Un intento de amotinamiento de miembros del Primer Comando Capital (PCC) recluidos en la Penitenciaría Regional de Misiones motivó la intervención de la Policía a tempranas horas de este miércoles. El descontento por una requisa aparentemente provocó la reacción de los reclusos, pero la situación ya está controlada, según el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel.

“La mañana de hoy, los agentes penitenciarios que se encargan de hacer el control de las personas recluidas en cada pabellón fueron resistidos por parte de integrantes del pabellón que se denomina PCC. Con uso de la fuerza no permitieron el ingreso para la verificación”, relató el alto funcionario del Ministerio de Justicia a la 1080 AM.

El director del reclusorio pidió el apoyo de la Policía Nacional para concretar la verificación dentro del citado pabellón. “Tuvieron que hacer uso de la fuerza, ingresaron y el procedimiento ya concluyó. También se pidió la presencia del Ministerio Público en el marco de la requisa se detecte algún elemento que indique la comisión de un hecho punible, para que ellos puedan intervenir”, subrayó.

Te puede interesar: INTN repudia beneficio judicial para el abogado que abofeteó a inspectora

El funcionario aclaró que no se reportaron heridos graves, aunque sí algunos presos resultaron con lesiones leves. Todos fueron asistidos por la sanidad de la propia penitenciaría. “Ya está bajo control, por la última información del director, ya me comentó que concluyeron el procedimiento y que estaban en esa etapa de labrar las actas respectivas”, puntualizó.

Según el viceministro, los que se opusieron al control son todos de la misma facción criminal y están plenamente identificados sus líderes. “Fueron entre 5 y 7 personas identificadas. Aparentemente el origen de esto fue que Misiones es una penitenciaría que está bajo intervención por unas irregularidades”, manifestó.

Comentó que se han detectado varias anomalías entre ellas el ingreso de celulares a la cárcel. Se dispuso la restricción y generó molestias en la población penal, en particular de este grupo del PCC. “Tenemos identificado al líder, pero me reservo todavía el nombre, porque se tienen que tomar medidas administrativas y comunicar también al juez competente de la causa”, expresó.

Como medida inmediata se dispuso la separación de estas siete personas que generaron esa resistencia a los controles. “Se los separa, luego se determina en base a un sumario sus respectivos traslados”, confirmó.

Según Maciel los reclusos de alta peligrosidad son ingresados a pabellones diferenciados en donde se le agrupa a las personas que pertenecen a un determinado grupo criminal, para evitar conflictos. “Porque ya se tuvo la experiencia terrible de lo que ocurrió en San Pedro cuando en la misma penitenciaría inclusive tenían dos facciones antagónicas. En el marco de esos pabellones diferenciados se tiene un control especial dada las características de cada grupo”, concluyó.

Leé también: Detienen a una mujer por intentar meter droga a Tacumbú

Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, en el marco de la investigación conocida como la mafia de los pagarés, presentaron imputación contra 63 personas, entre ellas los directos presuntos responsables del esquema que son jueces, actuarios judiciales, ujieres notificadores y abogados de las firmas de cobranzas.

Los delitos que habrían cometido los hoy imputados son prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. Ahora un juzgado penal de Garantía deberá admitir la imputación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares.

Entre los imputados se encuentran los jueces de paz, Analía Cibils, Nathalia Garcete hoy día suspendida en sus funciones, Víctor Rodríguez también suspendido en sus funciones y la exjueza Liliana González de Bristot, quien acorralada por los graves hechos decidió renunciar al cargo.

Te puede interesar: Mafia de los pagarés: Fiscalía allanó varios juzgados de paz

Igualmente, la lista de imputados sigue con los actuarios judiciales del juzgado de Paz de la Encarnación, Martina Elsa Rivela Santacruz, y Ricardo Ramón Cuevas. También están imputados los ujieres Audrey Jazmín Galeano Mora cuyo padre es el abogado Rubén Galeano, extitular del Colegio de Abogados, Nicolás Antonio Antúnez Tillería, y Arturo Javier Ayala Franco.

Asimismo, la nómina de los imputados por los graves hechos que ocasionaron un perjuicio a la clase más humilde son: Alfredo René Benítez Cabrera, Jorge René Montiel, Ángel Aníbal Cino Isnardi, José Manuel Fuster Castellano, Lourdes Roció Aranda Benítez, Gabriel Darío Ojeda González, Leticia Soledad Núñez Cáceres, Gabriela María Vespa Centurión, Roger Alejandro Medina Quintana y Melissa Analía Talavera Bogado y otros.

También fueron imputadas 19 personas entre ujieres, oficial de Justicia y otros pertenecientes al juzgado de Paz de San Roque e igualmente se tiene 12 imputados que son funcionarios del juzgado de Paz de la Recoleta, totalizando así 63personas imputadas en el caso.

Podes leer: Justicia española ratificó extradición a nuestro país de esposa de Sebastián Marset

Continúa la intensa búsqueda de la adolescente desaparecida desde el lunes 10 de marzo en zona de Itauguá. La fiscalía investiga el caso de María Antonia Medina Vega (14), quien fue vista por última cuando salió del colegio, pero nunca llegó a su casa. La familia está desesperada porque se encontraron los calzados y las medias que serían de la menor en una zona boscosa de la compañía Aldama Cañada.

“La niña habría salido de su domicilio para dirigirse a la escuela el día lunes 10 de marzo. La Fiscalía recepcionó la denuncia realizada por la madre el día 11 de marzo. Y desde el primer momento en que hemos recibido la denuncia se ha impartido la búsqueda correspondiente de la menor”, relató la fiscal Yennifer Marchuc al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Afirmó que, aparte de Criminalística de la Policía Nacional está colaborando con las pericias el departamento de Trata de Personas de la comisaría jurisdiccional. “Y estamos abocados en coordinación con los departamentos correspondientes para hacer la búsqueda de la menor. El día de ayer, efectivamente, se encontraron unas prendas en la zona de la comisaría 41 Aldama Cañada que coinciden con la vestimenta, el calzado que tenía la menor el día de su desaparición”, expresó.

Te puede interesar: Denuncian el robo de automóvil del gremio de educadores

La agente del Ministerio Público manifestó que el padre de la adolescente no pudo determinar con precisión si se trata o no del calzado de su hija. “Porque él como conoce el calzado de su mejor hija, dio ciertas características que no coinciden aparentemente con el calzado. Pero no obstante, el día de hoy la gente del departamento de Criminalística se va a constituir en el lugar, porque el día de ayer no pudieron debido a la hora. Es una zona boscosa y oscura”, indicó.

El comisario Ever Velázquez, subjefe de la Comisaría 41, lidera el rastrillaje en la zona y dijo al canal GEN que vecinos del lugar fueron quienes encontraron el uniforme y reportaron a la comisaría jurisdiccional donde entregaron “un calzado tipo guillermina y tres pares de medias”.

“La gente de Criminalística, apoyados por nuestro personal, estamos incursionando en la zona para verificar si hay más indicios o evidencias de hacia dónde pudo haberse dirigido la menor”, detalló el policía.

Leé también: Prevén un fin de semana cálido a caluroso de nuevo

Tras la decisión del Ministerio Público de acusar a los exministros de Mario Abdo por presunta asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio, además del exhorto del exmandatario a ser desaforado, el diputado Rodrigo Gamarra cuestionó a quienes hoy apuntan contra este hecho como persecución política, cuando el propio gobierno anterior se valió de las instituciones estatales para perseguir a sus adversarios políticos.

“Hoy cuando la Justicia abre una causa, ellos gritan persecución política, olvidando que fueron ellos quienes cometieron esa persecución y terrorismo de Estado durante cinco años. Esto obviando que el fiscal general fue puesto por ellos y que hasta hoy incluso los ha beneficiado por ni siquiera investigar a todos los que saquearon y desfalcaron las instituciones estatales”, aseveró el legislador.

El parlamentario colorado realizó su descargo a través de redes sociales, espacio donde afirmó que durante cinco años, el gobierno de Mario Abdo utilizó al aparato estatal para perseguir y causar daños a Horacio Cartes, principal adversario político. La Fiscalía cuenta con elementos que sostienen que información confidencial fue filtrada por parte de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) en la era Abdo Benítez.

Lea también: Pedido de desafuero de Abdo: se respetará el debido proceso, aseguró Barrios

“Se aliaron con los eternos enemigos del Partido Colorado y con medios de comunicación que recibían grandes sumas en publicidad para usarlos como escudo mediático y justificar la persecución. Todo para dañar la imagen del expresidente Cartes, política y económicamente, por su incapacidad de vencerlo en las urnas, logrando incluso sanciones del Departamento de Estado de Estados Unidos con la manipulación de datos financieros sensibles”, sentenció.

Gamarra celebró la decisión del Ministerio Público de finalmente acusar por asociación criminal y otros hechos punibles a Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farias, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, quienes entre el 2021 y 2022 habrían formado parte de un esquema a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado, según indica el propio escrito de la Fiscalía.

Le puede interesar: Tras contundente acusación fiscal, Marito pedirá su desafuero