El abogado Claudio Lovera, defensor de Rubén González Chaves, quien es juzgado por los delitos de lavado de dinero y declaración falsa, explicó que el Ministerio Público no pudo probar los dos delitos y pretende violar incluso la resolución de la Corte Suprema de Justicia.
Lovera manifestó que “la Fiscalía violó una cosa juzgada al solicitar que el acusado en este caso mi representado pague con sus bienes el comiso, cuando que la propia Corte Suprema de Justicia ya dejó firme la resolución sobre el comiso con sus actuales alcances, por lo que no corresponde el actual pedido de los fiscales”, refirió el mencionado profesional del derecho.
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Asimismo el abogado defensor días atrás pidió la absolución Óscar Rubén González Chaves, por deficiencias en la postura de la Fiscalía sobre los hechos punibles de lavado de dinero y declaración falsa. El pedido fue durante la exposición de los alegatos finales de parte de la defensa del procesado.
A continuación señaló que “la Corte Suprema de Justicia, cuando anuló la condena por lavado de dinero, y cuestionó las argumentaciones de la sentencia de primera instancia, las consideró notoriamente vagas e infundadas”, indico Lovera.
El juicio oral y público prosigue este viernes a las 09.00, cuando se ingresará a la última etapa de la audiencia oral y ya luego el tribunal de sentencia integrado por Matías Garcete, Adriana Planás y Jazmín Cáceres deberán dictar sentencia.
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Fiscalía informó a CBI que existen 369 carpetas sobre lavado de dinero
El senador colorado Gustavo Leite, vocero de la comisión conjunta de Investigación Antilavado y delitos conexos, brindó un resumen de la segunda jornada reservada que se realizó hoy jueves. Al respecto, informó que aún no se cierra el capítulo de las oenegés y el financiamiento político, porque es un “gran monstruo con varias aristas”, dijo. Anunció que a partir de las próximas reuniones serán los lunes por la tarde, a pedido de los diputados.
En conferencia de prensa, el senador Leite manifestó que en la fecha recibieron en la comisión de carácter transitorio, al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ya que al Ministerio Público habían enviado una serie de preguntas, cuyas respuestas llegaron en la fecha 10 minutos antes de iniciar la reunión. Destacó que la situación está avanzada, ya que hay 369 carpetas fiscales que tratan sobre lavado de dinero, y que por el momento no se puede divulgar en respeto a la investigación a quienes afectan.
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“Somos respetuosos de lo que la ley permite. Pero sí, ahora ya sabemos la magnitud de este monstruo de los últimos 10 años. No estamos hablando de montos, sino de la cantidad de delitos penales potenciales. Lo que sí nos dijo el fiscal general es el ratio que ellos tienen es del 5 % llegan a la condena. Los que nos falta entender ahora es que si hay 369 causas potenciales, en los últimos 10 años, eso da una cifra de 36 causas por año”, indicó.
El senador Leite señaló que de esta cifra, lo que se espera saber, son cuántas operaciones sospechosas realizan los bancos, cuántos de esos reportes de operaciones sospechosas se convierten en carpetas de investigación en Seprelad y cuántas de esas carpetas finalmente llegan a Fiscalía. Al respecto, indicó que la CBI llevará adelante ese requerimiento de información.
Falta información sobre ONG
En cuanto a la relación de las oenegés con estas causas de lavado de dinero, aún no se ha podido precisar, porque aún no les han informado quiénes están involucrados; por tanto no saben aún cuáles son y cuáles no lo son.
Asimismo, informó que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios solicitó 10 días más para presentar el informe requerido por la CBI; no obstante, Leite explicó que la información que ellos pueden dar son en base a grandes datos, atendiendo a que por ley no pueden brindar ciertos detalles de información que son reservada. No obstante, afirmó que con la información que reciban podrán hacer el cruzamiento de datos.
Precisó que la información requerida a la DNIT es para entender la magnitud del movimiento financiero de las oenegés; esta información se podrá presentar en grandes cifras, pero no podrán informar de manera individual.
“Lo que sí nos llama la atención que de las 12 mil y tantas organizaciones sin fines de lucro que existen, solamente 6 mil tienen sus papeles en regla y el Ministerio de Economía y Finanzas todavía no ha multado a ninguna. Quiere decir que tenemos un problema de acciones correctivas y nosotros hemos pedido a la gente que vino que nos sugieran como podemos ayudar”, comentó.
Aclaró que si bien, el capítulo de ONG y financiamiento político aún no está cerrado, de todos modos ya están comenzando a indagar sobre las otras aristas que forman parte del eje de trabajo de la CBI, sobre el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas; así como el comercio ilegal de armas y los fondos que pudiera haber fluido en el sistema financiero.
“Hoy la visita del fiscal general Emiliano Rolón, es una señal clara de interés, y nosotros tomamos como tal, porque esta es una causa nacional. Porque según la sensación mediática somos el país donde más se lava el dinero, que somos la lavandería más grande del mundo. Ahora sabemos, que hay 369 causas y eso da unas 36 carpetas por año. Pero ahora vamos a ver cuántas denuncias, y a lo mejor no somos tan malos, o no somos el peor”, acotó.
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Abogado califica como “forzada y apurada” la imputación fiscal contra Nenecho Rodríguez
El abogado Claudio Lovera, representante legal del intendente de la ciudad de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, sostuvo que la imputación del Ministerio Público contra el dirigente político adolece de ciertas falencias. Agregó que colaborarán con la investigación y fue contundente en indicar que no existe una conducta penalmente relevante cometido por su defendido.
La denuncia por supuesta corrupción pública contra el jefe comunal fue formulada en el 2021, por un grupo de exdiputados y concejales de la oposición; sin embargo, la imputación fiscal contra Rodríguez por lesión de confianza y asociación criminal en el denominado caso “detergentes de oro” fue promovida en la noche de este último lunes, 2 de setiembre del 2024.
“Que el acta de imputación todavía relate una aproximación muy lejana a la reconstrucción de los hechos me llama la atención, todavía es una cuestión demasiado incipiente, en todo estos años evidentemente no se profundizó”, expresó en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo, Lovera acotó: “esta construcción que se realiza respecto al intendente es muy forzada desde el punto de vista del derecho penal, se nota que hubo cierto apuro para la redacción de la imputación y este apuro no es congruente con la antigüedad del caso”.
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Señaló que la defensa del jefe comunal se abocará en lograr que el Ministerio Público realice una reconstrucción completa y concreta de los hechos. “Vamos a trabajar contratación por contratación, pago por pago, pero remontándonos a la época de los hechos para poder ver qué es lo que aconteció en ese momento. En las explicaciones que da la Fiscalía en su imputación a nivel de sospechas, se hace una aproximación muy genérica”, comentó.
El abogado siguió argumentando que “La Fiscalía identifica que los procedimientos de selección de oferentes, adjudicaciones y luego los procesos posteriores que tiene que ver con la constatación de la provisión de los bienes adjudicados y el pago, tiene una particularidad que no son procesos llevados a cabo por el intendente y el mismo no cumple una función de ordenador de gastos en el marco de los mismos”.
Agregó además que “siempre en el derecho penal lo primero que se analiza está relacionado con la persona que está más cerca del resultado que se sospecha, pero esta no es la situación del intendente. A partir de esto la Fiscalía trata en forma genérica de construir una supuesta participación penal, pero en verdad responsabilizándose genéricamente de los supuestos resultados que ocurrieron, pero eso que se denomina responsabilidad objetiva por el resultado en materia de derecho penal no rige”.
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Filtración de Seprelad: gavilla de Abdo chicanea y vuelve a paralizar proceso penal
El abogado Emilio Fúster, defensor de Arnaldo Giuzzio quien está imputado por varios delitos en el caso conocido como filtración de información de Seprelad, volvió a recurrir a chicanas con el objetivo de seguir dilatando para que el presente proceso penal pueda avanzar. Esta vez el citado profesional del derecho presentó una apelación general contra la resolución del tribunal de apelación que confirmó la competencia de la jueza penal de garantía Cynthia Lovera.
Ahora el expediente deberá ser estudiado por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, integrado por Manuel Ramírez Candia, César Diesel y Gustavo Santander que tendrá que destrabar por segunda vez el presente proceso penal que involucra al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y su gavilla.
El escrito dilatorio de Fuster menciona que el tribunal de apelación no estudió los argumentos de la recusación contra la jueza Lovera por lo que pide a los ministros de la Corte que analicen y hagan lugar a la apelación y separen del caso a la referida magistrada.
Ahora los ministros Ramírez Candia, Diesel y Santander deberán estudiar el presente caso y resolver si corresponde confirmar la competencia de la jueza Cynthia Lovera.
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Cámara de Apelación
La Cámara de Apelación, integrada por los camaristas María Belén Agüero, Digno Arnaldo Fleitas y Gustavo Aguade, confirmó la competencia de la jueza penal de garantías Cynthia Lovera tras estar casi 5 meses trabado el proceso penal que enfrenta el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, y su gavilla por varios hechos punibles que tienen que ver con el caso conocido como filtración de la Seprelad.
Igualmente el tribunal de alzada otorgó seis meses más de tiempo al Ministerio Público para que pueda culminar la presente investigación contra Marito y su exministros. El 11 de marzo del 2025 la fiscalía deberá presentar su requerimiento conclusivo que puede ser la acusación y el pedido de juicio oral y público o una salida procesal.
Imputados
En el presente caso, están imputados: Mario Abdo Benítez, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, Francisco Pereira y Mauricio Espínola.
Los supuestos delitos cometidos que se les atribuyen son: revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
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Defensor general visitó y verifico situación de privados de libertad de Itapúa y CDE
Dentro del marco de la vigilancia de la efectiva protección de los derechos humanos, el titular de la Defensa Pública, Javier Dejesús Esquivel, junto con defensores y defensoras públicas del fuero Penal visitó la Penitenciaría Regional de Encarnación.
En la ocasión, el equipo de la Defensa Pública llevó a cabo entrevistas con los asistidos de la defensa pública para conocer la situación en la que se encuentran, para ponerles al tanto del estado de sus causas. Asimismo, recorrieron los pabellones en los que se encuentran personas adultas mayores y mujeres. Por otro lado, acudieron hasta el sector de adolescentes infractores, ocasión que se aprovechó para hacer entrega de un lote de frazadas como donación.
Buscando contribuir con una mejor calidad de vida y promover la inclusión, la máxima autoridad también entregó una silla de ruedas para uso en la penitenciaría, que fue recibida por el director de la Penitenciaría Regional de Encarnación, Pedro Javier Rodas Falcón.
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El defensor general manifestó la importancia de estas visitas, pues permiten conocer el estado de los internos y la infraestructura de la penitenciaría. En ese sentido, mencionó que dentro de los proyectos de su gestión se encuentra la reducción de la población penitenciaria. “Con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estamos tratando de replicar un programa desarrollado en Ecuador que consiste en revisar la situación procesal de cada uno de los internos tal como establece el Código Procesal Penal, de revisar, cada tres meses, las medidas privativas de libertad de aquellos que no están condenados”.
Ciudad del Este
Asimismo, Esquivel realizó una jornada de control y monitoreo en el Centro de Rehabilitación y Reinserción Laboral de Mujeres Juana María de Lara, de Ciudad del Este. Durante la visita, las mujeres privadas de libertad recibieron información sobre el estado de sus causas y tuvieron oportunidad de disipar sus dudas acerca de otros aspectos relativos a las mismas.
La jornada continuó con la entrega del defensor general de una silla de ruedas para uso de la penitenciaría. La donación fue gratamente recibida por la directora del Centro, Lourdes Nelsi Centurión. Por su parte, la Secretaría Nacional de Deportes de Paraguay hizo entrega de artículos deportivos.
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