En el marco de la Ley 7300/24, el agente fiscal Blas Rafael Pizzani Rivas, de la Unidad Penal n° 1 de San Estanislao (departamento de San Pedro), imputó y ordenó la detención de Víctor Orrego, y de Ildo Aloicio Vianna Klauss, por presunto robo de energía eléctrica, en el uso de criptominería ilegal. Las denuncias fueron formuladas por autoridades de la Administración Nacional de Electricidad (Ande).

La mencionada ley protege la integri­dad del sistema eléctrico, dis­pone la incautación y comiso de bienes asociados a dicho delito. Las personas que sustrai­gan energía de líneas de transmisión o puertos de almacenaje para estableci­mientos de criptominería no autorizados por la Ande se exponen a hasta 10 años de cárcel más multa com­plementaria.

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Durante el allanamiento realizado el pasado 27 de julio en el distrito de Guayayví (departamento de San Pedro), se procedió a la incautación de 803 procesadores de criptominería y tres transformadores, dos de ellos con capacidad de 1.500 kVA y uno de 63 kVA, operativo que contó con el acompañamiento fiscal, apoyado por el Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional.

Los antecedentes revelan que en la primera intervención del pasado viernes 26 de julio en el citado distrito, al amparo de la nueva Ley 7300/2024, además de la incautación y comiso de bienes asociados a dicho delito, el fiscal Pizzani ordenó la detención preventiva de Orrego. Tres días después, por esta misma causa penal, procedieron a la detención de Vianna Klauss.

Los dos fueron trasladados a la Comisaría 8ª de San Estanislao, donde se encuentran en libre comunicación, a disposición del Juzgado Penal de Garantías y del Ministerio Público.

Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría 8ª de San Estanislao, donde se encuentran en libre comunicación. Foto: Gentileza

Con estos hechos se marca un hito en la lucha frontal que la Ande está realizando a nivel nacional, con el apoyo del Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional, buscando desalentar la sustracción de energía eléctrica, reparar el daño económico que ello ocasiona a la entidad eléctrica y proteger la integridad del sistema, a fin de brindar un servicio de calidad a los clientes y ciudadanía en general.

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