El senador Érico Galeano enfrentará un juicio oral y público por el hecho punible de lavado de dinero. Así lo resolvió el juez Osmar Legal luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia.
Ahora se deberá sortear el tribunal de sentencia que tendrá a su cargo juzgar al parlamentario. Asimismo, una vez que se tenga al tribunal colegiado se tendrá que fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia oral y pública.
Con la resolución del citado magistrado se rechazaron los incidentes planteados por la defensa de Galeano. Igualmente se deberá esperar si los abogados del parlamentario apelan la resolución del juez Legal. En caso de apelarse, será un tribunal de apelación el que definirá si el senador Érico Galeano enfrentará un juicio oral y público.
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Acusación
Los fiscales Deny Pak y Silvio Corbeta presentaron acusación contra el senador Galeano y han pedido que el proceso penal se eleve a un juicio oral y público. Los representantes del Ministerio Público sostienen que la vinculación de Galeano con Sebastián Marset y Miguel Insfrán, alias Tío Rico, no es casualidad como se pretendió instalar.
Del mismo modo, afirman que el legislador recibió dinero y brindó logística para la planificación y el tráfico de cocaína, al poner a disposición de la banda criminal su aeronave. “Del cúmulo de documentos obrantes en el cuaderno de investigación fiscal se pudo determinar la participación del señor Galeano Segovia y su vinculación con el esquema criminal liderado por Miguel Ángel Insfrán Galeano y Sebastián Marset Cabrera y demás identificados en el operativo A Ultranza PY.
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PLRA: senador cuestionó a líder del Nuevo Liberalismo por validez de convención
El senador Líder Amarilla criticó al movimiento Nuevo Liberalismo y actual gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, por impulsar la convocatoria a una convención extraordinaria para el próximo 6 de octubre, que tendrá lugar en el Rowing Club de Asunción, en que se pretende establecer el desdoblamiento de las elecciones internas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) de los comicios municipales del 2026.
“Hay que dejar en claro a la ciudadanía, al pueblo liberal y a los convencionales sobre la tremenda irresponsabilidad de este señor Ricardo Estigarribia. Convoca a una supuesta convención donde atropellarán la Constitución Nacional, que dice claramente que la ley reglamentará los momentos en que se tienen que hacer las elecciones”, indicó el legislador en entrevista ante medios de prensa.
“La normativa del año 1975 dice que solamente en periodos de elecciones nacionales o municipales se pueden impulsar los comicios internos partidarios, no hay otros momentos para hacer elecciones, que entiendan bien los convencionales liberales que pueden ir a una reunión política, pero no pueden permitir que el PLRA violente la ley de la República y dejar un antecedente nefasto de que en cualquier momento las instituciones pueden ser atropelladas”, alegó Amarilla.
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La conveción liberal no solo se pretende la separación de las elecciones, sino también impulsar una serie de reformas al estatuto partidario como, por ejemplo, que los presidentes del PLRA no sean candidatos a presidente de la República. Asimismo, Nuevo Liberalismo busca reglamentar el proceso de sanción, amonestación y expulsión de los afiliados liberales.
“La convocatoria a convención carece de legitimidad, por eso digo que estas personas son unos irresponsables, esto es un atropello al sistema democrático, a nuestro sistema republicano. La decisión que tomen serán invalida, las elecciones partidarias tienen que ser con las elecciones municipales”, refirió Amarilla. En agosto de 2023, los liberales removieron a Efraín Alegre de la presidencia del PLRA y fue reemplazo por Hugo Fleitas para completar el mandato previsto hasta el año 2026.
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Cámara de Apelación debe estudiar si confirma juicio oral contra exjueza Tania Irún
El tribunal de Apelación integrado por los jueces Cristóbal Sánchez, Agustín Lovera Cañete y José Waldir Servín debe resolver si ratifica la resolución del juez penal de Garantía Yoan Paúl López, quien elevó a juicio oral y público el proceso penal por el delito de prevaricato que soporta la exjueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Tania Irún, quien habría entregado 310 mil hectáreas de tierra ubicadas en zona de seguridad fronteriza a empresas que serían de maletín.
La defensa de la exmagistrada Irún recurrió la determinación adoptada por el citado magistrado de Garantía, quien al tener suficientes elementos de prueba y a su vez la contundente acusación del fiscal General del Estado, decidió elevar a juicio oral el caso. Una vez que se destrabe el caso se deberá sortear el tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar a la exjueza Irún. Del mismo modo, se fijará la fecha para el desarrollo de la audiencia oral en la que se expondrán todos los elementos de prueba que se tiene contra la exmagistrada civil.
Acusación
En julio pasado, la fiscal Adjunta Soledad Machuca acusó y pidió juicio oral y público para la exjueza en lo Civil Tania Irún, procesada por el delito de prevaricato. Machuca fue contundente al señalar que la exjueza obligó de forma irregular a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial y en consecuencia habría intimado a la parte demandada, a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de los inmuebles ubicados en el Departamento de Alto Paraguay, consistentes en 310.000 hectáreas, aproximadamente, a favor de las firmas, presumiblemente de maletín.
También señala la acusación que “como bien podrá advertirse la entonces magistrada Irún al referirse al cumplimiento de lo previsto en la ley especial N°2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan sólo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del artículo 2° de la ley, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras; afirmando que las mismas no serían oriundas de los países limítrofes, sin embargo en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”, refiere el escrito de la acusación del Ministerio Público.
Asimismo, la acusación refiere que “lo más grave es que en la sentencia no habría ninguna referencia o mención a las circunstancias establecidas en el Art. 4° de la misma ley que establece como requisito legal para aquellos que pretendan ser propietarios, copropietarios o usufructuarios de inmuebles rurales en zona de seguridad fronteriza, que las acciones sean nominativas y no endosables”.
Del mismo modo, la Fiscalía sostiene que “no existirían en el expediente civil constancias; informaciones o verificaciones de dichas circunstancias realizadas por parte de la magistrada Tania Irún al momento de dictar sentencia definitiva, en incumpliendo a la Ley 2532/05, ley especial, por la cual ordenó la transferencia de dominio de los inmuebles ubicados en el Alto Paraguay, a las empresas de maletín”, dice la acusación de la Fiscalía.
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Fiscalía informó a CBI que existen 369 carpetas sobre lavado de dinero
El senador colorado Gustavo Leite, vocero de la comisión conjunta de Investigación Antilavado y delitos conexos, brindó un resumen de la segunda jornada reservada que se realizó hoy jueves. Al respecto, informó que aún no se cierra el capítulo de las oenegés y el financiamiento político, porque es un “gran monstruo con varias aristas”, dijo. Anunció que a partir de las próximas reuniones serán los lunes por la tarde, a pedido de los diputados.
En conferencia de prensa, el senador Leite manifestó que en la fecha recibieron en la comisión de carácter transitorio, al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ya que al Ministerio Público habían enviado una serie de preguntas, cuyas respuestas llegaron en la fecha 10 minutos antes de iniciar la reunión. Destacó que la situación está avanzada, ya que hay 369 carpetas fiscales que tratan sobre lavado de dinero, y que por el momento no se puede divulgar en respeto a la investigación a quienes afectan.
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“Somos respetuosos de lo que la ley permite. Pero sí, ahora ya sabemos la magnitud de este monstruo de los últimos 10 años. No estamos hablando de montos, sino de la cantidad de delitos penales potenciales. Lo que sí nos dijo el fiscal general es el ratio que ellos tienen es del 5 % llegan a la condena. Los que nos falta entender ahora es que si hay 369 causas potenciales, en los últimos 10 años, eso da una cifra de 36 causas por año”, indicó.
El senador Leite señaló que de esta cifra, lo que se espera saber, son cuántas operaciones sospechosas realizan los bancos, cuántos de esos reportes de operaciones sospechosas se convierten en carpetas de investigación en Seprelad y cuántas de esas carpetas finalmente llegan a Fiscalía. Al respecto, indicó que la CBI llevará adelante ese requerimiento de información.
Falta información sobre ONG
En cuanto a la relación de las oenegés con estas causas de lavado de dinero, aún no se ha podido precisar, porque aún no les han informado quiénes están involucrados; por tanto no saben aún cuáles son y cuáles no lo son.
Asimismo, informó que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios solicitó 10 días más para presentar el informe requerido por la CBI; no obstante, Leite explicó que la información que ellos pueden dar son en base a grandes datos, atendiendo a que por ley no pueden brindar ciertos detalles de información que son reservada. No obstante, afirmó que con la información que reciban podrán hacer el cruzamiento de datos.
Precisó que la información requerida a la DNIT es para entender la magnitud del movimiento financiero de las oenegés; esta información se podrá presentar en grandes cifras, pero no podrán informar de manera individual.
“Lo que sí nos llama la atención que de las 12 mil y tantas organizaciones sin fines de lucro que existen, solamente 6 mil tienen sus papeles en regla y el Ministerio de Economía y Finanzas todavía no ha multado a ninguna. Quiere decir que tenemos un problema de acciones correctivas y nosotros hemos pedido a la gente que vino que nos sugieran como podemos ayudar”, comentó.
Aclaró que si bien, el capítulo de ONG y financiamiento político aún no está cerrado, de todos modos ya están comenzando a indagar sobre las otras aristas que forman parte del eje de trabajo de la CBI, sobre el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas; así como el comercio ilegal de armas y los fondos que pudiera haber fluido en el sistema financiero.
“Hoy la visita del fiscal general Emiliano Rolón, es una señal clara de interés, y nosotros tomamos como tal, porque esta es una causa nacional. Porque según la sensación mediática somos el país donde más se lava el dinero, que somos la lavandería más grande del mundo. Ahora sabemos, que hay 369 causas y eso da unas 36 carpetas por año. Pero ahora vamos a ver cuántas denuncias, y a lo mejor no somos tan malos, o no somos el peor”, acotó.
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Titular del Congreso repudia el exilio forzado de opositor venezolano
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, expresó su apoyo político al diplomático y candidato de la oposición venezolana Edmundo González Urrutia tras concretarse este domingo su exilio en España. El parlamentario hizo a la vez un llamado al respeto de la voluntad popular.
“Repudio y condeno al dictador Nicolás Maduro, el que gana la elecciones es exiliado. Esto no puede quedar así, la comunidad internacional debe reaccionar. Como presidente del Congreso de la Nación de la República del Paraguay exijo el respeto a la voluntad popular”, afirmó el legislador mediante sus redes sociales.
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El exilio del excandidato a mandatario se concretó luego de que el Ministerio Público venezolano haya solicitado a un tribunal con competencia en terrorismo una orden de aprehensión en su contra por presuntos delitos relacionados con los comicios del pasado 28 de julio, que incluyen “desobediencia de leyes”, “conspiración”, “usurpación de funciones” y “sabotaje”.
González Urrutia, de 75 años de edad, quien denuncia un gran fraude electoral por parte del gobierno de Nicolás Maduro en los pasados comicios presidenciales, fue llamado a declarar en la Fiscalía en tres oportunidades. No asistió, aunque la tercera citación coincidió con un apagón en todo el país, el pasado viernes 30 de agosto. Desde la clandestinidad, el diplomático argumentó que el Ministerio Público actuaba como un “acusador político” que lo sometería a un proceso “sin garantías de independencia y del debido proceso”.