Tras la denuncia presentada por una mujer contra Roberto Ariel Díaz González por incumplimiento del deber alimentario desde hace casi 9 meses, hoy la fiscal Laura Guillén informó que están siguiendo el caso y que el hombre se comprometió a saldar la deuda al finalizar el mes de agosto. Alegó que se quedó sin trabajo y que por eso no estuvo respondiendo.

La fiscal Laura Guillén dijo a La Nación/Nación Media que no pueden dar muchos datos del caso porque el Código Penal señala que solo las partes pueden tener conocimiento de la investigación, pero alegó que el acusado se quedó sin trabajo y que por eso dejó de realizar los pagos.

“La señora realizó la denuncia el 14 de junio del corriente en sede del Ministerio Público por supuesto hecho punible de incumplimiento en el deber legal alimentario del hijo que tiene en común con Roberto Ariel Díaz González; en marco de la causa se solicitaron informes, oficios y también una declaración del acusado, que quedó sin trabajo”, detalló la fiscal.

Agregó que no puede dar datos de donde desempeñaba funciones Díaz, pero que nunca tuvo inconvenientes con los pagos hasta que tuvo que apartarse del cargo. “Él reconoció que debía (pagos de prestación) y solicitó que se llevara la causa a mediación, esto se hizo y la mujer no se presentó. En ese momento el señor se comprometió a hacer pago de lo adeudado a fines de agosto”, aseguró.

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Guillén resaltó que ante un incumplimiento del deber alimentario el Ministerio Público debe demostrar el dolo. “En cuanto al dolo tenemos informe de que este hombre se había apartado de su trabajo. En ese sentido, estamos esperando a que concluya el mes de agosto a fin de ver si este señor se pone al día con la prestación de alimentos para tomar una determinación”, dijo a LN.

Afirmó que la señora que realizó la denuncia fue asistida por una abogada particular, a quien se le explicó sobre la situación, además de que recibió la nota para la conciliación. “La causa no quedó en el olvido, debemos comprobar el dolo, en este caso es que la persona se quedó sin trabajo”, refirió.

La fiscal indicó que debe cumplirse el plazo que Díaz propuso para el pago y que en caso de no cumplir con este pago, al finalizar el mes de agosto deberán comprobar si este cuenta con propiedades, bienes o la solvencia para poder efectuar el pago de la prestación alimentaria para su hijo.

“El refirió que se quedó sin trabajo y esto se verificó. A la abogada de la señora se le indicó que se iba a esperar el cumplimiento de la fecha en la que se comprometió a saldar la deuda. En el caso de que el señor no cumpla con lo que había acordado dentro de la mediación será imputado”, aseguró.

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La fiscal informó que ya solicitó informe para comprobar si Díaz no cuenta con automóvil, motocicleta, propiedad, entre otros para demostrar su capacidad económica. “La última posición de la Corte Suprema de Justicia en cuanto al incumplimiento del deber alimentario refiere que el Ministerio Público debe de configurar el dolo que el señor tenga capacidad económica”, puntualizó.

Aclaró que la causa sigue en pie y que se esperan todos los oficios que se diligenciaron y que algunas instituciones ya respondieron. “Necesitamos juntar todos los datos que demuestren que él tiene una capacidad económica real para dar cumplimiento a la sentencia del Juzgado de la Niñez y Adolescencia”, remarcó.

Guillen reiteró que la Fiscalía solo hace el trabajo de investigar si el padre o la madre que está en falta tiene la capacidad física y económica real para dar cumplimiento a esa resolución judicial y que no lo hizo, porque no quiso o demostrar el dolo.

“En este caso, el Ministerio Público tiene la función de investigar que incumplió una resolución judicial, yo no puedo exigir el pago de una prestación, para eso hay otro proceso que se realiza en el juzgado y que es la ejecución de la sentencia que busca obligar al pago”, concluyó. Mientras, el niño, que ya lleva casi 9 meses esperando lo que le corresponde, debe seguir haciéndolo.

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