Este viernes se dio a conocer que la jueza contra el crimen organizado Lici Sánchez solicitó a las autoridades de Venezuela la extradición de Mariana Ayala López, Myrian Villalba Ayala, María Rosa Villalba, Claudia Villalba, Tania Caballero Villalba, Viviana Caballero Villalba, sindicadas de ser el brazo logístico del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Actualmente la madre y las hermanas de Carmen Villalba, líder del EPP, se encuentran radicadas junto con 10 niños, quienes serían hijos y sobrinos, en la ciudad de Caracas tras solicitar refugio político al gobierno de Nicolás Maduro.

A la vez se admitió la solicitud del agente fiscal Federico Delfino consistente en avanzar con la captura internacional de las mismas. La solicitud de extradición fue realizada en base a las reglas de reciprocidad y tratados internacionales.

Incluso las mujeres son acusadas de criar y adoctrinar a los menores de edad para luego ser integrados al grupo terrorista. Previo a su instalación en Caracas, el clan se encontraba radicado en Argentina tras haber logrado refugio político durante el kirchnerismo.

Sin embargo, la medida fue levantada en octubre pasado por el gobierno de Javier Milei. “Los requerimientos dirigidos a jueces o autoridades extranjeras se efectuarán por exhortos y se tramitarán en la forma establecida por el Derecho Internacional vigente, las leyes y las costumbres internacionales”, indica la resolución emanada por Sánchez citando el artículo 146 del Código Procesal Penal.

Agrega que “no obstante, se podrán dirigir directamente comunicaciones urgentes a cualquier autoridad judicial o administrativa extranjera, anticipando el requerimiento o la contestación a un requerimiento. En lo pertinente, se aplicarán las disposiciones relativas a los exhortos previstas por el Código Procesal Civil”.

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Igualmente hace mención al artículo 147 del Código Procesal Penal sosteniendo que “lo relativo a la extradición de imputados o condenados se regirá por el Derecho Internacional vigente, por las leyes del país, por las costumbres internacionales o por las reglas de la reciprocidad cuando no exista norma aplicable”.

La resolución de la jueza continua afirmando que “conforme a las disposiciones legales trascriptas, a las constancias de autos, a los antecedentes remitidos por el Ministerio Público esta judicatura considera ajustado a derecho el requerimiento fiscal por el que se solicita librar el correspondiente exhorto a las autoridades de la república bolivariana de Venezuela”.

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La jueza Penal de Garantías, Diana Carvallo, otorgó el arresto domiciliario a Elián López Torres, imputado por lesión grave luego de arrojar una copa de vidrio a la joven Dahiana Benítez, quien a raíz del hecho perdió un ojo. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de revisión de medidas cautelares.

La citada magistrada dispuso la prohibición de acercarse o molestar a la víctima y a los familiares de esta por cualquier medio, la obligación de comparecer a la audiencia preliminar a ser fijada en su oportunidad, la obligación de no cambiar el número de teléfono denunciado en el que el mismo recibirá las correspondientes notificaciones.

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Igualmente se le impuso la obligación de presentar en el plazo de 30 días hábiles, una fianza real y/o personal que cubra la suma G. 150 millones y la promesa del procesado de someterse en forma legal y debida a la presente causa, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento de algunas de las medidas impuestas, estas serán revocadas y sustituidas por la prisión preventiva.

De acuerdo a la imputación del Ministerio Público, el joven había arrojado una copa de vidrio a la víctima, quien acabó perdiendo un ojo luego a causa del impacto de dicho objeto contra su rostro. Por su parte, los familiares de la joven víctima del hecho piden justicia por el grave suceso que se registró y que el presente caso no quede impune.

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La vocera de Gobierno, Paula Carro, informó que el presidente de la República, Santiago Peña, firmó este miércoles el decreto n° 2921, por el cual se aprueba el reglamento para el establecimiento de oficinas consulares, que estarán dirigidos por funcionarios consulares honorarios. Igualmente, designó a los funcionarios consulares honorarios de la República del Paraguay.

Durante una conferencia de prensa convocada desde Mburuvichá Roga, Carro explicó que mediante este decreto se profesionaliza e institucionaliza y le otorga un marco de certidumbre a la carrera del cónsul honorario al servicio que presta.

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Indicó que si bien, las oficinas consulares existen desde hace varios años, no se contaba con un documento que reglamente las condiciones para su instalación, ni se contaba con detalles específicos sobre los requisitos para la designación de los cónsules honorarios.

“Esto es un reglamento general, que comienza a regir a partir de ahora. Esto no significa que van a cesar en sus funciones, aquellos funcionarios cónsules honorarios que ya fueron designados y están dispersos en el mundo. Este decreto reglamentario viene a aportar más certidumbre al proceso de incorporación, estableciendo los parámetros y requisitos para la función”, explicó.

Remarcó que la designación de los funcionarios cónsules honorarios se dará siempre a petición de la Cancillería Nacional, que luego deberá ser apoyada con el decreto del Poder Ejecutivo. Esta petición puede estar basada en los pedidos que presente la respectiva circunscripción que solicite una oficina consular.

Mencionó que este funcionario tendrá una responsabilidad de representar los intereses del Paraguay en el extranjero, dentro del ámbito de las atribuciones que están muy bien definidas en el nuevo reglamento. Además, indicó que implica la contrapartida del Estado paraguayo de establecer unos criterios estándares para la designación del funcionario cónsul honorario.

La vocera Carro remarcó que es importante aclarar que se tratan de unos cargos no remunerados, pero cuya labor es de una naturaleza muy delicada, ya que entre sus principales funciones está el de representar los intereses del Paraguay en el extranjero.

La vocera señaló las principales atribuciones que tendrá el funcionario cónsul honorario: en primer lugar, deberá promover el intercambio comercial, la exportación de productos nacionales al exterior, así como la identificación de oportunidades comerciales para el Paraguay.

“Además, tendrán como responsabilidad brindar asistencia consular a los connacionales dentro de su circunscripción, prestar apoyo a las delegaciones oficiales en su circunscripción, entre otras funciones”, acotó.

Agregó que el reglamento para el establecimiento de oficinas consulares también prevén algunas prohibiciones específicas. Pues las atribuciones y los deberes, así como las responsabilidades de los cónsules honorarios del Paraguay en el exterior, están muy bien definidas en el nuevo reglamento.

“Se trata de un cargo no remunerado, pero representa un alto honor y por ende, es una responsabilidad del Poder Ejecutivo avanzar hacia el establecimiento de estándares para la designación”, mencionó.

• Ser de nacionalidad paraguaya o extranjera, que deberá contar con el consentimiento del Estado receptor.
• Ser mayor de 30 años.
• Residir en la circunscripción de la sede de la oficina consular.
• Contar con los recursos económicos que le permita vivir con independencia y decoro.
• Ejercer una profesión, comercio o actividad honrosa.
• Gozar de reconocida honorabilidad y prestigio
• Contar con la idoneidad necesaria para el desempeño de la función consular.

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El presidente de la República firmó el decreto que reglamenta la ley N.° 6940/2022, la cual establece los mecanismos claros para prevenir y sancionar actos de racismo y discriminación contra las personas afrodescendientes. El mandatario manifestó que la igualdad entre todos los ciudadanos es una garantía establecida en Constitución Nacional.

“Todos los habitantes de la República de Paraguay son iguales en dignidad y derecho y donde no se admiten discriminaciones, entonces nos encontramos que la igualdad es una virtud soberana de nuestro derecho constitucional que gracias a esta lucha que han hecho los afroparaguayos y afrodescendientes hoy tienen un conocimiento tanto de una ley como de una reglamentación con este plan”, expresó el jefe de Estado.

Asimismo, añadió que con esta ley lo que se busca es garantizar la participación plena de las personas afrodescendientes en las distintas instituciones públicas relacionadas con su derecho e incorporar el legado de las personas afrodescendientes en la historia de nuestro país. “Nuestro Gobierno está firmemente comprometido con hacer realidad la garantía constitucional de la igualdad y con luchar decididamente contra la discriminación racial en todas las formas que se presenten”, sostuvo.

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La ley N.° 6940/22 fue promulgada en el 2022, tiene como objetivo prevenir y sancionar actos de racismo y discriminación y se enfoca especialmente en proteger los derechos de las personas afrodescendientes. A través de la misma, se crea el Plan Nacional de Personas Afrodescendientes, que estará administrado por el Instituto Nacional de Estadística.

Además de esto, está prevista la incorporación de la historia afrodescendiente en los programas educativos del país, la implementación de sanciones contra actos discriminatorios, promoviendo un entorno de igualdad y respeto. La reglamentación de esta ley fue posible gracias a la articulación entre diversas instituciones y fue coordinada por la Secretaría Nacional de Cultura.

“Hoy dimos un paso importante hacia un Paraguay donde se respeten los derechos de todas las personas sin discriminaciones, firmando el decreto que reglamenta la ley. Esta normativa establece mecanismos claros para prevenir y sancionar actos de racismo y discriminación contra las personas afrodescendientes. Un país unido y libre de discriminación es un país más fuerte”, expresó el jefe de Estado a través de X.

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