La jueza de Crimen Organizado, Rosarito Montanía, fijó para el 5 de diciembre, a las 09:00, la audiencia preliminar para el pastor José Insfrán, acusado por hechos punibles relacionados al narcotráfico en el marco de la investigación del operativo A Ultranza Py.

En la diligencia judicial se definirá si el caso se eleva a juicio oral y público, así como pidió el Ministerio Público en su requerimiento conclusivo. El fiscal Deny Pak fue quien presentó la acusación, solicitando que el caso se discuta en un juicio oral y público.

De acuerdo a una parte de la extensa acusación, Insfrán Galeano creó varias empresas con dinero producto del narcotráfico, que fue ganancia obtenida por su hermano Miguel Ángel Insfrán, alías Tío Rico, para abrir varias cuentas bancarias y así acceder a créditos para blanquear la ganancia que deja el narcotráfico.

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Según la acusación, José Alberto Insfrán Galeano creó empresas con recursos del narcotráfico obtenidos por su hermano Miguel Ángel Insfrán, y así abrió cuentas bancarias para obtener créditos y blanquear ganancias ilícitas mediante una red de documentos falsificados y vínculos en cooperativas y bancos.

También se describe que se crearon varias empresas como Metalúrgica El Porvenir S. A., Barakah S.R.L. y Agroganadera e Industrial Nuevo Horizonte. En ese proceso presentó certificados de trabajo falso con salarios elevados para lavar dinero.

Del mismo modo, la Fiscalía sostiene que Insfrán Galeano cumplía un papel importante dentro de la organización liderada por su hermano Miguel Ángel Insfrán y del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset Cabrera.

Otro punto que se detalla en la acusación es que el pastor Insfrán usó una asociación religiosa como fachada para insertar las ganancias ilícitas en el sistema económico de Paraguay. Esta organización, llamada Centro de Convenciones Avivamiento (CCA), se transformó en una herramienta clave bajo la dirección de José Insfrán, quien asumió su presidencia en 2020. Bajo su liderazgo se realizaron inversiones millonarias en propiedades y proyectos vinculados al CCA.

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La jueza penal de Garantía, Silvia Carolina Cáceres, decretó la prisión preventiva de Eugenio Sanabria Vierci, imputado por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre por el accidente fatal que se registró en la ruta Luque- San Bernardino.

Sanabria Vierci pasará a estar recluido en la penitenciaria de Emboscada una vez que tenga el alta médica. Asimismo, los médicos del centro asistencial donde está internado el imputado deberán informar del estado de salud al juzgado cada 24 horas.

La resolución se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares, diligencia judicial llevada a cabo en el sanatorio privado.

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La agente fiscal Zulma Benítez imputó por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre a Eugenio María Sanabria Vierci, de 68 años, luego de que el mismo protagonizara un accidente fatal en el tramo de la ruta Luque-San Bernardino. Otro hecho grave fue que el autor del accidente dio positivo al alcotest con 0,622 mg/l de alcohol en sangre.

En el automóvil de la marca Kía Picanto viajaba una familia con cuatro integrantes, tres de ellos fallecieron. Las víctimas fatales fueron identificadas como Osvaldo Darío Jacquet Valdez, de 39 años; su esposa Kristin María Blumenröther, de 40 años, y un hijo de ellos de tan solo cuatro años.

La única que hasta el momento pudo sobrevivir al accidente es la otra hija de la pareja, de 8 años. La niña está internada luchando por su vida en el área de terapia intensiva del Hospital de Trauma. El tercer vehículo es un Hyundai HB20, que estaba al mando de Víctor Ariel Serafini Bobadilla, de 32 años, quien iba acompañado por Eliane Solange Pattender Chena, de 27 años, y Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 57 años, quien falleció en el Hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) Ingavi.

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La justicia hizo lugar al pedido de arresto domiciliario para el canoero Alcides Adorno Insfrán, quien estaba procesado por el suceso en el que padre e hijas fueron encontrados sin vida en el río Paraná. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de revisión de medidas cautelar. Adorno Insfrán estuvo por varios días recluido en la comisaría local para luego ser trasladado hasta la penitenciaria de Ciudad del Este.

El hombre fue detenido por presunta complicidad tras la desaparición de Rafael Ortiz y sus tres hijas, debido a que habría prestado su canoa para que Rafael Ortiz pase al lado argentino. Sin embargo, días después se dio el triste desenlace. Está imputado por presunta violación en el deber del cuidado.

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En la misma causa está detenido Felipe Ortiz Colina, padre del fallecido y abuelo de las niñas, quien sigue detenido, mientras que Adorno Insfrán fue beneficiado con prisión domiciliaria. Con relación al abuelo de las niñas, el mismo sigue privado de su libertad de acuerdo a las informaciones de las autoridades competentes.

En zona de Mayor Otaño (Itapúa) se reportó el viernes pasado el hallazgo de cuatro cuerpos flotando en el río Paraná. Las autoridades iniciaron las investigaciones para corroborar si podrían ser el padre y sus hijas desaparecidos desde el domingo 3 de noviembre pasado. Finalmente se constató el peor escenario.

El capitán Claudio Ramírez, segundo comandante del Área Naval del Este, informó a La Nación/Nación Media que, de acuerdo al reporte que recibió desde la zona del hallazgo, pobladores del lugar divisaron los cuerpos de un hombre y de tres niños, entrelazados, en aguas del Paraná.

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La jueza Delsy Cardozo Ramos, interina del Juzgado de la Niñez y Adolescencia de Presidente Franco, dio a conocer un comunicado, vía Facebook de la Asociación de Magistrados del Alto Paraná y negó haber resuelto un régimen de relacionamiento para el hombre que se arrojó al río Paraná con sus hijas, días atrás.

La referida magistrada aclaró la real situación procesal del caso caratulado: Nancy Mabel Zorrilla Torres y Rafael Ortiz sobre Homologación de Acuerdo (Régimen de Relacionamiento y Asistencia Alimentaria), Exp. N° 703 Año 2024. La jueza informó que aún no dictó sentencia, en atención a que existían diligencias pendientes por realizar.

Asimismo, menciona el comunicado que “el acuerdo fue presentado por la Defensoría de la Niñez de Pdte. Franco ante el Juzgado de la Niñez, con relación a las tres hijas de la pareja Nancy Mabel Zorrilla Torres y el padre de las niñas, Rafael Ortiz. Lamentablemente, poco después de la presentación, se conoció el trágico fallecimiento del señor Rafael Ortiz y de sus pequeñas hijas”.

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En este contexto, la magistrada desea expresar su profunda consternación por la pérdida de vidas tan jóvenes y la difícil situación que enfrenta la familia. Es importante destacar que, hasta el momento, el Juzgado de la Niñez y Adolescencia, a cargo de la citada jueza, no ha dispuesto un régimen de relacionamiento, ni ha homologado el acuerdo de Rafael Ortiz y Nancy Mabel Zorrilla, desmintiendo toda información que diga lo contrario.

Cardozo Ramos reafirma “su compromiso con el bienestar de los niños y la absoluta seriedad con la que se aborda este y todos los casos que se encuentran bajo su jurisdicción y competencia”, termina diciendo la nota de la jueza.

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