El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.
Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.
De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.
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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución.
Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.
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Violador serial ya suma tres condenas, esta vez son 12 años más de prisión
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Antolín Vega Florentín, violador serial, recibió su tercera condena y son otros 12 años de prisión, por coacción sexual, violación y robo agravado. El fiscal Osvaldo Zaracho defendió la acusación en el juicio oral que culminó ayer en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este.
El Tribunal de Sentencia, presidido por Flavia Lorena Recalde e integrado por Emilia Santos y Milciades Ovelar, dictó otros cuatro años como medida de seguridad, además del fallo de 12 años. La fiscalía había solicitado 20 años de condena y 5 años de seguridad. Las dos condenas anteriores fueron de 10 y 20 años, por otras causas.
La causa juzgada tiene que ver con el modo de operación del violador citado. Utilizaba un perfil falso en redes sociales para captar a mujeres con interés de trabajar y luego someterlas. Antolín se hacía pasar por una mujer que supuestamente ofrecía trabajo a las jóvenes.
De esa manera, engañaba a las víctimas y una vez que concertaban los encuentros, llegaba al sitio en moto para luego trasladarlas supuestamente al lugar de trabajo. Pero, desviaba el camino para robar y violar a sus víctimas.
En esta ocasión, otra vez utilizando un perfil falso en Facebook, Vega Florentín se puso en contacto con su nueva víctima haciéndose pasar por “Luana” y buscando contratar supuestamente a tres mozos para un evento social. Como la afectada buscaba trabajo, decidió acordar un encuentro con esta persona, sin saber lo que le esperaba.
Luego, el 24 de septiembre de 2022, aproximadamente a las 19:10, Antolín acudió al lugar pactado para el encuentro, en la terminal interurbana de Ciudad del Este, a bordo de una motocicleta marca Kenton, tipo enduro, color negro, con chapa 420 CBO.
Un sometimiento terrible
Al llegar al sitio acordado, Antolín le dijo a la joven que venía de parte de “Luana” y le pidió que subiera a su motocicleta, para trasladarla supuestamente al lugar del evento. En el trayecto, Vega ingresó a la Fracción Carmelita del Este, del km 9 ½ Acaray, a 800 metros de la Ruta PY02. Allí detuvo la moto frente a un patio baldío, debajo de un árbol de mango.
Luego, sujetó a su víctima desde atrás con un cuchillo grande, utilizado para pesca, y le advirtió que se mantuviera en silencio y no hiciera nada, despojándola de su teléfono celular. Acto seguido la golpeó con el mango del cuchillo, le cortó la ropa interior, la pateó en la pierna izquierda y la tiró al suelo, obligándola a arrodillarse.
La presionó varias veces su espalda con el pie mientras le decía: “Una mujer como vos nunca le va a hacer caso a alguien como yo”, y “una mujer con tu cutis no va a hacer caso a gente como yo, pero cuando están en el suelo ya no son nada especial”. Le advirtió que no hiciera ningún ruido, porque si no, le cortaría la lengua con el arma que sostenía.
La sometió sexualmente a la joven y después le dijo que contaría hasta diez para que desapareciera del lugar, amenazándola con matarla si volvía a encontrarla. Ante esta situación, la víctima salió corriendo, pidió auxilio a un vecino antes de radicar su denuncia en la sede policial.
Posteriormente, en el marco de otros hechos similares, Antolín Vega Florentín fue detenido y juzgado en dos juicios orales previos, que resultaron en condenas de 10 y 20 años de prisión. Ahora recibió su tercera condena.
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Cristina Kirchner se queda sin pensión de “privilegio” tras condena por corrupción
El gobierno de Javier Milei ha ordenado retirar la jubilación adicional que venía recibiendo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por su tiempo al frente del país y la pensión derivada de su difunto marido, el antiguo mandatario Néstor Kirchner, al considerar que la ratificación de la condena contra ella por corrupción hace que no sea merecedora de tales pagos.
La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ratificó ayer miércoles la condena de seis años de cárcel e inhabilitación perpetua dictada contra Fernández dentro de la denominada ‘causa vialidad’, en la que se han examinado supuestos fraudes en la concesión de obra pública. Pese a que cabe aún recurso en el Supremo, el Gobierno ha decidido despojarle de ciertos “privilegios”.
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A través del Ministerio de Capital Humano ha resuelto dar de baja los beneficios que le correspondían a Fernández por su etapa presidencial y la asignación personal derivada por pensión. El Ejecutivo ha esgrimido en un comunicado que es “una necesaria consecuencia” por la “indignidad” de su condena por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
“Ahorro”
El portavoz, Manuel Adorni, ha confirmado en rueda de prensa que la expresidenta dejará de percibir 21,8 millones de pesos (unos 21.800 dólares) y ha incidido en el “ahorro” que implica para las arcas públicas. En este sentido, ha afirmado que este tipo de jubilaciones son “un privilegio que no debería existir”, especialmente cuando quien la percibe “está condenada por estafar desde las más altas esferas del poder a millones de argentinos”.
Adorni ha aclarado en su comparecencia que Fernández seguirá recibiendo los pagos del Estado que le correspondan “de acuerdo a sus aportaciones”. El Gobierno argentino ha enmarcado la medida conocida este jueves dentro del “manto de cordura” que el presidente Milei quiere imponer a la gestión pública, apelando además a la “ejemplaridad”. El mandatario ha insistido desde su llegada al poder en la necesidad de reducir al mínimo la administración y recortar el gasto.
Fuente: Europa Press
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Confirman condena por corrupción a la expresidenta Cristina Kirchner
Un tribunal argentino ratificó este miércoles la condena a seis años de prisión e inhabilitación política a Cristina Kirchner, la principal opositora del gobierno de Javier Milei, en una causa por administración fraudulenta que irá a la Corte Suprema y que la expresidenta consideró “un show”.
La Cámara Federal de Casación Penal decidió “condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, en un fallo cuya lectura fue transmitida en directo.
Los jueces rechazaron tanto los recursos de la Fiscalía como los de las defensas, por lo que quedaron confirmadas las mismas penas y absoluciones dispuestas en diciembre de 2022. Kirchner, de 71 años, había sido condenada en primera instancia en 2022 a seis años de cárcel e inhabilitación política perpetua por “administración fraudulenta” en la adjudicación de obras viales durante su presidencia (2007-2015), fallo que ahora fue ratificado por un tribunal superior.
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La expresidenta de centro-izquierda cuestionó en una carta difundida el martes la imparcialidad de los jueces, a los que acusa de ser cercanos a su rival político Mauricio Macri, quien le sucedió en la presidencia entre 2015 y 2019. “La ‘Causa Vialidad’ empezó como un show y va a terminar de la misma manera”, escribió la también exvicepresidenta (2019 y 2023) y consideró que el objetivo del fallo es proscribirla “de por vida”.
En caso de que, como se presume, alguna de las partes apele el fallo, será la Corte Suprema de Justicia la que dé una resolución definitiva a la causa y, al menos hasta entonces, Kirchner no irá a prisión y podrá ejercer cargos públicos.
Aunque actualmente no posee fueros, si su condena quedara firme por resolución de la corte, Cristina Kirchner podría pedir cumplir la pena de prisión en su casa, por tener más de 70 años. Aparte de Kirchner, se confirmó la condena de otros ocho imputados y la absolución de cuatro.
El descargo de Kirchner
El resultado del fallo era el previsto por la exmandataria, que tituló su carta del martes “Los Copitos de Comodoro Py”, en referencia a los vendedores de copos de azúcar acusados de intentar asesinarla en septiembre de 2022 y al tribunal que falló en su contra.
“¿Por qué me condenan ‘Los Copitos de Comodoro Py’? Por un delito que como presidenta nunca pude haber cometido: el de administración fraudulenta en obras viales, aprobadas por el Parlamento en los presupuestos nacionales, licitadas, ejecutadas y pagadas por el gobierno de la provincia de Santa Cruz y aprobada su rendición de cuentas por la Auditoria General de la Nación y el Congreso de la Nación”, escribió Kirchner.
Kirchner se comparó con otros presidentes o expresidentes como Lula da Silva (Brasil), Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador) y Donald Trump (Estados Unidos) y señaló que estos casos “revelan un entramado de sectores e intereses económicos, geopolíticos y mediáticos que acusan y persiguen judicialmente a quienes los desafían con un modelo político, económico y social distinto al status quo”.
Kirchner, quien sufrió un intento de asesinato el 1 de septiembre de 2022, preside desde octubre el Partido Justicialista (PJ), principal fuerza opositora al gobierno del presidente ultraliberal Javier Milei.
Fuente: AFP
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Juez se opone a blanquear a extitutlar de IPS y considera que podrían existir hechos punibles
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, se opuso a desestimar la denuncia por un supuesto perjuicio patrimonial de G 1,7 billones contra el Instituto de Previsión Social (IPS) durante la administración del expresidente del ente Vicente Bataglia. Los fiscales Jorge Arce, Luis Piñanez y Néstor Coronel habían alegado la atipicidad (falta de adecuación de la conducta al tipo penal) de los hechos.
De acuerdo a la determinación adoptada por el juez Otazú podrían existir elementos que constituirían hechos punibles de acción penal pública por lo que se remite las actuaciones a los fiscales intervinientes para que pueda proseguir la presente investigación.
El 31 de octubre pasado, los citados agentes fiscales solicitaron la desestimación de la denuncia formulada por la Contraloría que ha arrimado un informe al Ministerio Público sobre la posible existencia de los hechos punibles de lesión de confianza y estafa.
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Asesor jurídico IPS
Días atrás, el abogado José González Maldonado, director jurídico del IPS lamentó que la fiscalía haya pedido desestimar la denuncia contra el expresidente de la previsional. El mismo fue denunciado por la Contraloría General por un supuesto desfalco de más de un billón de guaraníes entre 2022 y 2023.
González Maldonado explicó que el IPS contrató un equipo auditor que puso a la luz hallazgos importantes que fueron puestos a conocimiento de los fiscales que investigan la causa. “Esas auditorías pusimos a disposición del Ministerio Público, pero que evidentemente no tuvieron en cuenta”, lamentó el abogado.
Agregó que es llamativo que una auditoría del máximo órgano contralor del Estado no haya sido considerada. El reporte final de Contraloría General “es cuanto mínimo un indicio de posible hecho punible”, recordó.
Por otro lado, el director jurídico explicó que el IPS lleva adelante en la actualidad una auditoría sobre numerosas inconsistencias, así como inexistencia de pruebas documentales en la administración de Vicente Bataglia. En ese sentido, recalcó que los agentes fiscales están obligados a tener en cuenta los elementos de cargo y descargo.