El juez Osmar Legal revocó las medidas alternativas y decretó la prisión preventiva de Juan Villalba, exdirector de la PMT de Asunción, acusado por violencia familiar. Debido al comportamiento procesal del acusado, el referido magistrado decidió revocar las medidas y ordenar la prisión del acusado.

“El acusado se ha mostrado renuente al cumplimiento de los llamados realizados por este juzgado para el avance armónico del proceso penal, en ese sentido, consta en autos, actos dilatorios realizados por el hoy procesado tendientes a obstaculizar el desarrollo del proceso hoy seguido”, indica parte de la resolución del juez Legal.

En su momento, Villalba fue beneficiado con medidas sustitutivas, como la obligación de comparecer ante el juzgado de forma trimestral, comunicar cualquier cambio de domicilio, prohibición de salir del país sin autorización, de acercarse a las víctimas, entre otras.

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Las fiscalas Fátima Villasboa y Susana González presentaron acusación contra el exdirector de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción (PMT), Juan Villalba, por violencia familiar contra su esposa y cuñada. Asimismo, solicitó este viernes que el caso sea elevado a juicio oral y público, según informó la periodista de Última Hora, Liz Acosta.

De acuerdo con la acusación, el 5 de diciembre del 2023, alrededor de las 4:00, Juan Villalba y su esposa mantuvieron una discusión en el dormitorio debido a que la mujer se opuso a que el sospechoso haga un viaje. Ella buscó impedir que Villalba saliera del departamento, por lo que aparentemente él la agredió físicamente.

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El tribunal de Apelación integrado por los jueces Cristóbal Sánchez, Agustín Lovera Cañete y José Waldir Servín debe resolver si ratifica la resolución del juez penal de Garantía Yoan Paúl López, quien elevó a juicio oral y público el proceso penal por el delito de prevaricato que soporta la exjueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Tania Irún, quien habría entregado 310 mil hectáreas de tierra ubicadas en zona de seguridad fronteriza a empresas que serían de maletín.

La defensa de la exmagistrada Irún recurrió la determinación adoptada por el citado magistrado de Garantía, quien al tener suficientes elementos de prueba y a su vez la contundente acusación del fiscal General del Estado, decidió elevar a juicio oral el caso. Una vez que se destrabe el caso se deberá sortear el tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar a la exjueza Irún. Del mismo modo, se fijará la fecha para el desarrollo de la audiencia oral en la que se expondrán todos los elementos de prueba que se tiene contra la exmagistrada civil.

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En julio pasado, la fiscal Adjunta Soledad Machuca acusó y pidió juicio oral y público para la exjueza en lo Civil Tania Irún, procesada por el delito de prevaricato. Machuca fue contundente al señalar que la exjueza obligó de forma irregular a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial y en consecuencia habría intimado a la parte demandada, a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de los inmuebles ubicados en el Departamento de Alto Paraguay, consistentes en 310.000 hectáreas, aproximadamente, a favor de las firmas, presumiblemente de maletín.

También señala la acusación que “como bien podrá advertirse la entonces magistrada Irún al referirse al cumplimiento de lo previsto en la ley especial N°2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan sólo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del artículo 2° de la ley, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras; afirmando que las mismas no serían oriundas de los países limítrofes, sin embargo en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”, refiere el escrito de la acusación del Ministerio Público.

Asimismo, la acusación refiere que “lo más grave es que en la sentencia no habría ninguna referencia o mención a las circunstancias establecidas en el Art. 4° de la misma ley que establece como requisito legal para aquellos que pretendan ser propietarios, copropietarios o usufructuarios de inmuebles rurales en zona de seguridad fronteriza, que las acciones sean nominativas y no endosables”.

Del mismo modo, la Fiscalía sostiene que “no existirían en el expediente civil constancias; informaciones o verificaciones de dichas circunstancias realizadas por parte de la magistrada Tania Irún al momento de dictar sentencia definitiva, en incumpliendo a la Ley 2532/05, ley especial, por la cual ordenó la transferencia de dominio de los inmuebles ubicados en el Alto Paraguay, a las empresas de maletín”, dice la acusación de la Fiscalía.

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El juez Rodrigo Estigarribia ratificó la prisión preventiva del tarotista Diego Parra, imputado por estafa mediante sistemas informáticos y lavado de dinero. El magistrado decidió mantener la prisión teniendo en cuenta la gravedad de los tipos penales por los que está procesado el imputado.

Parra Arboleda está siendo investigados por hechos punibles graves, que son estafa mediante sistema informático y el lavados de activos en la modalidad de transacciones de tarjetas de créditos fraudulentas, y que posiblemente se habría causado un daño patrimonial al ente financiero emisor de la tarjeta de crédito por un valor en guaraníes que superan presuntamente los mil millones.

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La resolución judicial puede ser apelada por la defensa del imputado y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que deba estudiar si corresponde confirmar el fallo judicial firmado por el juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia.

El tarotista y parapsicólogo Diego Parra, su esposa Karina de Parra y Milka López González fueron imputados por la fiscal Ruth Benítez por estafa, lavado de dinero y otros delitos en el marco de una investigación por el perjuicio de G. 1.800 millones a una entidad financiera.

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Un Tribunal de Apelación Especializado integrado por Arnaldo Fleitas, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni ratificó la prisión preventiva de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del exdiputado Eulalio Gomes, procesado por lavado de dinero y asociación criminal. La defensa del imputado apeló la resolución del juez Osmar Legal, quien había confirmado la prisión de Rodrigues Gomes.

La defensa del imputado pidió que sea beneficiado con arresto domiciliario atendiendo a que otros dos procesados en el proceso penal fueron ya beneficiados con la prisión domiciliaria en el caso conocido como Pavo Real II.

Los camaristas decidieron confirmar la prisión preventiva del imputado argumentando que aún sigue el peligro de fuga y de obstrucción en la investigación, por lo que corresponde que el procesado siga privado de su libertad.

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Actualmente Rodrigues Gomes está privado de su libertad en la cárcel de Encarnación, donde fue trasladado luego de realizarse la audiencia de imposición de medidas cautelares, oportunidad en que se decretara su prisión.

De acuerdo al acta de imputación del Ministerio Público, el establecimiento ganadero Negla Poty, situada en Pedro Juan Caballero, que fue adquirida por Alexandre Rodrigues Gomes, fue usada por este y su padre, Lalo Gomes, para simular actividad ganadera y así acceder a préstamos del rubro para lavar dinero.

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