La fiscala Natalia Cacavelos, quien debe investigar el despojo de 997 hectáreas de tierras en el departamento de San Pedro, citó a una audiencia indagatoria al excamarista Carmelo Castiglioni, al actual rematador Mario Person y al exsíndico de quiebras Blas Velázquez. Los citados deberán comparecer ante la representante del Ministerio Público desde el 13 de agosto hasta el 16 del mismo mes para dar su versión sobre los hechos denunciados, que son prevaricato, asociación criminal y otros delitos.
El Ministerio Público decidió citar a los denunciados debido a que habría indicios de la comisión de algún hecho punible por lo que los citados deberán brindar su versión sobre la investigación fiscal. También deberá ser citado el actual camarista Migue Ángel Rodas, quien fue en su momento el juez en lo civil y comercial que avaló el despojo de las tierras al denunciante.
De acuerdo a la denuncia presentada en sede fiscal, los denunciados aprobaron el despojo de 997 hectáreas de tierras del denunciante en el distrito de Lima, departamento de San Pedro. También estarían detrás de la mencionada rosca, los representantes del Banco Nacional de Trabajadores (BNT) y el rematador judicial Mario César Person Báez, quienes fueron denunciados además por estafa, y producción de documentos no auténticos.
Semanas atrás, el abogado Casati pidió a la fiscala Cacavelos citar en carácter de testigo al excamarista Arnaldo Martínez Prieto, quien había dejado bien claro en su voto que no se podía confirmar la sentencia debido a que no se ajustaba a derecho y a su vez se cometieron varias violaciones.
De acuerdo a la denuncia, a José María Barrios le fueron sacadas las tierras que adquirió del Instituto de Bienestar Rural (IBR), actual Indert, en el año 1973. Se trata de un excedente de tierra fiscal que él tenía la posesión de dicho lugar, y también tenía todas las documentaciones requeridas por el estatuto.
Tuvo casi 42 años la posesión pacifica del inmueble, luego fue notificado con una demanda de nulidad de acto jurídico por el Banco Nacional de Trabajadores con la representación del síndico de quiebra, requiriendo anular pese a los años de posesión pacífica ininterrumpida.
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