena de 26 años de prisión y su concubina Rosalba González Meza (25), sentenciada a 10 años de prisión. Ambos fueron encontrados culpables por abuso sexual en niños. Los padres de la menor fueron condenados a 23 años de cárcel cada uno. Fueron hallados culpables por los hechos punibles de abuso sexual en niños y violación del deber del cuidado.

De acuerdo a lo expuesto en el juicio, las agresiones sexuales fueron desde los manoseos a los actos más violentos consumados en varias oportunidades, en una vivienda del barrio 23 de octubre de la capital del Alto Paraná. El último episodio se registró el 30 de enero del 2023, en horas de la noche, según lo sustentado durante el juzgamiento de los acusados.

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En aquella oportunidad, como en otras ocasiones, la víctima fue dejada por su papá en poder del abusador para consumar el acto sexual. A cambio, el progenitor recibió la suma de 50.000 guaraníes de parte del pedófilo. De igual forma, Rosalba González, pareja de Verdún Benítez, manoseaba a la niña. En el caso de la madre de la víctima, tenía conocimiento de lo que ocurría con su hija y no impidió que la violenten.

Tras la denuncia sobre el grave caso, dentro de la investigación realizada por la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes, a cargo de la fiscal Vivian Coronel, Medicina Forense confirmó el abuso después de una inspección de la niña. Igualmente, el Centro de Atención a Víctimas evaluó a la pequeña, ocasión en que la misma relató cómo su padre le entregaba por dinero a los abusadores, según lo desarrollado en el juicio.

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El abogado Guillermo Duarte Cacavelos asumió ayer la defensa del músico Pablo Benegas, imputado por abuso sexual infantil y abuso sexual a personas indefensas, y tras dictarse su prisión preventiva, en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, solicitará la realización de más diligencias investigativas para luego estudiar si corresponde pedir la revisión de medidas alegando que su defendido tiene problemas de adicción.

El defensor de Benegas asegura que el músico enfrenta graves problemas de salud, a consecuencia de su adicción, y que su situación podría empeorar con el encierro. Además, no descartó la posibilidad de solicitar su traslado a un centro asistencial, según reporte de canal Trece.

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Por otro lado, el fiscal Luis Chamorro, quien inicialmente imputó a Benegas e inició varios procedimientos como allanamientos e incautación de evidencias, se declaró incompetente y se apartó del caso, aduciendo que su función es en la Unidad de Delitos Marcarios y su intervención solo fue porque se encontraba de turno. Ahora, la fiscal Claudia Aguilera asume la investigación, según un reporte del canal Trece.

Existe un duro cuestionamiento hacia el Ministerio de la Niñez, institución encargada de la protección de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Esta cartera admitió una falla en el sistema de protección de las niñas afectadas.

Inicialmente, la niña y la adolescente estaban bajo la guarda del Estado a través de la defensoría pública, un error condujo a su entrega a la abuela, quien ya había solicitado apoyo institucional argumentando incapacidad para controlarlas, esto ocasionó que estén en situación de calle y, lamentablemente, desencadenó el presunto abuso sexual.

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