Una comitiva fiscal y policial realizó el allanamiento de una casa en la ciudad de Loma Plata, departamento de Boquerón, Chaco, donde se incautaron del poder de una persona varios gramos de cocaína que estaban para ser distribuidos en la zona. Asimismo, se incautó dinero en efectivo que ya fue producto de la venta de la sustancia prohibida.

El fiscal que encabezó el procedimiento fue Andrés Arriola, quien ordenó la detención de Víctor Matías Riveros, quien asumió ser dueño de la sustancia incautada en la zona del Chaco. El representante del Ministerio Público convocó a una audiencia indagatoria donde el detenido deberá brindar su versión sobre la investigación.

De acuerdo a la información de los investigadores, el detenido formaría parte de una estructura que se dedica al microtráfico de cocaína en el departamento de Boquerón. Con la aprehensión de Riveros se desarticula una red importante de distribución de cocaína en Loma Plata y el departamento de Boquerón.

Una vez que sea imputado el detenido, el mismo tendrá que ser convocado por un juzgado penal de Garantía que deberá realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si el detenido será trasladado a una penitenciaria de nuestro país.

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En mayo de este año el fiscal antidrogas de Filadelfia, Chaco, Andrés Arriola y los agentes especiales de la Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) procedieron a la detención de una persona que hacía delibery de cocaína a bordo de un automóvil. El detenido fue identificado como Alfredo Omar Pereira Rojas, quien fue imputado por tenencia de sustancia prohibida de estupefacientes y a su vez se pidió su prisión preventiva.

De acuerdo al presente caso, el fiscal tomó conocimiento del supuesto hecho el día 25 de mayo del 2024 siendo las 22:15, a raíz de una llamada telefónica por parte del jefe de la Regional 11 - SENAD Filadelfia, quien comunicó que personal del departamento de Control de la Dirección Nacional Antidrogas Regional Nº 11 Senad se encontraba realizando una patrulla preventiva por la ciudad.

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Bajo la coordinación del fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán Breuer y su colega de Colombia, Adriana Mercado, se reunieron por medio virtual los equipos técnicos y equipos fiscales de Paraguay y Colombia para definir la hoja de ruta y la programación de las negociaciones operativas vinculadas al Equipo Conjunto de Investigación (ECI) del crimen del ex fiscal Marcelo Daniel Pecci Albertini.

La reunión técnica surge como derivación de la reunión entre los fiscales generales de Paraguay y Colombia, desarrollada (por medios virtuales) el pasado martes 10 de setiembre, oportunidad en la que los titulares de ambos entes definieron las prioridades investigativas e instruyeron a sus fiscales la decisión de avanzar en la creación del ECI.

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Los técnicos y los fiscales de ambas instituciones intercambiaron informaciones y consultas sobre cada una de las cláusulas del instrumento de cooperación técnica del ECI, y acordaron los términos preliminares y las pautas de funcionamiento del Equipo Conjunto. Además, acordaron la metodología de trabajo, la agenda programática y otros detalles vinculantes para el cierre del acuerdo internacional.

La próxima reunión técnica operativa fue fijada para el próximo viernes 20 de septiembre, en donde ya podrán definir las pautas finales para la firma bilateral del ECI.

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Mediante un comunicado emitido este jueves, la familia del fallecido agente fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado, Marcelo Pecci, criticó el posicionamiento del Ministerio Público al no permitirles acceder a la carpeta fiscal de la investigación del crimen perpetrado en mayo de 2022 en la isla Barú, Colombia.

“Observamos con profundo asombro y desazón cómo el pedido de tomar intervención en la causa del magnicidio de nuestro hermano Marcelo Pecci nos fue inexplicablemente negado y, sin embargo, poco tiempo después, en otro caso fue otorgado y sin mayores discusiones a la familia del extinto diputado Eulalio Gomes, en la misma etapa procesal”, refieren.

Asimismo, en el documento manifiestan que “¿Por qué a la familia del diputado Eulalio Gomes sí y a la familia de Marcelo Pecci no? ¿Dónde queda el principio constitucional de igualdad ante la ley? Sería lo primero que a un abogado o jurista le vendría en mente. Si fuésemos más exigentes, desde un punto de vista ético, la pregunta que deberíamos hacernos es ¿Solo a los parientes de un legislador se les concede este derecho? Esto, lejos de igualdad, se parece mucho a un privilegio”.

La familia expresa a la vez que “dentro de lo que el dolor permite” trata de examinar “con la mayor objetividad posible” cuál es la fundamentación del órgano extrapoder para el rechazo de la solicitud y de la concesión para la causa que ocupa a la familia del legislador fallecido.

“¿Por qué a ellos sí y a nosotros no? Pareciera ser que al haber sido el doctor Marcelo Pecci simplemente un “común”, tal derecho no se concede por la interpretación supuestamente “estricta” de la norma procesal. Sin embargo, ¿cuáles son las motivaciones para que desde el Ministerio Público se califique la cualidad del concepto de “víctimas” en un sentido en un caso y en sentido diametralmente opuesto en otro?”, indican.

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En el comunicado expresan que “estas preguntas sin respuesta siguen siendo un misterio que genera sospechas, frustraciones, indignaciones y una terrible suposición de que el Ministerio Público ha incumplido por una cuestión de privilegios”.

Ante dichas afirmaciones, en el documento citan el artículo 47, numeral 1, que hace mención a las garantías de igualdad, el cual refiere que “el Estado garantizará a todos los habitantes de la República la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen”.

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El fiscal de delitos ambientales, Andrés Arriola, inició formalmente una investigación por un supuesto caso de caza furtiva de animales silvestres que se habría registrado en la zona de Teniente Irala Fernández, Chaco. Las primeras evidencias recabadas indican que presuntamente agentes de la Policía Nacional tendrían participación en el hecho, dado que incluso se habrían encontrado los animales carneados y colgados en la comisaría de la localidad de Teniente Irala Martínez, departamento de Boquerón.

Arriola dispuso la apertura de la carpeta fiscal, se realizaron las primeras diligencias en este caso e incluso ya se habría identificado a los presuntos autores del ilícito. El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) realizó la denuncia ante Fiscalía tras una investigación sobre el hecho de caza furtiva, a partir de imágenes fotográficas y filmaciones a las que accedió. Varias especies endémicas del Chaco y en peligro de extinción se visualizan en las imágenes que fueron presentadas a la Fiscalía.

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Cabe mencionar que los materiales audiovisuales fueron entregados al Mades, lo que desencadenó una rápida respuesta por parte de la Dirección de Fiscalización Ambiental Integrada, con apoyo de la Dirección de Asesoría Jurídica y Dirección de Vida Silvestre, identificando entre las especies afectadas: Tagua (Catagonus wagneri), especie endémica del Chaco y en peligro de extinción; venado o guasu (Mazama sp.); tapiti boli (Dolichotis salinicola), yacaré (caiman sp), teju guasu (Salvator sp); carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris) y tapir o mborevi (Tapirus terrestris).

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