Este lunes 21 de octubre seguirá el juicio oral y público para Patricia Ferreira Pascotini, Nidia Godoy, de la firma Imedic S.A., así como el despachante de Aduana Néstor Ramírez, acusados por producción y uso de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados, por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma que posibilitaron el ingreso de medicamentos oncológicos a nuestro país.
El Ministerio Público, durante la exposición de sus alegatos finales, solicitó para Patricia Ferreira la pena de 7 años de cárcel, para Nidia Godoy 6 años de pena privativa de libertad y para el despachante Néstor Ramírez la pena de 3 años de cárcel.
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Los fiscales Néstor Coronel y Luz Guerrero mencionaron que los acusados jugaron con la salud de la ciudadanía. Igualmente los fiscales sostienen que se ha probado que los acusados falsificaron facturas para que pueda ingresar medicamentos a nuestro país sin los controles correspondientes.
La audiencia oral sigue este lunes con la exposición de los alegatos finales de cada uno de los abogados defensores de los procesados. Ya luego se producirá la réplica y duplica, palabras finales de los tres acusados y posteriormente el tribunal de sentencia que integran Laura Ocampos, Fabián Weinsensee y Cándida Fleitas podrán deliberar lo que será la sentencia de primera instancia.
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Funcionario de la Dinac enfrentará juicio oral y público por narcotráfico
El funcionario de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Wilfrido Miguel Roa Esquivel, procesado por delitos relacionados al tráfico de cocaína, y quien formaría parte de un esquema que se dedica al envío de cocaína vía Aeropuerto Silvio Pettirossi enfrentará un juicio oral y público. Así resolvió el juez Osmar Legal quien elevó el caso a una audiencia oral. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en el Palacio de Justicia.
El presente caso tiene relación con la introducción de una maleta con 19,4 kilogramos de cocaína en un contenedor de equipajes de aeropuerto.
La Fiscalía presentó una acusación contra un grupo de funcionarios y empleados vinculados al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, por su presunta participación en un esquema de tráfico internacional de drogas. El caso se centra en la introducción de maletas contaminadas con cocaína en vuelos comerciales con destino a Europa, utilizando su acceso y conocimiento del funcionamiento del aeropuerto para tal fin.
De acuerdo con la Fiscalía, los acusados, entre ellos Wilfrido Miguel Roa Esquivel y otros funcionarios de la Dinac y de la empresa Longport, aprovecharon sus cargas y accesorios privilegiados para facilitar el envío de una maleta que contenía 19,4 kilogramos de cocaína. Esta sustancia fue descubierta en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas el 26 de febrero de 2023.
Según la acusación, estos funcionarios realizaron desvíos de contenedores previamente escaneados para introducir en ellos maletas contaminadas con cocaína. Este acto ocurrió en zonas restringidas del subsuelo del aeropuerto. Roa Esquivel utilizó su carnet de acceso para ingresar al área restringida, pese a no estar asignado a funciones ese día.
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Fiscala pidió anular absolución de acusados por quema de Colorado Róga
La fiscal Yeymi Adle presentó la apelación contra la resolución de primera instancia que había absuelto de culpa y pena a los procesados por la quema de Colorado Róga. Ahora será un tribunal de apelación el que deba decidir si anula el fallo de primera instancia y ordena la realización de un nuevo juicio oral y público.
Los acusados que fueron absueltos y para quienes se pide un nuevo juicio oral y público son Pedro Areco, Arnaldo Martínez y Enrique Agüero. Los mismos fueron procesados por delitos de producción de riesgos comunes, perturbación de la paz pública, daños a cosas de interés común y daños a obras construidas.
La representante del Ministerio Público señala en su apelación que el fallo de primera instancia adolece de errores en la aplicación de preceptos legales, específicamente, en lo que respecta a la absolución de reproche y pena de los tres acusados y, por otro lado, la valoración arbitraria de las pruebas producidas en el juicio oral.
El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Olga Ruiz, Celia Salinas y Víctor Alfieri, absolvió a Pedro Areco, Arnaldo Martínez y Enrique Agüero, por producción de riesgos comunes, perturbación de la paz pública, daños a cosas de interés común y daños a obras construidas, causa que deriva del incendio de Colorado Róga.
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Operativo Dakovo: acusan a seis personas y piden juicio oral y público
Los fiscales anticorrupción, Jorge Arce, Francisco Cabrera y Luis Said, presentaron acusación contra seis personas investigadas en el marco del operativo “Dakovo”, que desbarató un esquema de presunto tráfico internacional de armas entre Paraguay y Brasil. El Ministerio Público peticionó la elevación de la causa a juicio oral y público.
Los acusados por la Fiscalía son Jorge Antonio Orué Roa, el general retirado Arturo Javier González Ocampo, el coronel Bienvenido Santiago Fretes González, Paulo César Fines Ventura, Rodolfo Rodrigo Samaniego Lezcano y Victorino Gómez Paredes. En esta causa también está procesado Diego Hernán Dirisio, presidente de la firma International Auto Supply S.A.
Los datos del caso señalan que los investigadores iniciaron las pesquisas debido a sospechas de que la empresa paraguaya llamada International Auto Supply S.A., supuestamente estaría vinculada a la importación de una importante cantidad de armas de fuego y componentes de la empresa HS Produkt, de la República de Croacia, armas de fuego que luego fueron incautadas en distintos operativos realizados en Brasil y que estarían siendo destinados al comercio ilegal.
Para el Ministerio Público está claro que el general retirado Orué Roa prestó servicios desde nuestro país a la organización criminal liderada por Dirisio, para el tráfico internacional de armas durante los años 2019 al 2021. Utilizó su influencia como director de DIMABEL para intervenir en procesos administrativos que la empresa IAS se encontraba gestionando, desde requisitos de importación de armas, gestiones que presuntos compradores debían realizar ante el organismo y pedidos de informes que se requería a IAS, todo a cambio de regalos y de pagos, y promesas de pagos de beneficios.
Por su parte, Fines Ventura es miembro de la asociación criminal liderada por Dirisio, e intervino en nuestro país en tareas tendientes a concretar el tráfico de armas de fuego con destino a Brasil, entre los años 2019 y 2021. El mismo intervino en varias ocasiones para concretar ventas a personas afincadas en Brasil y Paraguay, gestionando para el efecto supuestas ventas de armas a paraguayos, que no eran los compradores reales.
Además, Fines Ventura realizó gestiones ante escribanos y directores y funcionarios de la Dirección de Material Bélico (DIMABEL), a fin de que los funcionarios respondan a sus pedidos y realizó pagos y promesas de beneficios, así como entrega de regalos a dichos funcionarios, todo ello a instancias de Dirisio.
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Ycuá Bolaños: hace 18 años víctimas y familiares forzaron nuevo juicio
Hoy se cumplen 18 años del polémico juicio oral y público a Juan Pío Paiva y otros por el incendio del supermercado Ycuá Bolaños en el que fallecieron cientos de personas el 1 de agosto del 2004. Esta es la mayor tragedia civil en la historia paraguaya.
El juicio se desarrolló en el polideportivo del Comando Logístico de las Fuerzas Armadas de Asunción, detrás del Tribunal Superior de Justicia Electoral, atendiendo a la cantidad de sobrevivientes y familiares.
El 5 de diciembre del 2006, cuando se desarrollaba la lectura del fallo de los jueces de sentencia María Doddy Báez, Elio Ovelar y Manuel Aguirre, se generó una batalla campal entre los afectados y los policías. No estaban de acuerdo con los argumentos esgrimidos en primera instancia y reaccionaron arrojando sillas.
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Indignación e impotencia
La lectura del fallo era el final del juicio oral, cuyo proceso comenzó en el 2004 y tardó dos años en concretarse. El juicio inició en agosto del 2006 y en diciembre se hizo la lectura final frente a los sobrevivientes y familiares.
El magistrado de sentencia, Manuel Aguirre, analizó las pruebas de la Fiscalía y de la defensa de los procesados. Luego se cuestionó la acusación del Ministerio Público y finalmente se explicó que la conducta de los procesados fue culposa, no dolosa.
Esta decisión desencadenó la indignación y el repudio de los sobrevivientes y familiares de las víctimas. Un fuerte silbido resonó y un familiar, preso de la impotencia, lanzó una silla hacia los integrantes del tribunal de sentencia. Luego, se sumaron otras víctimas que arrojaron todo lo que encontraron a su paso.
No podían creer que la Justicia solo iba a imponer una pena mínima a los responsables de la mayor tragedia en tiempos de paz en Paraguay. La indignación derivó en un estallido social que se trasladó a las calles.
Víctimas, familiares y ciudadanía en general marcharon sobre las avenidas Eusebio Ayala y Choferes del Chaco, quemaron cubiertas, realizaron una sentata y luego se dirigieron hasta un local de Ycuá Bolaños ubicado sobre la avenida Fernando de la Mora. El entonces Hospital de Emergencias Médicas atendió a más de 50 personas heridas.
Anulación y condena
Tras los incidentes y la suspensión del proceso, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió anular el juicio oral y a su vez apartó a los jueces Elio Ovelar y Manuel Aguirre.
Posteriormente, se realizó otro juicio oral y público donde Juan Pío Paiva fue condenado a 12 años de cárcel; Víctor Daniel Paiva fue sentenciado a 10 años de prisión; el guardia Daniel Areco a 5 años de reclusión y Humberto Casaccia a 2 años y 6 meses.
Actualmente, todos los condenados por el incendio del Supermercado Ycuá Bolaños que dejó 327 fallecidos están en libertad.
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