El procurador general Marco Aurelio González, en compañía del presidente de Cañas Paraguayas S.A. (Capasa), José Ocampos, llegaron este martes hasta el Palacio de Justicia, en Asunción, para dar entrada a una demanda por daños y perjuicios contra abogados que dejaron caducar causas perjudicando así al Estado.
La empresa estatal acusa principalmente a su exabogado Miguel Ángel Peña de presuntamente dejar caducar causas civiles de manera premeditada, causando importantes daños materiales al Estado, por lo que mediante esta demanda exige una indemnización de 5.000 millones de guaraníes más intereses.
“La cadena de corrupción que existía es algo que queremos olvidar y que nunca más se presente. Queremos dar una señal muy fuerte a la ciudadanía de que aquel carnaval de abogados quienes dejaban que sus juicios prescriban en la función pública para repartirse dividendos con los abogados de la contraparte. Nunca más va a suceder”, indicó José Ocampos en conversación con el programa “2 en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Ocampos afirmó que se realizaban acciones que no tenían ningún respaldo dentro de la empresa como, por ejemplo, préstamos a sus propios directivos y que quienes tenían que defender los intereses de la empresa no lo hacían para verse también beneficiados.
El titular de Capasa remarcó que las denuncias afectadas datan inclusive de hace diez años, buscando así cortar con la corrupción de larga data que viene dándose dentro de la estatal con el objetivo claro de limpiar la institución y lograr que se convierta en una marca aún más competitiva y prestigiosa con el sello de calidad y trasparencia que se busca implantar el gobierno de Santiago Peña.
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