El 17 de noviembre del 2018 falleció Lidia Meza Burgos, una joven de 18 años que recibió 16 puñaladas durante su visita a la celda del capo del grupo criminal brasileño Comando Vermelho, Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, alias “Marcelo Piloto” o “Piloto”, alojado en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional. Con este crimen a sangre fría a esta desafortunada víctima, el líder narco hizo una última jugada desesperada tratando de evitar su extradición a Brasil.

La víctima del terrible suceso era de la zona de General Resquín, del departamento de San Pedro, quien fue atacada por Piloto con un objeto punzante cerca de las 14:00 horas de aquel sábado, hace 6 años. El crimen generó inmediatamente la indignación generalizada de la ciudadanía atendiendo a que sucedió dentro de una sede policial de máxima seguridad. Luego de ser derivada hasta el Hospital de Barrio Obrero para su atención, la joven no respondió y falleció.

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La familia de Lidia Meza quedó destrozada. Su papá, Francisco Meza, de profesión albañil, comentó la joven había regresado de la Argentina en mayo del 2018 y que, un mes antes del crimen, trabajaba cuidando a una mujer de 90 años, en zona del Mercado 4 de Asunción.

El hombre se enteró de la muerte de su hija cuando un pariente le preguntó por teléfono si Lidia se encontraba en la casa, ya que se enteraron sobre lo sucedido a través de la televisión. En aquella época, Meza compartió a la prensa acerca del mensaje final que recibió de su hija: “El último audio que me envió fue a las 12:17, y me dijo que a las 15:00 iba a estar en casa”.

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Marcelo Piloto recurrió al plan de perpetrar un asesinato para que la extradición pueda posponerse, suponiendo que una imputación por homicidio doloso podría evitar que vaya al Brasil. Pero está situación no surtió efecto y, dos días después, por la madrugada del lunes 19 de noviembre, Piloto fue trasladado hasta su país, donde soporta condena de 26 años de cárcel por varios hechos, en la Penitenciaría Federal de Catanduvas, en Paraná. En agosto de 2019 fue imputado por el crimen de la joven Lidia Meza.

Con una jerarquía en Comando Vermelho solo superada por Fernandinho Beira-Mar, Pinheiro Vega huyó a Paraguay en 2012, según investigaciones de la Policía Civil de Brasil, luego de la ocupación de la favela de Manguinhos (Rio de Janeiro) por fuerzas de seguridad. El 13 de diciembre de 2017 fue arrestado en Encarnación por fuerzas especiales de inteligencia y seguridad pública brasileñas; sin embargo, su trámite de extradición se aprobaría en setiembre de 2018 y estaba prevista inicialmente que se efectúe en diciembre de ese año. Pero el asesinato en prisión aceleró su deportación.

Detenido en Paraguay por contar con documentos falsos y tenencia ilícita de armas; en Brasil, el juzgado de Ejecuciones Penales del Estado de Río de Janeiro lo sentenció en dos causas, con una condena a 21 años de reclusión en uno de los casos, y en la otra por 5 años y cuatro meses. Adicionalmente, su abogada Laura Casuso fue asesinada a tiros por un sicario, el 12 de noviembre de 2018, cuando abandonaba un templo masónico en Pedro Juan Caballero.

Un tribunal de sentencia integrado por los jueces Olga Ruiz, Celia Salinas y Víctor Alfieri, resolvió absolver de culpa y pena a Pedro Areco, Arnaldo Martínez y Enrique Agüero, quienes fueron juzgados por los delitos de producción de riesgos comunes, perturbación de la paz pública, daños a cosas de interés común y daños a obras construidas, en el marco de la investigación por la quema de Colorado Róga.

Los magistrados de sentencia mencionaron que no se pudo comprobar que los acusados participaron de la quema del local de Colorado Róga. Igualmente, mencionaron que no se observaron que las conductas realizadas por los procesados, se hayan adecuado a la descripción de los tipos penales acusados, en consecuencia corresponde la absolución como también el levantamiento de todas las medidas cautelares sobre los mismos y las costas en el orden causado, expresa la determinación adoptada por el tribunal juzgador.

El Ministerio Público tiene la posibilidad de apelar el fallo judicial y en caso de ser así, será un tribunal de apelación el que defina si ratifica la absolución de culpa y pena o anula la misma y ordena que se realice un nuevo juicio oral y público.

Entre los primeros puntos que serán analizados durante la sesión ordinaria del martes 19 de noviembre, por la Cámara de Diputados, está el proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN), iniciativa que busca resolver el histórico problema de la superposición de títulos de tierras en el Paraguay.

El titular de Diputados, Raúl Latorre, determinó que el orden del día estará integrado por 24 puntos.

El proyecto del RUN ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, y propone la fusión de tres instituciones estatales bajo la órbita del Poder Judicial: la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el Departamento de Agrimensura y Geodesia.

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Según la exposición de motivos, este nuevo RUN se constituirá como un órgano técnico y administrativo del Poder Judicial, bajo la Corte Suprema de Justicia, con competencia sobre bienes inmuebles y muebles registrables.

Entre los principales objetivos del RUN se encuentran la simplificación de trámites, identificación de inmuebles superpuestos, reducción de plazos para transferencias, introducción del registro electrónico, respeto a la propiedad privada y seguridad jurídica, establecimiento de una cartografía única para el país, y reducción de costos para el Estado.

Por otro lado, también analizarán el proyecto de ley “Que prorroga el plazo establecido en el artículo 5º de la Resolución Honorable Cámara Diputados Nº 1336/2024, Que crea una Comisión conjunta de investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de activos, contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos”. La Cámara de Senadores, ya aprobó esta semana, prorrogar por 60 días más la vigencia de la Comisión Bicameral de Investigación de Lavado de Dinero.

El plenario de la Cámara Baja también tiene previsto estudiar el proyecto de ley “Que crea el Instituto Superior de Estudios del Ministerio Público (ISEMP). Según la exposición de motivos, el ISEMP, anteriormente, Centro de Entrenamiento del Ministerio Público, constituye un organismo de apoyo fundamental para la carrera fiscal.

Como instancia académica, ejecuta los programas de formación para funcionarios de la institución, alineados con los ejes del plan estratégico de la Fiscalía General del Estado, bajo la dirección de un Fiscal Adjunto, según el documento.

La Cámara de Diputados analizará también, en la ocasión, el proyecto de ley “Que establece la inscripción en el Registro Cívico Permanente (RCP) de ciudadanos paraguayos y paraguayas residentes en el Paraguay y en el extranjero para el pleno ejercicio del derecho al voto”.

Esta iniciativa, que busca fortalecer los derechos civiles y políticos de los paraguayos, contempla la creación de un Departamento de Electores Residentes en el Extranjero, dependiente de la Dirección General del Registro Electoral del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Otro documento que forma parte del orden del día de la Cámara de Diputados, es el proyecto de ley “Que modifica la Ley N° 3212/2007, ‘Que amplía las disposiciones del Código Electoral y crea la figura de las concertaciones”.

Esta iniciativa legislativa busca fortalecer el sistema democrático paraguayo mediante la regulación de mecanismos de colaboración política, promoviendo mayor transparencia y responsabilidad en los procesos electorales. El proyecto establece tres niveles de concertaciones: nacional, departamental y municipal.

Para constituir una concertación nacional, según la exposición de motivos, los partidos y movimientos deberán obtener la aprobación de sus respectivas asambleas o convenciones, y formalizar el acuerdo mediante escritura pública.

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Este viernes, desde la Dirección de Planificación del Ministerio Público anunciaron que muy próximamente lanzarán un operativo que busca frenar las muertes en rutas y será denominado “Un verano menos violento”. Se prevé que los trabajos comiencen en diciembre y se extenderá hasta febrero del año que viene.

Según el abogado Mariano Bareiro Soria, director de Planificación, durante este operativo se aplicarán controles más rigurosos para evitar que conductores alcoholizados circulen por las calles del país. Para realizar estos trabajos incluirán al Ministerio Público, la Policía Nacional, la Patrulla Caminera y el Ministerio de Salud.

“Estamos con este programa que llevamos con la Policía. Justamente ayer tuvimos una reunión para establecer los criterios y el cronograma de trabajo, teniendo en cuenta de que en el verano hay mayor actividad en la calle, irritabilidad, agresividad”, explicó Bareiro en entrevista con la 650 AM.

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Detalló que el Ministerio Público está articulando acciones con diferentes instituciones, y en este caso con la Policía Nacional. “Se realizará un trabajo preventivo en zona de Costanera Norte, como la Sur de Asunción, y en la zona de San Bernardino, en los tres accesos que tenemos”, aclaró.

Señaló que también trabajará el escuadrón de canes de la policía para detección de drogas. “Ese control va a empezar en el mes de diciembre y va a terminar en el mes de enero o febrero. Estamos hablando con el Ministerio de Salud, con la CSJ, con la Procuraduría, de tal manera a que estemos articulados para dar respuesta a la gente”, puntualizó.

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