El fiscal de Filadelfia, Chaco, Andrés Arriola, presentó acusación por el delito de acoso sexual contra el juez Penal de Sentencia de la jurisdicción judicial de Boquerón, Amado Arsenio Yuruhan Díaz, y solicitó que el proceso penal se eleve a un juicio oral y público. La denuncia fue presentada por una mujer que se desempeñaba como limpiadora en el juzgado de la citada localidad chaqueña.
Ahora será un juzgado penal de Garantías el que deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar en la que se discutirá si este proceso penal se eleva a un juicio oral y público, así como pidió el Ministerio Público.
Los antecedentes del caso señalan que una mujer denunció que el juez de sentencia Yuruhan Díaz, el 17 de octubre de 2022, la invitó a salir, invitación que fue rechazada y que luego, cuando ella estaba haciendo el trabajo de limpieza del despacho del magistrado, este la llamó en el baño y cuando la denunciante ingresó al lugar, el hombre presuntamente la abrazó y besó a la fuerza.
La psicóloga del Ministerio Público evaluó a la denunciante y manifestó que la misma refiere buena cantidad de detalles, se tiene concordancia y estructura lógica en su relato que dan sustento y credibilidad a lo manifestado por la víctima. Igualmente, varios funcionarios judiciales declararon ante el Ministerio Público en esta causa, quienes habrían sido testigos de la denuncia verbal que hizo la víctima en los momentos posteriores al hecho investigado.
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Piden juicio oral para religiosa por supuesta “servidumbre”
La fiscala Vivian Coronel presentó acusación contra Olga Bogado Cubas, religiosa que presuntamente mantuvo durante varios meses a una adolescente de 16 años en régimen de servidumbre y trabajo forzado, además de maltratarla física y psicológicamente. Igualmente, el Ministerio Público analiza presentar el requerimiento conclusivo en relación con la procesada Rufina Salinas Acuña.
La investigación del Ministerio Público señala que Olga Bogado Cubas acogió a la adolescente el 27 de marzo de 2023 en un lugar denominado “Casa de la Reina de la Paz”, ubicado en el barrio Molino de Luque. Esto ocurrió después de que la menor fuera captada, bajo engaño, por Rufina Salinas Acuña para una supuesta formación como novicia religiosa en un local conocido como “Nuestra Señora de Caacupé”, en el km 14 de Minga Guazú..
Desde su llegada a Luque, la víctima fue presumiblemente sometida a un régimen de servidumbre y trabajo forzado durante siete meses. Según los investigadores, Bogado la habría sometido a todo tipo de maltratos, llegando a abofetearla y golpearla en la nuca constantemente. Además, la obligaba a besar el suelo hasta cien veces cuando no le gustaba su trabajo, según la acusación.
Asimismo, cuando la joven no cumplía adecuadamente con sus tareas, Bogado la castigaba poniéndole basura en la cabeza o arrojándole trapos de cocina que debía lavar, a veces hasta altas horas de la madrugada, dejándole los dedos irritados de tanto fregar. Además, la castigaba con un cable de acero y una espátula, añade el escrito fiscal.
Durante ese tiempo, la víctima era obligada a dormir tarde y levantarse a las 4:00 para realizar todas las tareas del lugar: limpiar, cocinar a leña, salir a vender tortas y pedir limosnas, todo bajo órdenes directas de Bogado, quien le había despojado de sus documentos y prohibido cualquier contacto con su madre.
Posteriormente, el 20 de setiembre, Olga Bogado trasladó nuevamente a la víctima a la zona de Minga Guazú y la dejó a cargo de Rufina Salinas. Esta última finalmente abandonó a la menor frente a su vivienda y le dio instrucciones, amenazándola para que mintiera a su madre sobre las condiciones en las que había vivido en Luque.
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Caso Pecci: fiscalías de Paraguay y Colombia crean equipo de investigación
Las autoridades de la Fiscalía General de la Nación de Colombia y del Ministerio Público de la República del Paraguay firmaron, en un acto virtual, el instrumento de Cooperación Técnica que crea el equipo conjunto de investigación (ECI) en las causas que se llevan a cabo, tanto en la República de Colombia como en la República del Paraguay por el homicidio del fiscal de nuestro país Marcelo Pecci Albertini, hecho ocurrido en Barú, Cartagena, Colombia, el 10 de mayo de 2022.
El acuerdo suscrito entre ambas fiscalías tiene como base legal la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas del año 1988 y la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal del año 1992 y constituye el primer acuerdo de investigación transnacional conjunta firmado en la historia del sistema de justicia entre ambas fiscalías.
La directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía colombiana, Adriana Mercado, extendió el saludo de la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo y su complacencia por la suscripción del acuerdo del Equipo Conjunto de Investigación (ECI). Al tiempo, agradeció y felicitó a los equipos de trabajo de ambos países por hacer posible la materialización del acuerdo de investigación conjunto.
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Por su parte, el fiscal adjunto de Asuntos Internacionales de la Fiscalía paraguaya, transmitió las felicitaciones del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández y su sincero deseo de un trabajo intenso y fructífero que permita alcanzar la verdad real y el enjuiciamiento de los responsables del crimen de Pecci.
Con la firma de este instrumento de cooperación técnica, las autoridades competentes en materia de investigación criminal de ambos países y que integran el ECI, podrán realizar un abordaje más integral de las fases pertinentes en la investigación del crimen del fiscal Marcelo Pecci Albetini y coordinar esfuerzos in situ en ambas jurisdicciones, para definir las mejores estrategias de investigación y enjuiciamiento de los responsables del magnicidio del fiscal paraguayo.
El ECI fue firmado por la fiscal adjunta Matilde Moreno (por la Fiscalía de Paraguay) y por el director de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, Raúl González Flechas (por la Fiscalía de Colombia). Como coordinadores del ECI y responsables de la fase operativa, han sido designados el fiscal Francisco Cabrera Sanabria (por la Fiscalía de Paraguay) y el fiscal Juan Pablo Fajardo Lanza (por la Fiscalía de Colombia).
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Imedic: sentencia a los acusados se dará a conocer el 31 de octubre
El próximo 31 de octubre a las 13:00 seguirá el juicio oral y público para Patricia Ferreira, Nidia Godoy de la firma Imedic SA y el despachante de Aduanas Néstor Ramírez. Los mismos están acusados por producción y uso de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados, por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma que posibilitó el ingreso de medicamentos oncológicos a nuestro país.
La audiencia oral va a continuar con la última parte de la audiencia oral que es la réplica y duplica, palabras finales y luego el tribunal de sentencia ingresará a deliberar la que será la sentencia de primera instancia.
Asimismo, la defensa de los acusados solicitó la absolución de culpa y pena durante la exposición de los alegatos finales y sostiene que el Ministerio Público no pudo probar la responsabilidad de los hechos por los que los acusa.
El tribunal de sentencia que juzga a los tres acusados está integrado por Laura Ocampos, Cándida Fleitas y Fabián Weinsensee.
Piden 7 años de cárcel
El Ministerio Público, durante la exposición de sus alegatos finales, solicitó para Patricia Ferreira la pena de 7 años de cárcel, para Nidia Godoy 6 años de pena privativa de libertad y para el despachante Néstor Ramírez la pena de 3 años de cárcel.
Los fiscales Néstor Coronel y Luz Guerrero mencionaron que los acusados jugaron con la salud de la ciudadanía. Igualmente, los fiscales sostienen que se ha probado que los acusados falsificaron facturas para que puedan ingresar medicamentos a nuestro país sin los controles correspondientes.
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Acusan y piden juicio oral contra religiosa por mantener en servidumbre a una adolescente
La fiscal Vivian Coronel presentó acusación contra Olga Bogado Cubas, religiosa que presuntamente mantuvo durante varios meses a una adolescente de 16 años en régimen de servidumbre y trabajo forzado, además de maltratarla física y psicológicamente. Igualmente, el Ministerio Público analiza presentar el requerimiento conclusivo en relación con la procesada Rufina Salinas Acuña.
La investigación del Ministerio Público señala que Olga Bogado Cubas acogió a la adolescente el 27 de marzo de 2023 en un lugar denominado “Casa de la Reina de la Paz”, ubicado en el barrio Molino de Luque. Esto ocurrió después de que la menor fuera captada, bajo engaño, por Rufina Salinas Acuña para una supuesta formación como novicia religiosa en un local conocido como “Nuestra Señora de Caacupé”, en el Km 14 de Minga Guazú.
Desde su llegada a Luque, la víctima fue presumiblemente sometida a un régimen de servidumbre y trabajo forzado durante siete meses. Según los investigadores, Bogado la habría sometido a todo tipo de maltratos, llegando a abofetearla y golpearla en la nuca constantemente. Además, la obligaba a besar el suelo hasta cien veces cuando no le gustaba su trabajo, según la acusación.
Asimismo, cuando la joven no cumplía adecuadamente con sus tareas, Bogado la castigaba poniéndole basura en la cabeza o arrojándole trapos de cocina que debía lavar, a veces hasta altas horas de la madrugada, dejándole los dedos irritados de tanto fregar. Además, la castigaba con un cable de acero y una espátula, añade el escrito fiscal.
Durante ese tiempo, la víctima era obligada a dormir tarde y levantarse a las 4:00 para realizar todas las tareas del lugar: limpiar, cocinar a leña, salir a vender tortas y pedir limosnas, todo bajo órdenes directas de Bogado, quien le había despojado de sus documentos y prohibido cualquier contacto con su madre.
Posteriormente, el 20 de septiembre, Olga Bogado trasladó nuevamente a la víctima a la zona de Minga Guazú y la dejó a cargo de Rufina Salinas. Esta última finalmente abandonó a la menor frente a su vivienda y le dio instrucciones, amenazándola para que mintiera a su madre sobre las condiciones en las que había vivido en Luque.
Sin embargo, la joven confesó todas las penurias sufridas y sus familiares interpusieron una denuncia ante las autoridades. Posteriormente, la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes inició la investigación, brindando asistencia médica y psicológica a la víctima.
Finalmente, el 17 de abril de 2024, Olga Bogado fue detenida durante un procedimiento realizado en la ciudad de Luque. Mientras tanto, Rufina Salinas permaneció prófuga de la Justicia durante unos días, hasta que también fue capturada.
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