El ministro de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la Sala Constitucional, Víctor Ríos Ojeda, participó ayer viernes como conferencista en el Congreso Internacional de Derecho Procesal, realizado en Posadas, Argentina. El evento congregó a destacados especialistas de Argentina, Brasil y Paraguay, con el objetivo de analizar los desafíos actuales que enfrenta la Justicia en la región. Así informo el sitio web del Poder Judicial.

Asimismo, mantuvo una reunión con los integrantes del Superior Tribunal de la citada ciudad, donde hizo entrega del informe de gestión 2024 de la máxima instancia, que contiene un resumen de los principales esfuerzos realizados para dar cumplimiento a los ejes de gobierno judicial.

El congreso fue organizado por el Poder Judicial de Misiones y el Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe, bajo el lema “Revalorizando el Derecho Procesal”, en homenaje al profesor Adolfo Alvarado Velloso.

El evento fue declarado de interés judicial en Argentina y permitió debatir sobre las innovaciones y desafíos en la materia, incluyendo las reformas legislativas y el impacto de las nuevas tecnologías en la práctica jurídica de la región.

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Durante la reunión con los miembros del Superior Tribunal, se abordaron los temas centrales del congreso. Asimismo, el ministro presentó los principales logros del gobierno judicial y destacó las metas establecidas para el período 2025 con la entrega del Informe de Gestión 2024 de la CSJ de Paraguay. Subrayó que este informe se presenta como un compromiso de transparencia y rendición de cuentas, reafirmando el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre las acciones del Poder Judicial.

Finalmente, el ministro realizó un recorrido por las instalaciones del Edificio de Tribunales. En la reunión estuvieron presentes la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, junto con los magistrados Cristian Marcelo Benítez, Froilán Zarza, María Laura Niveyro, Juan Manuel Díaz, Ramona Beatriz Velázquez y Jorge Antonio Rojas.

Los juristas argentinos manifestaron su interés en suscribir un convenio marco con la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, con el objetivo de compartir experiencias y fortalecer la colaboración en el ámbito académico y judicial, promoviendo así el estrechamiento de lazos fraternales entre ambas naciones.

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• Por Juan Marcelo Pereira, juan.pereira@nacionmedia.com.

“Marzo de 1999 constituye un capítulo del pasado que, sin dudas, seguirá en nuestra memoria histórica por muchas generaciones”, manifestó el historiador José Federico Samudio Falcón, al conmemorarse en estos días los 26 años de la crisis política y social marcada por el luto y el despertar del clamor popular en defensa de la democracia paraguaya, que se conoce como el Marzo Paraguayo.

“Por vez primera ocurrieron cosas en distintos ámbitos, que no habían ocurrido hasta entonces. Fue la primera vez que un vicepresidente de la República paraguayo fue asesinado. También, la primera vez que colapsó un gobierno en democracia”, sostuvo al diario La Nación/Nación, haciendo referencia al magnicidio del último caudillo colorado, Luis María Argaña, registrado en la mañana del 23 de marzo, cuando transitaba en la entonces calle Diagonal Molas, de Asunción, en compañía de su chofer y guardia.

Su camioneta Nissan Patrol, de color rojo, que debía transportarlo desde su vivienda en el barrio de Las Carmelitas hasta la sede de la Vicepresidencia, fue acribillado a balazos y se arrojó una granada debajo, que no se detonó; su muerte fue confirmada poco después en el sanatorio Americano.

El ataque contra Argaña dio inicio al evento histórico denominado Marzo Paraguayo, en que se registró una serie de manifestaciones en las plazas y calles aledañas al Congreso Nacional para reclamar la renuncia del mandatario Raúl Cubas Grau, sindicado junto con el general retirado Lino César Oviedo de ser los responsables del magnicidio.

“Fue, además, la primera vez que el pueblo paraguayo pudo comprobar empíricamente, que la supervivencia o el fin de un gobierno podía definirse no solamente mediante golpes militares, como tantas veces ocurrió en nuestra historia, o a través de elecciones. El vigor del clamor popular en las calles, que se descubriría en esos álgidos días entre el 23 y 28 de marzo, también podía jugar un rol definitorio”, indicó Samudio Falcón a La Nación.

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Los lugares en donde se desarrollaron las protestas ciudadanas pasaron a convertirse en territorio de batallas campales, que alcanzaron su máxima tensión el viernes 26 de marzo, con una intensa represión policial, y tiroteos que dejaron como saldo 8 muertos y 769 heridos entre los manifestantes.

La nomina de los fallecidos estuvo conformada por Cristóbal Espínola, Manfred Stark González, Henry Díaz Bernal, Armando Espínola, Víctor Hugo Molas, José Miguel Zarza, Tomás Rojas y Arnaldo Paredes (quien murió un año después como consecuencia de las heridas recibidas durante las manifestaciones).

“Ese marzo con apodo, vive y vivirá en la mente de los paraguayos, como lección de que el sentir de la sociedad paraguaya debe ser tenido en cuenta. No puede ser descartado mediante meros actos de fuerza, trátese de un magnicidio o la salida de tanquetas a la vía pública. Pues, para bien o para mal, cuando la indignación colectiva se siente provocada, sin respuesta a los agravios recibidos y arrastrada a disputas por fuera de la institucionalidad, puede sorprender a propios y extraños con un rugido capaz de hacer temblar las plazas y calles, y con ellas, los cimientos del status quo”, dijo el historiador.

El conflicto cerró por la noche del 28 de marzo, con la renuncia de Cubas, quien permaneció en el poder solo 8 meses para posteriormente partir al exilio en Brasil; y el juramento del senador Luis González Macchi como jefe de Estado. Mientas que Oviedo escapó a Argentina, donde obtuvo asilo político.

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“Estos hechos dejaron bien claro que Oviedo no era tan valiente como presumía, ni tenía el gran respaldo popular del que presumía, sino sólo el de los nostálgicos de la dictadura stronista y los oportunistas de siempre. El marzo paraguayo fue una gesta patriótica de la ciudadanía, cansada de la injerencia de Lino Oviedo en las decisiones del gobierno de Cubas Grau, quien se encontraba constreñido en sus funciones por la fuerte influencia de Oviedo en el Partido Colorado y las FF.AA.”, mencionó el analista político Marcelo Duarte.

“Los gobiernos que se someten a la presión de factores externos opuestos a lo decidido democráticamente por la voluntad popular causan una reacción inversa y directamente proporcional de la ciudadanía contra quienes la provocaron y quienes ceden ante ellas de ahí que Oviedo tuvo que huir del país y refugiarse en el extranjero y el presidente Cubas Grau renunciar”.

Posteriormente, Oviedo retornó al Paraguay, y a prisión, en junio del 2004. En octubre del 2007 fue absuelto de la condena de 10 años fijada en 1997, tras un intento golpista contra el expresidente de la República, Juan Carlos Wasmosy, y en el 2008 en la causa judicial conocida como la Masacre del Marzo Paraguayo. Se postuló, sin éxito, a la presidencia en el 2008 y el 2013. Falleció el 2 de febrero de 2013, en un accidente aéreo.

“El pueblo paraguayo se demora en reaccionar, pero cuando lo hace su fuerza es incontenible, esa es la lección que nos dejó el marzo paraguayo y debe servir de ejemplo a los aprendices de dictadores, sus títeres y a las nuevas generaciones de paraguayos”, sentenció Duarte.

El fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, emitió la resolución por la cual designa a la fiscal titular de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, Nathalia Paola Silva Estechen, como punto de enlace del Ministerio Público ante la Red de Recuperación de Activos del Gafilat (RRAG).

La designación de Silva se da en reemplazo de la fiscal Alma Zayas, quien pasa ser fiscal adjunta.

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“Lo mencionado consiste en una red de intercambio de información para identificar y posteriormente ejercer acción en relación con los bienes que se sospechan están vinculados a actividades delictivas. La información intercambiada es de carácter operativa, generalmente útil para la investigación patrimonial”, refiere el informe emitido por la fiscalía general.

La Rrag es una red de intercambio de información entre países que integran Gafilat, que tiene el objetivo de identificar, localizar y recuperar activos vinculados a actividades ilícitas.

Entre estos objetivos de esta red son; intercambiar información sobre personas, bienes y empresas; cooperar para identificar y recuperar el producto del delito; fortalecer la cooperación internacional; promover el intercambio de información; actuar como un grupo asesor a las autoridades nacionales competentes; compartir las buenas prácticas, conocimiento y experiencias.

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El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, salió en defensa de la actuación de sus fiscales respecto al caso de filtraciones de Seprelad, asegurando que el Ministerio Público trabaja en equipo y que no tiene compromiso político con ningún sector. Dijo que los agentes fiscales Cristian Benítez, y Silvia González, no son personas desconocedoras del tema en cuestión. Enfatizó en que la Fiscalía General no tiene comunicación política con ninguno de los actores involucrados.

En declaraciones a la radio 1020AM, el titular del Ministerio Público se refirió a la serie de críticas y fuertes calificativos que recibió personalmente, así como el equipo de fiscales que presentó finalmente la acusación contra tres exministros y colaboradores del expresidente Abdo Benítez, en el caso de filtraciones de la Seprelad.

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“Me parece muy irresponsables las declaraciones, ya que hemos dado muestras claras a lo largo de nuestra gestión de nuestra intensión de institucionalizar la República. El Ministerio Público es un órgano que debe preparar el caso y sostenerlo en cada una de las etapas. No tenemos compromiso político, no tenemos comunicación política con ninguno de los actores, y simplemente la institución actúa conforme a las evidencias”, enfatizó.

Asimismo, remarcó que cada agente fiscal es independiente para ir concluyendo su caso en la medida que existan las evidencias reales. No obstante, señaló que hoy la Fiscalía se mueve y trabaja en equipo. Al respecto, mencionó que, desde las 17:00 de ayer martes, está con permiso, ya que tiene previsto un viaje al exterior para participar de un congreso.

Explicó que ya desde el 7 de marzo pasado, se le encargó como interina de la Fiscalía General, a la adjunta, la fiscal Patricia Rivarola, sin dimensionar, entonces, los acontecimientos que podría ocurrir posteriormente. Señaló que ya en ejercicio de sus funciones, la fiscal Rivarola nominó a dos personas para encargarse del proceso en cuestión.

“Hoy en día la Fiscalía se mueve en todo lo que es funcionamiento institucional, con equipos de trabajo, el cual muchas veces está compuesto por tres o cuatro fiscales y una serie de técnicos, peritos. Porque la misión es preparar el caso, para sostener la investigación en cada una de las etapas. De hecho, no me es ajeno el trámite porque tengo que saber, y esa es la explicación que tengo respecto a los fiscales”, mencionó.

Afirmó que es muy bueno discutir este asunto, pero en el ámbito jurídico, señalando que no considera relevante, ni determinante que la discusión quede solamente en el ámbito público, que solamente polemiza, antes que aclarar.

“Nosotros tenemos la conciencia clara y tranquila de que se está actuando institucionalmente. Reitero, la preparación de la acusación es objeto de atención por parte de los fiscales, así como por la adjunta que en este momento está operativa. No eludo responsabilidad, simplemente hago una explicación, para que se entienda cómo funciona esto”, acotó.

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