El inicio del juicio oral y público por presunto abuso sexual, coacción, coacción sexual y violación del exgerente periodístico de canal 9 Carlos Granada fue postergado por el Tribunal de Sentencia, cuya presidenta es la magistrada Laura Ocampos. El argumento para posponer la audiencia es que se tiene recarga y es por ello que se fijó para los días 7, 8, 9, 10 y 11 de abril de 2025, desde las 8:00.

Inicialmente, la audiencia oral estaba fijada para el próximo 5 de noviembre, pero debido a la recarga de audiencias, la jueza Ocampos volvió a reagendar para abril del próximo año.

De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, varias trabajadoras del Grupo Albavisión (de los canales SNT y C9N) habían denunciado ante la Fiscalía a Granada en mayo de 2022, argumentando que en reiteradas ocasiones las acosó sexualmente.

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En su acusación el Ministerio Público sostuvo que los relatos de las víctimas son coincidentes con los brindados en sede fiscal, así como en oportunidad de la contención psicológica y toma de relatos realizados ante las sicólogas del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público.

Desde el Ministerio Público recordaron que fueron víctimas del acusado seis mujeres, todas periodistas hostigadas con fines sexuales. “En tanto, otras padecieron a actos sexuales mediante la fuerza y tuvieron que soportar estos actos ante las amenazas contra sus fuentes de trabajo”, apuntaron.

Resaltaron que Granada se habría valido de su posición jerárquica e influencias ante sus víctimas subordinadas. El proceso contra el periodista empezó en mayo de 2022 y fue imputado por varios delitos, por lo que, el juez Julián López resolvió enviarlo a prisión, donde estuvo durante varios meses hasta cumplir la pena mínima.

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La fiscala Vivian Coro­nel presentó acusación contra Olga Bogado Cubas, religiosa que presun­tamente mantuvo durante varios meses a una adoles­cente de 16 años en régimen de servidumbre y trabajo for­zado, además de maltratarla física y psicológicamente. Igualmente, el Ministerio Público analiza presentar el requerimiento conclusivo en relación con la procesada Rufina Salinas Acuña.

La investigación del Minis­terio Público señala que Olga Bogado Cubas acogió a la adolescente el 27 de marzo de 2023 en un lugar denomi­nado “Casa de la Reina de la Paz”, ubicado en el barrio Molino de Luque. Esto ocu­rrió después de que la menor fuera captada, bajo engaño, por Rufina Salinas Acuña para una supuesta formación como novicia religiosa en un local conocido como “Nues­tra Señora de Caacupé”, en el km 14 de Minga Guazú..

Desde su llegada a Luque, la víctima fue presumiblemente sometida a un régimen de ser­vidumbre y trabajo forzado durante siete meses. Según los investigadores, Bogado la habría sometido a todo tipo de maltratos, llegando a abofe­tearla y golpearla en la nuca constantemente. Además, la obligaba a besar el suelo hasta cien veces cuando no le gus­taba su trabajo, según la acu­sación.

Asimismo, cuando la joven no cumplía adecuadamente con sus tareas, Bogado la cas­tigaba poniéndole basura en la cabeza o arrojándole tra­pos de cocina que debía lavar, a veces hasta altas horas de la madrugada, dejándole los dedos irritados de tanto fre­gar. Además, la castigaba con un cable de acero y una espá­tula, añade el escrito fiscal.

Durante ese tiempo, la víc­tima era obligada a dormir tarde y levantarse a las 4:00 para realizar todas las tareas del lugar: limpiar, cocinar a leña, salir a vender tortas y pedir limosnas, todo bajo órdenes directas de Bogado, quien le había despojado de sus documentos y prohibido cualquier contacto con su madre.

Posteriormente, el 20 de setiembre, Olga Bogado trasladó nuevamente a la víctima a la zona de Minga Guazú y la dejó a cargo de Rufina Salinas. Esta última finalmente abandonó a la menor frente a su vivienda y le dio instrucciones, amena­zándola para que mintiera a su madre sobre las condicio­nes en las que había vivido en Luque.

El próximo 31 de octubre a las 13:00 seguirá el juicio oral y público para Patricia Ferreira, Nidia Godoy de la firma Imedic SA y el despachante de Aduanas Néstor Ramírez. Los mismos están acusados por producción y uso de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados, por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma que posibilitó el ingreso de medicamentos oncológicos a nuestro país.

La audiencia oral va a continuar con la última parte de la audiencia oral que es la réplica y duplica, palabras finales y luego el tribunal de sentencia ingresará a deliberar la que será la sentencia de primera instancia.

Asimismo, la defensa de los acusados solicitó la absolución de culpa y pena durante la exposición de los alegatos finales y sostiene que el Ministerio Público no pudo probar la responsabilidad de los hechos por los que los acusa.

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El tribunal de sentencia que juzga a los tres acusados está integrado por Laura Ocampos, Cándida Fleitas y Fabián Weinsensee.

El Ministerio Público, durante la exposición de sus alegatos finales, solicitó para Patricia Ferreira la pena de 7 años de cárcel, para Nidia Godoy 6 años de pena privativa de libertad y para el despachante Néstor Ramírez la pena de 3 años de cárcel.

Los fiscales Néstor Coronel y Luz Guerrero mencionaron que los acusados jugaron con la salud de la ciudadanía. Igualmente, los fiscales sostienen que se ha probado que los acusados falsificaron facturas para que puedan ingresar medicamentos a nuestro país sin los controles correspondientes.

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Unidad de Investigación Nación Media

El expresidente de la República Mario Abdo Benítez y varias personas de su entorno cercano siguen evitando someterse a la Justicia por las diversas irregularidades cometidas durante su gobierno. Esta semana, por ejemplo, debía arrancar el juicio al exministro Arnaldo Giuzzio, quien fue beneficiado con una nueva suspensión.

Al menos media docena de exministros y altos funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez están en la mira por numerosas irregularidades cometidas mientras se encontraban en la función pública. Varios de ellos siguen evitando sus procesos judiciales gracias a artimañas varias. El mismo Abdo Benítez, procesado, lleva varios meses paralizando el proceso que pesa en su contra por filtraciones de secretos a punta de chicanas.

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El exministro todopoderoso del gobierno de Mario Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, tuvo tres meses más antes de afrontar el juicio por sus vínculos con el capo mafioso brasileño Espíndola Marqués. Las audiencias del juicio oral y público debían iniciarse el pasado 1 de julio, sin embargo, fueron postergadas y debían iniciar este martes 22 de octubre.

Pese a los tres meses de gracia que recibió, este lunes saltó a la luz que el Tribunal de Sentencia que debe entender en la causa de Giuzzio, postergó por tercera vez el inicio de las audiencias de juicio.

El exministro todopoderoso de Abdo fue acusado por la supuesta comisión de cohecho pasivo agravado en carácter de autor. El narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua llegó incluso a visitar al ex superministro abdista Arnaldo Giuzzio en su domicilio particular, según documentos que constan en poder de la Fiscalía. El capo mafioso le prestó vehículos y realizó trabajos como “cortesía”. En días más, el otrora hombre fuerte del Ejecutivo afrontará juicio.

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Comunicaciones continuas, préstamos de un vehículo para vacacionar, trabajos de cortesía y hasta visitas a su domicilio particular. La investigación del Ministerio Público revela una muy cercana relación entre Arnaldo Giuzzio, exhombre fuerte del gobierno de Mario Abdo, y el supuesto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.

De acuerdo con los documentos que constan en la acusación presentada contra Giuzzio por la Fiscalía, el entonces ministro comenzó a mantener comunicaciones con el narco brasileño en julio de 2021.

Según las investigaciones del Ministerio Público, Giuzzio mantuvo contacto con el presunto narco por más de seis meses, de julio de 2021 hasta febrero de 2022, cuando ya ejercía el cargo de ministro del Interior. Se presume que la intención del brasileño en ese entonces era proveer como “gentileza” chalecos antibalas y vehículos blindados al Ministerio del Interior y, consecuentemente, a la Policía Nacional, como así también “a título gratuito” el alquiler de una camio­neta de la empresa Ombu SA, propiedad de Espíndola.

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Como ya señalamos líneas más arriba, Giuzzio no es el único del entorno cercano del expresidente Abdo con cuentas pendientes en la justicia. Al menos media docena de exministros y altos funcionarios del período anterior están en la mira por numerosas irregularidades cometidas mientras se encontraban en la función pública.

Patricia Samudio, extitular de Petropar, se convirtió en abril pasado en la primera condenada del entorno del expresidente. Samudio, del primer anillo del expresidente Abdo Benítez, fue condenada a 4 años de prisión por el caso agua tónica, que generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución estatal durante la pandemia del covid-19. Su esposo, José Costa Perdomo, fue sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión.

De acuerdo con la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución. El dinero fue a parar en el pago de deudas de su marido, el también condenado Costa Perdomo.

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Joaquín Roa Burgos, exministro de Emergencia Nacional, también cuenta con procesos abiertos por su amistad con un supuesto narcotraficante. Fue imputado en primera instancia en abril de 2021 por los hechos de cohecho pasivo agravado y lavado de dinero, junto con su amigo Alberto Koube, uno de los detenidos en el operativo A Ultranza PY.

En noviembre pasado, la Fis­calía amplió la imputación e incluyó los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. De acuerdo con la imputación, “hay sospechas suficientes de que entre los años 2018 y 2021, Roa había adjudi­cado millonarias licitaciones a su amigo personal Alberto Koube, por un valor superior a G. 16.000 millones, para la obtención conjunta de bene­ficios económicos indebidos a costa de los fondos de la Secre­taría de Emergencia Nacional”.

La Fiscalía imputó al expresidente de la República Mario Abdo Benítez, al diputado Mauricio Espínola, al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui, al extitular de la Secreta­ría Anticorrupción René Fernández y a otras personas más por siete hechos punibles como “revelación de secretos de servicio” y otros.

La imputación presentada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti son por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio (art. 315 del CP), revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (art. 148 del CP), inducción a un subordinado a un hecho punible (art. 318 del CP), denun­cia falsa (art. 289 del CP), simulación de un hecho punible (art. 291 del CP), usurpación de fun­ciones públicas (art. 241 del CP) y asociación criminal.