Por pedido del fiscal Federico Leguizamón se suspendió por segunda vez la audiencia preliminar del rallista Diego Yaluk y su padre Humberto, acusados por estafa, producción de documentos no auténticos y apropiación. La diligencia judicial no se pudo llevar a cabo porque el fiscal Leguizamón presentó un certificado médico justificando su incomparecencia.

El juez penal de Garantías Yoan Paul López fijó nuevamente el trámite para el 19 de setiembre a las 9:30, donde ya se espera que el fiscal pueda comparecer y ratificar la acusación y el pedido de juicio oral de Yaluk padre e hijo.

En este segundo proceso penal contra los Yaluk, el perjuicio producido es de USD 175.000 y la víctima es Guido Ferreira.

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De acuerdo a la carpeta fiscal, el acusado solicitó un crédito a Ferreira, quien realizó el préstamo a través de la sociedad Doña Inés, con la garantía de que la firma de ambos imputados, Parasur S.A., cobraría una suma a la entidad binacional Yacycetá para honrar el compromiso, sin embargo, esto no sucedió y se configuró la supuesta estafa.

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Otra preliminar en puerta

El 29 de agosto se deberá realizar otra audiencia preliminar de Yaluk, su esposa Andrea Ketterer y el padre del primero, acusados por el delito de estafa en la que se estima que existe un perjuicio de G. 17 mil millones. La diligencia judicial se debe realizar ante el juez José Delmás, quien tendrá que definir si el caso se eleva a un juicio oral y público.

Igualmente, existe un tercer proceso, que lleva adelante la fiscal Susy Riquelme y que también está en el juzgado del magistrado José Delmás. Y otro cuarto caso que está a cargo de la fiscal Esmilda Álvarez y el juez Delmás, que tiene como víctima a Juan López Moreira y un supuesto perjuicio de G. 400 millones.

De acuerdo a la imputación, Yaluk ofreció a López Moreira comprar varias facturas que supuestamente estaban pendientes de cobro en Itaipú Binacional, sin embargo, no pudieron ser cobradas por el embargo judicial que pesa sobre Yaluk. La lista de víctimas sería mayor y el perjuicio rondaría los USD 30 millones con base en el uso de cheques sin fondo.

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