El Tribunal de Apelación ratificó las condenas de 2 años y 6 meses de cárcel de Nélida Huespe y de Celina Villalba, encontradas culpables por el perjuicio G. 1.240.971.193 a la Asociación de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay. El desvío del dinero se realizó mediante la expedición de más de 100 cheques en el periodo comprendido entre diciembre del 2014 y marzo del 2015, según se probó en juicio oral.
Ahora la defensa de las condenadas tiene la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia y en caso de ser así, serán los altos magistrados quienes deberán estudiar y resolver si corresponde confirmar las condenas dictadas en primera instancia y ratificada en segunda.
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El tribunal de sentencia, cuyo presidente fue el magistrado Héctor Escobar y estuvo integrado por Federico Rojas y Carlos Hermosilla, condenó a 2 años y 6 meses de prisión a Nélida Huespe y a Celina Villalba, por el delito de lesión de confianza.
Según la condena, las procesadas, en carácter de presidente y tesorera de la Asociación, habrían librado cheques contra la cuenta corriente y extracciones de dinero de la caja de ahorro en reiteradas ocasiones hasta el respectivo vaciamiento de las cuentas.
En su momento el caso fue muy chicaneado por la defensa de las dos acusadas, quienes en todo momento pretendieron evitar que se haga justicia.
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Ratifican prisión del músico Pablo Benegas, imputado por abuso sexual en niños
El tribunal de Apelación integrado por María Belén Agüero, Arnulfo Arias y Arnaldo Fleitas ratificó la prisión preventiva del músico Pablo Benegas, imputado por abuso sexual en niños y abuso sexual en personas indefensa. Semanas atrás, la jueza de Garantía Cynthia Lovera decidió confirmar la prisión de Benegas.
Los camaristas mencionaron que la defensa del imputado no ha presentado elementos nuevos que ameriten la modificación de la medida de prisión preventiva. También mencionaron que existe el peligro de fuga de parte del procesado, por lo que corresponde que siga privado de su libertad.
La jueza de Garantía Lovera ratificó la prisión del músico atendiendo que existe peligro de fuga y peligro de obstrucción, teniendo presente además la gravedad del hecho imputado. Este fallo judicial se apeló y se ratificó la prisión preventiva.
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Antecedentes
El Ministerio Público inició una investigación penal contra el referido cantante por existir sospechas de abuso sexual contra dos niñas y a raíz de eso ambas víctimas tuvieron que ser internadas de urgencia.
El suceso fue denunciado el 10 de noviembre del año pasado por personal de blanco del Hospital Barrio Obrero, hasta donde llegaron las niñas para una atención médica. Las víctimas mencionaron lo sucedido a una profesora del Centro Comunitario Chacarita. Una vez inspeccionadas en el centro asistencial, los médicos constataron que una de ellas tenía cocaína en su sistema, por lo que inmediatamente se dio aviso al Ministerio Público.
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Existen 369 denuncias de lavado de dinero y solo un 5 % tiene condena
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, informó ayer a la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos contra el Patrimonio del Estado, Contrabando y Otros Delitos Conexos sobre la inmensa cantidad de denuncias o carpetas, 369, que existen ante el Ministerio Público con relación a lavado de dinero y resaltó que solo el 5 % tiene condena.
Así informó el senador Gustavo Leite, miembro de la comisión, tras la reunión reservada que sostuvieron con el titular del Ministerio Público.
“Creo que tenemos avanzada la película. Hay 369 carpetas fiscales que tratan de lavado de dinero. Ahora ya sabemos la magnitud del monstruo en los últimos diez años”, indicó el senador Leite.
Luego agregó que, “no hablamos de montos, estamos hablando de delitos penales, lo que sí nos dijo el fiscal general del Estado es que el ratio que ellos tienen es del 5 %, es decir, 5 % llegan a condena”.
Leite agregó que ahora falta investigar si de esas 369 causas potenciales, cuántos reportes de operaciones sospechosas hacen los bancos, cuántos se convierten en carpeta de investigación en Seprelad y cuántas de esas carpetas llegan a la Fiscalía.
DNIT PIDE PLAZO DE 10 DÍAS
Por su parte, el director de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, dijo que existen 6.600 organizaciones no gubernamentales (oenegés) que mensualmente presentan su rendición de cuentas ante la DNIT. Ante la cantidad de oenegés registradas y teniendo en cuenta la reserva legal que tienen para dar algunos datos financieros, Orué manifestó que pidió a la Comisión Antilavado un plazo de 10 días para entregar los informes sobre los montos que manejan estos órganos sin fines de lucros.
Sobre las oenegés, el senador Leite dijo que llama la atención que de 12 mil organizaciones sin fines de lucro que existen en el país, solo unas 6 mil tengan sus documentaciones en regla.
“Nos llama la atención de que el Ministerio de Economía y Finanzas no haya multado a ninguna, o sea tenemos un problema de acciones correctivas. Y le dijimos a las personas responsables para que nos diga cómo podemos ayudar, si qué necesitan para un mejor control”, indicó.
La Comisión Bicameral Antilavado realizó en la mañana de ayer su segundo día de gestión y escucharon al Fiscal General, Rolón Fernández; al director de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, y a la directora general de Personas Jurídicas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales del Ministerio de Economía, María del Carmen Benítez Alcaraz.
El senador Leite dijo que la próxima sesión de la Comisión será el próximo 23 de setiembre, donde estarían convocando al contralor general del Estado, Camilo Benítez. Sobre la continuidad del ahora cuestionado diputado Jatar Fernández como miembro de la Comisión Bicameral, manifestó que eso es competencia de la Cámara Baja designar o mantener a sus representantes.
JUNTOS POR LA EDUCACIÓN SE RESISTE A RENDIR CUENTAS
El presidente de la Comisión Antilavado, Dionisio Amarilla, dijo ayer que existen algunas oenegés que se resisten a brindar informes de su gestión. Citó a la organización Juntos para la Educación, sociedad civil integrada por empresarios para contribuir con el desarrollo de una educación pública inclusiva e integral.
“En el tema de las oenegés estamos prácticamente en la fase de cierre. Algunas son renuentes a informar, nosotros circularizamos diligencias a Juntos por la Educación a la OEI, y son renuentes, envían datos de manera parcial, sin sumatorias”, indicó el senador Amarilla.
Al ser consultado sobre los motivos, el presidente de la comisión dijo que desconoce y que deberían de dar todos los datos teniendo en cuenta el volumen de fondos que reciben.
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Cámara de Apelación debe estudiar si confirma juicio oral contra exjueza Tania Irún
El tribunal de Apelación integrado por los jueces Cristóbal Sánchez, Agustín Lovera Cañete y José Waldir Servín debe resolver si ratifica la resolución del juez penal de Garantía Yoan Paúl López, quien elevó a juicio oral y público el proceso penal por el delito de prevaricato que soporta la exjueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Tania Irún, quien habría entregado 310 mil hectáreas de tierra ubicadas en zona de seguridad fronteriza a empresas que serían de maletín.
La defensa de la exmagistrada Irún recurrió la determinación adoptada por el citado magistrado de Garantía, quien al tener suficientes elementos de prueba y a su vez la contundente acusación del fiscal General del Estado, decidió elevar a juicio oral el caso. Una vez que se destrabe el caso se deberá sortear el tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar a la exjueza Irún. Del mismo modo, se fijará la fecha para el desarrollo de la audiencia oral en la que se expondrán todos los elementos de prueba que se tiene contra la exmagistrada civil.
Acusación
En julio pasado, la fiscal Adjunta Soledad Machuca acusó y pidió juicio oral y público para la exjueza en lo Civil Tania Irún, procesada por el delito de prevaricato. Machuca fue contundente al señalar que la exjueza obligó de forma irregular a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial y en consecuencia habría intimado a la parte demandada, a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de los inmuebles ubicados en el Departamento de Alto Paraguay, consistentes en 310.000 hectáreas, aproximadamente, a favor de las firmas, presumiblemente de maletín.
También señala la acusación que “como bien podrá advertirse la entonces magistrada Irún al referirse al cumplimiento de lo previsto en la ley especial N°2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan sólo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del artículo 2° de la ley, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras; afirmando que las mismas no serían oriundas de los países limítrofes, sin embargo en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”, refiere el escrito de la acusación del Ministerio Público.
Asimismo, la acusación refiere que “lo más grave es que en la sentencia no habría ninguna referencia o mención a las circunstancias establecidas en el Art. 4° de la misma ley que establece como requisito legal para aquellos que pretendan ser propietarios, copropietarios o usufructuarios de inmuebles rurales en zona de seguridad fronteriza, que las acciones sean nominativas y no endosables”.
Del mismo modo, la Fiscalía sostiene que “no existirían en el expediente civil constancias; informaciones o verificaciones de dichas circunstancias realizadas por parte de la magistrada Tania Irún al momento de dictar sentencia definitiva, en incumpliendo a la Ley 2532/05, ley especial, por la cual ordenó la transferencia de dominio de los inmuebles ubicados en el Alto Paraguay, a las empresas de maletín”, dice la acusación de la Fiscalía.
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Ratifican prisión de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo de Lalo Gomes
Un Tribunal de Apelación Especializado integrado por Arnaldo Fleitas, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni ratificó la prisión preventiva de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del exdiputado Eulalio Gomes, procesado por lavado de dinero y asociación criminal. La defensa del imputado apeló la resolución del juez Osmar Legal, quien había confirmado la prisión de Rodrigues Gomes.
La defensa del imputado pidió que sea beneficiado con arresto domiciliario atendiendo a que otros dos procesados en el proceso penal fueron ya beneficiados con la prisión domiciliaria en el caso conocido como Pavo Real II.
Los camaristas decidieron confirmar la prisión preventiva del imputado argumentando que aún sigue el peligro de fuga y de obstrucción en la investigación, por lo que corresponde que el procesado siga privado de su libertad.
Actualmente Rodrigues Gomes está privado de su libertad en la cárcel de Encarnación, donde fue trasladado luego de realizarse la audiencia de imposición de medidas cautelares, oportunidad en que se decretara su prisión.
De acuerdo al acta de imputación del Ministerio Público, el establecimiento ganadero Negla Poty, situada en Pedro Juan Caballero, que fue adquirida por Alexandre Rodrigues Gomes, fue usada por este y su padre, Lalo Gomes, para simular actividad ganadera y así acceder a préstamos del rubro para lavar dinero.
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