Por la incomparecencia del fiscal Federico Leguizamón se suspendió la audiencia preliminar para el rallista Diego Yaluk y su padre Humberto Yaluk, acusados por los delitos de estafa, producción de documentos no auténticos y apropiación en base a la denuncia realizada por Guido Ferreira. La diligencia judicial se tenía que realizar ante el juez Yoan Paúl López.

La llamativa ausencia del representante del Ministerio Público Leguizamón fue el motivo de la suspensión de la diligencia judicial a pesar de que el mismo estuvo minutos antes de la realización de la audiencia preliminar por la secretaría del juzgado a cargo del mencionado magistrado. Esta situación debe llamar la atención del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.

En el proceso penal la Fiscalía sostiene que existe un perjuicio de USD 175.000, cuya víctima es Guido Ferreira. De acuerdo a la carpeta fiscal, el imputado solicitó un crédito a Ferreira, quien realizó el préstamo a través de la sociedad Doña Inés, con la garantía de que la firma de ambos imputados, Parasur S. A., cobraría una suma a la entidad binacional Yacycetá para honrar el compromiso; sin embargo esto no sucedió y se configuró la supuesta estafa.

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Además el proceso penal mencionado más arriba, el rallista Yaluk enfrenta otras tres causas penales por estafa y otros delitos. En uno de los procesos, el empresario Diego Yaluk fue acusado por la fiscal adjunta Lourdes Samaniego por estafa, al igual que su esposa Andra Ketterer y su padre Humberto Yaluk. La representante del Ministerio Público solicitó que el caso se eleve a juicio oral.

Esto, bajo la sospecha de un perjuicio patrimonial de G. 17 mil millones mediante la entrega de cheques sin respaldo por parte de los acusados, en base a la denuncia presentada por las empresas Atlántico S. A. y Marsella S. A., que también presentaron querella adhesiva.

También otro caso que lleva adelante la fiscal Susy Riquelme y que está en el juzgado del magistrado José Delmás. Y otro proceso más, a cargo de la fiscal Esmilda Álvarez y el juez Delmás, que tiene como víctima a Juan López Moreira y un supuesto perjuicio de G. 400 millones.

De acuerdo a la imputación, Yaluk ofreció a López Moreira comprar varias facturas que supuestamente estaban pendientes de cobros en Itaipú binacional; sin embargo, no pudieron ser cobradas por el embargo judicial que pesa sobre Yaluk. La lista de víctimas sería mayor y el perjuicio rondaría los USD 30 millones en base al uso de cheques sin fondos.

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