La coordinadora del Museo de la Justicia, Rosa Palau, aclaró que el grupo de dirigentes opositores que ocasionó disturbios frente al Poder Judicial, con la finalidad de acceder a la explanada y al Museo de Justicia, no siguió el protocolo establecido para el ingreso, por ende, no contaba con una autorización oficial.

“Ellos no pidieron autorización para ingresar al museo. Habían presentado un nota el pasado 20 de marzo, indicando que querían reunirse y conversar para la entrega del expediente de la causa judicial Rodrigo Quintana y de esa manera dejarlo para su preservación en el museo”, indicó al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Palau señaló que incluso solicitaron a una de las firmantes, de nombre Marlene Orué, acudir previamente hasta el museo con el fin de exponer sus pretensiones y coordinar acciones. “Nosotros no podemos recibir donaciones sin autorización de la Corte Suprema de Justicia. Todo el fondo documental del museo está declarado como patrimonio intangible de la humanidad”, explicó.

Asimismo acotó: “Esto no quita que no queramos en estos 35 años de democracia incorporar otras causas, pero las mismas deben estar finalizadas con sus últimas sentencias, tanto a nivel nacional como a nivel de Corte Interamericana. Pueden ser causas emblemáticas y ser materiales de consultas para los investigadores que visitan el museo. Nosotros no somos archivo”.

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Palau detalló que tras el encuentro con la dirigente opositora se le solicitó remitir una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, argumentando las razones sobre sus pretensiones de querer incorporar el expediente de la causa judicial de Quintana al Museo de Justicia.

Agregó que ayer 31 de marzo, fecha en que acontecieron los incidentes, se marcó un encuentro entre el director del museo, José Agustín Fernández, los padres de Quintana y la dirigente Marlene Orué para las 10:00.

“Llegó la hora y ellos no se presentaron. No estábamos enterados que se armó una manifestación al frente. Dijeron que autoricé el ingreso, pero yo no puedo hacerlo. El mecanismo para el ingreso al museo es mediante un agendamiento, se llama por teléfono, se da una dirección electrónica y los visitantes remiten la lista de personas, el horario, fecha y hora”, contó.

Palau siguió argumentando que “esto se hace con el fin de brindar a los visitantes toda la seguridad y comodidad para realizar el recorrido. No estaba agendada la visita para el número de personas (dirigentes opositores), sí para los padres de Rodrigo y de la señorita Marlene”, dijo.

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En un giro controvertido dentro del caso de Sol Chávez, la joven fallecida por intoxicación con flúuro, un juez dictó una medida cautelar que prohíbe a sus familiares mencionar o acercarse a la odontóloga Lilia Graciela Espinoza, condenada por homicidio culposo. La decisión ha generado indignación en los padres de la víctima, María Edith Franco y José Domingo Chávez, quienes recibieron un oficio judicial que, según su abogado, presenta numerosas irregularidades.

La medida fue dictada tras una denuncia presentada por Espinoza contra la familia de Chávez, amparándose en la Ley 5.777/2016 de violencia contra la mujer. Sorprendentemente, el documento judicial señala a la odontóloga como “víctima”, lo que ha sido fuertemente cuestionado por la defensa de la familia Chávez.

El abogado José Armoa denunció errores graves en el oficio judicial, que van desde incongruencias en los nombres de los involucrados hasta la carátula del documento, donde se menciona un hecho punible de violencia doméstica. “No sabemos si es un error de tipeo o qué, pero un error de esta naturaleza no puede tener esas incongruencias. Lo que más nos llama la atención es que la carátula del Juzgado enuncia un hecho punible de violencia doméstica”, expresó Armoa en declaraciones al canal GEN/Nación Media.

El abogado también explicó que no se puede caratular como “violencia doméstica” un conflicto entre personas que no conviven juntas. En este caso, ni la odontóloga Espinoza ni la química Sandra Hermosa (también acusada por la muerte de Sol Chávez) tienen relación de cohabitación con la familia de la víctima.

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Ante las irregularidades en el documento judicial, la familia Chávez solicita que se investigue al juez José Segundo Velázquez Alfonso, responsable de la medida cautelar. La defensa de la familia destaca que el oficio presenta errores desde el encabezado, mencionando a un jefe policial ajeno al caso, hasta restricciones impuestas a personas extrañas, cuyos nombres fueron corregidos a bolígrafo.

Sol Chávez falleció el 9 de abril de 2021 debido a una intoxicación con flúuro. Tras un proceso judicial, Lilia Graciela Espinoza y Sandra Hermosa fueron condenadas a solo dos años de prisión, lo que generó indignación en la opinión pública. Sin embargo, la sentencia fue anulada, y actualmente se lleva a cabo un nuevo juicio.

La decisión de prohibir a la familia de la víctima mencionar a la odontóloga condenada ha generado un fuerte rechazo y ha reavivado el debate sobre la transparencia y equidad en el sistema judicial. La familia Chávez insiste en que seguirá luchando por justicia para su hija y exige que se revisen las acciones del juez a cargo del caso.

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El senador Derlis Maidana repudió la férrea defensa que ejercen sus colegas de la oposición a favor del exjefe de Estado y líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez, imputado por la Fiscalía por los hechos punibles de asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio.

“Me sorprende la actitud, el nivel de algunos senadores de la oposición sobre este tema, que bajo la supuesta defensa del Estado de derecho hacen todo tipo de ataques, despropósitos y mentiras hacia el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón y su equipo de trabajo”, sostuvo. El senador Gustavo Leite también se refirió al caso y dijo que celebra “que se haya dado la acusación. Esta es una brillante oportunidad de contar su verdad al jurado y a la ciudadanía”.

“Nos vamos a encontrar con municipios colorados, liberales e independientes y no vamos a hacer distinción en ninguno de los casos”, dijo el presidente de la República, Santiago Peña, al anunciar este jueves la pavimentación de 1.000 kilómetros de caminos mediante la firma de un convenio entre el Ministerio de Obras Públicas y la entidad binacional Itaipú.

“Este plan es la combinación de lo técnico con lo político, esta es la combinación que permite que el Paraguay pueda progresar. La conectividad vial es fundamental, esto genera un desarrollo y progreso, principalmente para el sector más vulnerable. La teoría nos dice que las grandes rutas son fundamentales para la exportación y acceso a mercados”, sostuvo el mandatario. El proyecto vial demandará la suma de USD 100 millones.

Esta mañana se realiza una manifestación de médicos del Instituto de Previsión Social (IPS) frente al Hospital Central y frente al Ingavi para exigir un reajuste salarial. La previsional emitió un comunicado anoche en el que hizo un anuncio sobre los reclamos.

A las 7:00 de este jueves empezó la movilización de médicos residentes frente al IPS Central y al Ingavi, según confirmó el doctor Víctor Ibarra, presidente de la Asociación de Médicos Residentes. Antes de esta medida de fuerza entregaron sus reivindicaciones en una nota dirigida a la administración del IPS.

El papa Francisco, de 88 años y hospitalizado desde hace casi cuatro semanas en Roma, cumple este jueves 12 años de pontificado. A continuación, las principales medidas desde su elección, que en ocasiones enfrentaron una feroz oposición interna. La multiplicación de los escándalos por las agresiones sexuales a menores dentro de la Iglesia, desde Irlanda a Alemania, pasando por Estados Unidos y Chile, ha sido uno de sus retos más dolorosos.

Tras un polémico viaje a Chile en 2018 que acabó en una serie de sonadas renuncias y expulsiones, el papa argentino se disculpó públicamente por haber defendido erróneamente a un obispo. En 2019, expulsó al cardenal estadounidense Theodore McCarrick, declarado culpable por abuso sexual a menores. Un gesto notable con el que aplicó la línea de “tolerancia cero”.

La Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) autorizó el uso de una draga privada en Paso Bermejo con el objetivo de mitigar la grave crisis de navegabilidad que afecta al transporte fluvial en el río Paraguay. Según el presidente de la institución, Julio César Vera, esta medida busca acelerar la solución al bloqueo generado por la acumulación de sedimentos.

“Ayer al mediodía autorizamos la operación de la draga Tarumá, ofrecida por el gremio de armadores fluviales y marítimos. Es una draga autopropulsada que puede dragar mientras navega, lo que permitirá trabajar sin interrumpir la circulación de embarcaciones”, explicó Vera al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) recibe hoy al abogado Óscar Tuma, representante legal de la familia del fallecido diputado Eulalio Gomes. Hablarán sobre el financiamiento de la campaña de Mario Abdo Benítez con dinero del exdiputado.

En el tercer punto del orden del día figura la visita del abogado Óscar Tuma a la comisión especial. El punto a tratar, según el documento, dice: “los chats de conocimiento público, que aparentemente guardaría relación con el financiamiento político”.

Se suspendió el juicio oral y público para la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la química farmacéutica Sandra Hermosa, acusada por el fallecimiento de la joven Sol Chávez quien murió por intoxicación por flúor. La audiencia oral se pospuso porque se tiene un recurso pendiente en la Cámara de Apelación, por lo que se espera que se destrabe primero para luego comenzar el juzgamiento.

El abogado querellante, José Armoa, indicó que actualmente la Cámara de Apelación se encuentra estudiando un recurso presentado en contra de la última resolución del Tribunal de Sentencia, por lo que el actual colegiado no cuenta con el expediente y, de ese modo, resulta imposible dar inicio a este tercer juicio oral y público que deberán enfrentar ambas mujeres.

María Edith Franco, madre de Sol Chávez, se encadenó frente al Palacio de Justicia junto a su marido, exigiendo justicia por la muerte de su hija y la aplicación de penas más justas para las acusadas que ocasionaron el lamentable hecho.

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En diciembre del año pasado, el tribunal de Apelación, integrado por Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y José Agustín Fernández, anuló la leve condena de 2 años de cárcel para la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la bioquímica Sandra Hermosa, acusadas por el fallecimiento de la joven María Sol Chávez Franco, de 22 años, quien murió por intoxicación de flúor, el 9 de abril de 2021.

Los jueces señalaron que la sentencia cuestionada “denota claras contradicciones y falta de fundamentación por parte del tribunal de Sentencia en relación con el artículo 65 del Código Penal en cuanto a los fundamentos esgrimidos para llegar a la decisión adoptada, habiendo incurrido la sentencia en vicios consistentes en una fundamentación insuficiente y contradictoria”.

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