El empresario y rallista Diego Yaluk fue acusado por la fiscal adjunta Lourdes Samaniego por estafa, al igual que su esposa Andra Ketterer y su padre Humberto Yaluk. La representante del Ministerio Público solicitó que el presente caso se eleve a juicio oral.

Esto, bajo la sospecha de un perjuicio patrimonial de G. 17 mil millones mediante la entrega de cheques sin respaldo por parte de los acusados, en base a la denuncia presentada por las empresas Atlántico S. A. y Marsella S. A., que también presentaron querella adhesiva.

Este martes debía llevarse a cabo la audiencia preliminar ante el juez penal de garantía José Delmás, pero fue reprogramada para el 30 de julio, a las 08:30 de la mañana, atendiendo a la acusación presentada por la Fiscalía.

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Otros procesos

En febrero de este año, el fiscal Federico Leguizamón había presentado una imputación contra Yaluk y su padre por los delitos de estafa, producción de documentos no auténticos y apropiación en base a la denuncia realizada por Guido Ferreira. Esta causa se encuentra en el juzgado a cargo de Yoan Paúl López y la Fiscalía sostiene que existe un perjuicio de US$ 175.000.

De acuerdo a la carpeta fiscal, el imputado solicitó un crédito a Ferreira, quien realizó el préstamo a través de la sociedad Doña Ines, con la garantía de que la firma de ambos imputados, Parasur S. A., cobraría una suma a la entidad binacional Yacycetá para honrar el compromiso; sin embargo esto no sucedió y se configuró la supuesta estafa.

Existe un tercer caso, que lleva adelante la fiscal Susy Riquelme y que también está en el juzgado del magistrado José Delmás. Y otro cuarto, a cargo de la fiscal Esmilda Álvarez y el juez Delmás, que tiene como víctima a Juan López Moreira y un supuesto perjuicio de G. 400 millones.

De acuerdo a la imputación, Yaluk ofreció a López Moreira comprar varias facturas que supuestamente estaban pendiente de cobros en Itaipú binacional; sin embargo, no pudieron ser cobradas por el embargo judicial que pesa sobre Yaluk. La lista de víctimas sería mayor y el perjuicio rondaría los USD 30 millones en base al uso de cheques sin fondos.

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